Unos 350 empresarios catalanes pidieron el miércoles a la Generalitat y el Gobierno central que, "sin excusas", restablezcan el diálogo. Un diálogo indispensable para "recuperar la normalidad, el prestigio, la legalidad y la seguridad jurídica" que necesita el tejido productivo de la región mediterránea. Aunque esforzándose en equiparar la responsabilidad del Ejecutivo estatal a la del regional pese al permanente desafío a la Constitución de este último, el acto de la patronal evidencia que las protestas por la sentencia del procés han despertado el temor a que el deterioro de la economía catalana desemboque en un auténtico cataclismo. Tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el peso de la industria se ha reducido en Cataluña más que en el conjunto del país, la inversión extranjera ha caído en esa Comunidad Autónoma un 17% en solo dos años y lo que es si cabe más preocupante: alrededor de 5.500 empresas han trasladado sus sedes a otras regiones. Y aunque los más de 2.000 kilómetros que separan Cataluña de Canarias complican el traslado -amén de los condicionantes meramente económicos, como el mucho menor tamaño del mercado isleño-, hasta 72 empresas han abandonado la región mediterránea para instalarse en el Archipiélago desde el 1-O. 72 entidades que han traído así a Canarias un considerable volumen de negocio. En total facturan anualmente 231,3 millones de euros, una cifra de ventas especialmente relevante para un tejido productivo que, como el de las Islas, lo integran básicamente pymes.
Tras el seudorreferéndum del 1-O, fueron Banco Sabadell y CaixaBank las dos grandes firmas que de algún modo inauguraron el intenso proceso de deslocalización de empresas que aún hoy sufre Cataluña. La inestabilidad política e institucional que siguió a aquel 1 de octubre y la modificación normativa exprés que aprobó el Gobierno central -que hizo posible que las empresas puedan trasladar su sede social sin necesidad de recabar la autorización de la junta de accionistas- desencadenaron una fuga de negocios sin precedentes. Naturhouse, Gas Natural -ahora Naturgy-, Agbar, Uber, Adeslas, Colonial, MRW, San Miguel, Abertis, Planeta, AXA, Codorníu, Bimbo o Pastas Gallo, por citar solo algunos ejemplos, se sumaron al Banco Sabadell y CaixaBank en una suerte de éxodo empresarial del que se han beneficiado las restantes comunidades autónomas en mayor o menor medida.
En mayor medida la Comunidad de Madrid, que de hecho va camino de dar este mismo año el sorpasso a Cataluña como la primera economía del país. Y en menor medida las demás regiones, entre las que Canarias, no obstante, figura como uno de los principales destinos de las entidades que abandonan la autonomía nororiental.
Ya a mediados de octubre de 2017, según los datos recopilados por Informa D&B -firma filial de Cesce, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, que se dedica a la información comercial, financiera, sectorial y de marketing-, dos empresas dejaron Cataluña para instalarse en Canarias. Los dos primeros transvases de entidades de una a otra región se materializaron así apenas unos días después de que el secesionismo desafiara abiertamente al Estado con un remedo del referéndum cuya celebración había sido suspendida un mes antes por el Tribunal Constitucional. En noviembre otras dos empresas se instalaron en las Islas procedentes de Cataluña, y tres más lo harían en diciembre. Inicialmente solo fueron siete, por tanto, los negocios que cambiaron el Mediterráneo por el Atlántico, pero ya entonces, en esos primeros tres meses desde el 1-O, la friolera de 1.298 empresas huyeron de la comunidad peninsular hacia otros territorios del país para evitar que su actividad se viera perjudicada por la deriva del independentismo. La escalada continuó en 2018.
Canarias sirvió el año pasado de refugio para otras 48 entidades catalanas que en conjunto facturan 146,4 millones de euros anuales. Solo en 2018 salieron de Cataluña rumbo otras autonomías 2.812 empresas. Más de 2.800 firmas que se llevaron con ellas una cifra de negocios global de 15.349 millones.
Este año, en concreto hasta el 30 de septiembre -hasta donde abarcan los datos de Informa D&B-, la tendencia se ha suavizado conforme parecía aliviarse la tensión política e institucional. Con todo, otras 664 empresas han abandonado Cataluña, 17 de ellas para instalarse en el Archipiélago. En total, la región mediterránea ha perdido otros 900 millones de euros de volumen de negocio, 6,4 millones correspondientes a esas 17 entidades que han decidido operar desde las Islas.
Así pues, entre el 1-O y el último 30 de septiembre llegaron a Canarias huyendo del secesionismo, y de lo que ello supone para la estabilidad, 72 empresas que de media facturan 3,2 millones de euros anuales. Un refuerzo del tejido productivo ahora cuando el ritmo de creación de nuevos negocios es el más bajo en siete años. Entre enero y agosto se fundaron en las Islas 2.385 sociedades mercantiles, el menor número desde las 2.173 de 2012.
