La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación reivindicó ayer la necesidad de aprobar una estrategia nacional de prevención y lucha contra la corrupción. Esta es una de las conclusiones extraídas de su primer informe de supervisión, tras solicitar información a las agencias y oficinas dedicadas a la lucha contra la corrupción, tanto a nivel autonómico como local, en relación con las denuncias recibidas en materia de contratación.
Esta figura requiere una coordinación a nivel nacional que garantice coherencia en las actuaciones en materia de contratación. También destaca la necesidad de crear una base de datos única de contratación pública que reduzca cargas burocráticas a los órganos de contratación y a los licitadores y minimice el riesgo de información múltiple a los órganos de control.
Recomienda, a su vez, fijar medidas de control del pago a empresas subcontratadas en los contratos que correspondan por ley y dotar de más capacidades a la Plataforma de Contratación del Sector Público para constituirla como única base de datos y simplificar el control de las obligaciones de publicidad, transparencia y rendición del contrato a órganos supervisores.
Durante el pasado año, se realizaron en el sector público un total de 119.553 contratos, sin contar la contratación menor. Del total, el 47,32% corresponde a entidades locales y con predominio del procedimiento abierto o simplificado, con un 76,31% de la contratación del sector público.
