La Federación de Trabajadores del Sector de Hostelería y Turismo de Unión General de Trabajadores en Canarias(FeSMC-UGT Canarias) ha convocado una manifestación-concentración en apoyo a los 371 empleados del Hotel Oliva Beach de Fuerteventura, que se enfretan a un inminente expediente de regulación de empleo y posterior cierre del establecimiento.
La manifestación está prevista para el próximo miércoles, 30 de octubre, entre las 11.00 horas y 14.00 horas en la Delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, situada en la Plaza de la Feria, número 24.
Esta será la cuarta movilización de trabajadores del sector hostelero y turístico del Archipiélago que tiene lugar en cuatro meses con el objetivo de presionar al Ministerio de Transición Ecológica en la tramitación del proyecto de remodelación del hotel presentado por RIU, que se encuentra paralizado. Medida que frenaría el expediente de regulación de empleo prevista por la cadena.
En diciembre de 2017, la cadena RIU registró ante la Dirección General de Costas del Gobierno central su proyecto de remodelación del hotel Oliva Beach, un emblemático establecimiento situado dentro del paraje natural de las dunas en Corralejo. Más de año y medio después -19 meses- no hay respuesta. La empresa advirtió de los graves problemas económicos que le acarreaba esta situación de prolongado silencio por parte de la Administración central.
Los datos que maneja Geafond Número Uno Lanzarote SA, empresa del grupo RIU que gestiona el Oliva Beach, son demoledores. La caída de los ingresos en el último trimestre del pasado año fueron del 29% con respecto al mismo periodo de 2017. Al paso por la primera mitad de este año, las circunstancias no han mejorado; disminución del 49% entre enero y marzo, y del 24% en los tres meses siguientes.
Tenían previsto cerrarlo para iniciar las obras el 4 de noviembre de 2018. De hecho, el hotel no podía encontrarse en los catálogos de la última temporada invernal. Nadie esperaba que once meses resultaran insuficientes para que un proyecto que no incluye incremento del volumen edificado, ni traspasa las lindes del área sobre la que RIU tiene concesión aún durante 75 años, resultaran insuficientes.
El negativo escenario económico se ha enquistado ante la parálisis administrativa. Los rectores de la compañía no pueden tomar decisiones por la tramitación "absolutamente opaca" del expediente, según explicaron fuentes internas. Un par de reuniones con el secretario de Estado de Medio Ambiente se han saldado solo con palabras cordiales. Ahora bien, ni siquiera han servido dichos encuentros para saber quién o quiénes tramitan en primera persona los papeles.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, en el que residen las competencias en materia de Costas, tan solo se ha comunicado a la empresa que están pendientes de la elaboración de informes jurídicos, pero sin comprometer una fecha para liquidar el trámite. Es decir, RIU no está ante una denegación subsanable, sino ante un silencio que les mantiene paralizados.
Nadie en el sector ni en la isla de Fuerteventura duda de la necesidad de una rehabilitación que traiga al presente unas instalaciones que han quedado obsoletas. El hoy presidente del Cabildo, el socialista Blas Acosta, calificó en abril como "intolerable" la ausencia de una "respuesta positiva".
El mismo viernes, tras conocer la intención de la compañía de cerrar completa o parcialmente las instalaciones hasta poder acometer la rehabilitación, volvió a interesarse por el asunto. Contrasta el conocimiento que atesora sobre la importancia que tiene un varapalo de esta índole para la principal actividad económica del Archipiélago, que acarrea una intensa pérdida de puestos de trabajo, con la lentitud con que se maneja el proceso en Madrid.
En el momento en que Acosta se expresó en esos términos hacía solo dos días que la vicepresidenta en funciones del Gobierno de España, Carmen Calvo, también del PSOE como él, se comprometió a dar una respuesta en 30 días. Lo hizo en una reunión con la patronal turística de Las Palmas, directivos de RIU y representantes de la plantilla, y en vísperas de la campaña electoral para las generales del 28A. Hasta la fecha no ha habido ningún resultado.
Con las obras, el Oliva Beach ganaría una estrella y se colocaría, con cuatro, en una posición competitiva en el mercado. Ahora está fuera debido a esa inacción por parte de Costas. Además, RIU comunicó a los turoperadores su intención de cerrar el pasado noviembre, y no cumplir con los plazos previstos se ha convertido en un lastre que ha arrastrado hasta el momento a base de pérdidas.
