Los constructores de Las Palmas disponen de suelo para construir más de 1.500 Viviendas de Protección Oficial (VPO), pero para comenzar a edificarlas reclaman que las instituciones tomen medidas que abaraten los costes. Las patronales de ambas provincias plantean una rebaja de la presión fiscal para impulsar las casas de titularidad pública en terreno privado, con un IGIC de tipo cero, así como que los ayuntamientos bonifiquen el impuesto sobre construcciones y obras para las VPO.

La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP) y la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) han hecho llegar un escrito a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Gobierno autonómico, que dirige Sebastián Franquis, para trasladarle estas propuestas. La intención es incluirlas en el Plan de Vivienda que el socialista pretende que el Parlamento apruebe el próximo mes y que prevé construir al menos 2.200 viviendas de protección oficial a lo largo de la legislatura. Una cantidad que se incrementará si los consistorios facilitan suelo y si los constructores se suman al proyecto, algo que ya han dejado claro que harán.

"La cooperación público-privada es la herramienta que resolverá los problemas habitacionales de la población", explica Salud Gil, presidenta de AECP. Pero como el sector tiene que rentabilizar esta colaboración, las asociaciones solicitan aliviar la carga que supone que el 25% del proceso de construcción se vaya en impuestos. El precio del suelo es el otro aspecto que demandan abordar. Actualmente, el terreno supone como media el 32% del coste del total del inmueble, un porcentaje que en el caso de la vivienda protegida tendría que bajar hasta el 22%, en opinión de las patronales, por lo que éstas ponen sobre la mesa que se concedan ayudas públicas para la adquisición de los solares y su urbanización.

Unas subvenciones que las administraciones podrían ahorrarse si pusieran el suelo que poseen en el mercado. Sin embargo, Gil se queja de que "existe un ingente almacén de terreno retenido por las instituciones en el que se podrían construir miles de viviendas protegidas, pero que se encuentran paralizados por la burocracia en plena urgencia habitacional". Los promotores proponen desbloquear estos espacios y construir por delegación en suelo público para poner en pie viviendas en arrendamiento con precios asequibles, que se encargará de establecer la administración. Las patronales proponen alcanzar un acuerdo con la empresa pública Visocan para que ésta gestione los inmuebles con una finalidad social, siempre y cuando se retorne la inversión al constructor.

De todas formas, el total del terreno público que existe en el Archipiélago supone una incógnita que todavía hay que despejar. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, su planeamiento recoge suelo para construir 9.000 VPO, mientras que en el conjunto de la provincia oriental se podrían edificar ahora mismo 2.000 viviendas en suelo público, según Salud Gil. En cuanto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el municipio de Adeje intenta actualmente desbloquear 15.000 metros cuadrados donde se ubicarán 800 viviendas.

"Para atender la demanda de solicitantes que existe en Canarias se deberían levantar al año unas 8.000 viviendas, cuando ahora se están edificando sólo unas 1.500", recuerda el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo. Para acabar con este déficit, el empresario propone adaptar los planeamientos generales a la nueva Ley del Suelo para que califiquen suelo destinado a VPO, así como que los ayuntamientos desarrollen los planes parciales de los suelos urbanizables.