Transportistas y taxistas son conscientes de la necesidad de eliminar la huella de carbono que dejan sus vehículos, pero exigen más ayudas económicas al Gobierno de Canarias para hacer frente a la costosa inversión que conlleva renovar la flota contaminante. "Existe cierta preocupación en el sector, por lo que la intención del Ejecutivo es ayudar económicamente, en algunos casos, y facilitar los procedimientos, en otros, siempre con la finalidad de hacer realidad una transición que obligatoriamente tenemos que llevar a cabo", aseguró ayer el consejero del área, Sebastián Franquis, antes de la primera reunión de la Mesa del Transporte que se celebra en esta legislatura.

En el Pacto por la Movilidad Sostenible ya se recogen varias medidas que cuentan con presupuesto este año, como dos millones de euros para que los transportistas cambien los motores de sus camiones por otros más ecológicos y que cumplan la normativa Euro 6 de la UE. Además, el Gobierno devuelve el impuesto sobre el combustible a los transportistas y exime del pago del IGIC a los compradores de vehículos eléctricos e híbridos.

Sin embargo, el presidente de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET), Agustín Espino, se queja de que mientras que el parque de vehículos de particulares se encuentra bastante modernizado y adaptado a las nuevas normativas menos contaminantes, en el caso de los vehículos de mercancías, las ayudas que han llegado no han sido suficientes. "Nuestro sector está bastante atrasado porque nunca ha recibido el apoyo necesario para poder renovar la flota", se queja Espino, que resalta que el coste de cambiar un camión alcanza los 130.000 euros.

En el caso de los taxis, el balance es más positivo y muchos de los 5.948 vehículos de las Islas se adaptan ya a la legislación europea. De todas formas, el presidente de la Federación Regional de Taxis de Canarias (Fedetax), Juan Artiles, recuerda que "la inversión que supone comprar un turismo nuevo es considerable ya que puede situarse entre los 18.000 y los 20.000 euros, por lo que algunos taxistas no pueden permitírselo". Artiles solicita que si en un futuro se aprueba un Plan Renove para el sector, éste repercuta directamente en los taxistas para evitar una posible subida de precios por parte de los intermediarios o fabricantes de coches.

El consejero anunció también en la reunión que modificará la Ley del Transporte, ya desfasada porque se remonta al año 2007. Respecto al borrador que se elaboró durante la anterior legislatura, cuando también el PSOE llevaba las riendas de la Consejería de Transportes en 2016, Franquis reconoció que se dejará sobre la mesa. "Vamos a empezar de cero, no vamos a ir con ninguna opinión cerr ada", aseguró.