La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias estudia una ambiciosa alternativa al plástico en las invernaderos. Tan ambiciosa es que los responsables del departamento no están seguros de que pueda ponerse en marcha en el corto plazo: sustituir los plásticos de los invernaderos por paneles fotovoltaicos y convertirlos en 'centros solares' que no solo mantengan la temperatura de los cultivos en los niveles necesarios, sino que también puedan verter los excedentes energéticos a la red.
La intención del departamento del Ejecutivo regional es incluir esta iniciativa en la futura ley canaria de cambio climático, cuyo "esquema" estará finalizado en enero. "Vamos a intentar que esté, pero no lo tenemos fácil", reconoce el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez.
Pese a las dificultades, no se trata de ninguna utopía. De hecho, ya hay experiencias exitosas, como las que desarrolla la multinacional energética Enel Green Power. "La idea", detalla Pérez, "sería llegar a acuerdos con propietarios del suelo y promotores agrícolas, siempre vinculados a la producción agraria". Esa es la clave del proyecto, advierte el viceconsejero: no convertir los invernaderos en plantas fotovoltaicas, sino que las instalaciones de renovables estén al servicio del agricultor, como uno de los usos complementarios que prevé la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Los invernaderos son el principal origen de los microplásticos que llegan a los océanos en el Archipiélago, una situación que incluso ha sido objeto de varias denuncias interpuestas por la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos. "En Canarias tenemos un problema grave", coincide Miguel Ángel Pérez. La respuesta puede pasar por la eliminación de ese plástico y su sustitución por "otros sistemas que también generen rentas complementarias a los propietarios". "Tendríamos centros de producción solar sin ocupar más espacio del que ocupan actualmente los invernaderos, que además están muy limitados a zonas económicamente muy vinculadas a sectores primarios intensivos", apunta el viceconsejero.
Acuerdo con el sector primario
El Ejecutivo pretende desarrollar la iniciativa mediante el acuerdo con el sector y las organizaciones ambientalistas. También será necesario emprender una revisión normativa que se centrará en la Ley del Suelo, que la actual administración ha considerado necesario retocar en algunos aspectos, a los que ahora se suma este.
La norma, aprobada en la pasada legislatura con la intención de agilizar el planeamiento y la ejecución de proyectos, solo permite la presencia de instalaciones de renovables en las explotaciones agrarias si la energía producida se utiliza en la propia parcela. En este caso se trata de que la generación energética se vierta a la red, de manera que los agricultores puedan obtener ingresos por su venta.
Las novedades legislativas en el ámbito nacional, con el impulso al autoconsumo y la derogación del conocido como impuesto al sol, favorecen las aspiraciones del Gobierno regional y de los agricultores interesados en unirse a esta actividad. También lo hace el espectacular abaratamiento que han experimentado los precios de la fotovoltaica en los últimos años y que ha propiciado un despegue de esta modalidad de generación energética. "Es una oportunidad para Canarias, donde tenemos tantas horas de sol al año, pero siempre y cuando se trate de una actividad complementaria", apunta el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático.
La insistencia en la complementariedad tiene sentido, además de para garantizar la adecuación del proyecto a la normativa autonómica, para evitar la especulación. "Hay que eliminar las plantas si el terreno no está en producción", advierte Pérez. La utilización del suelo agrario para fines distintos a los del sector primario que ofrezcan una mayor rentabilidad es una posibilidad "muy jugosa", que la Administración regional quiere impedir. El suelo agrario de las Islas ya es el más caro del país -multiplica por ocho la media nacional-, no solo por su escasez y fragmentación, sino también porque compite con otros usos atractivos para el inversor, caso del turístico y el residencial, a los que, dado el boom que vive la fotovoltaica, podrían unirse las energías renovables. Los terrenos aptos para la instalación de infraestructuras de renovables son otros distintos de los consagrados a la agricultura, y requieren de una doble autorización, la de los cabildos y los ayuntamientos, resalta Pérez.
El objetivo de la Consejería es, precisamente, dar un nuevo incentivo al sector primario e incrementar la superficie cultivada en las Islas, que actualmente presenta proporciones muy bajas.
Solo el 30% del suelo apto para la agricultura se encuentra en uso -menos del 6% de toda la extensión de la Comunidad Autónoma-, según el documento base de las futuras Directrices de Ordenación del Suelo Agrario. "En Canarias necesitamos terrenos cultivados, por una cuestión de estructura del suelo y de soberanía alimentaria", expone el viceconsejero.
El Ejecutivo prepara una estrategia dirigida a ampliar las cotas de autoabastecimiento, y "dar alternativas" a los agricultores para que no se abandone el campo -en este caso, mediante rentas adicionales procedentes de la venta de electricidad producida con fuentes sostenibles- es una de las vías que pueden contribuir a ello.
Se trata, abunda Miguel Ángel Pérez, de mejorar la competitividad del sector agrario de las Islas, que se bate en el mercado con producciones de otros territorios que juegan con la ventaja que les proporcionan sus menores costes. Esta situación -de la que el tomate marroquí es quizá el ejemplo más claro y cercano- obliga a aplicar estímulos, pero también a extremar las precauciones para evitar que las parcelas que ahora acogen cultivos -o son susceptibles de hacerlo- dejen atrás este uso para convertirse solo en plantas solares. "No podemos permitirnos ese lujo", avisa Pérez.
Para que el proyecto se convierta en realidad, el Gobierno canario ve necesario el acuerdo con otras administraciones -caso de los cabildos-, el propio sector agrario y agentes sociales como las organizaciones ecologistas. Con estas últimas cabe la posibilidad de encontrar "algún problema" si la medida "no se explica bien", admite Pérez, quien se muestra convencido de que estas y otras actuaciones que se incorporarán a la ley autonómica contra el calentamiento global constituyen "un cambio de paradigma".
La incorporación de la energía solar a los invernaderos es solo una de las medidas que contempla el Ejecutivo para acelerar el tránsito hacia un modelo energético sostenible, junto a otras como la repotenciación de los parques eólicos y la posibilidad de hibridación de instalaciones fotovoltaicas y eólicas. Todas ellas son opciones con las que el Ejecutivo regional, amen de dar soluciones al sector agrícola y medioambientales, quiere colocar a las Islas en la vanguardia del Estado en producción energética.
