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Europa premia un proyecto del norte de Gran Canaria sobre viviendas asequibles

La asociación de afectados por la hipoteca Ahinor propone sacar al mercado casas vacías a cambio de ventajas fiscales con la finalidad de facilitar alquileres económicos

Viviendas de la calle Bandurria en el barrio de San Nicolás.

Viviendas de la calle Bandurria en el barrio de San Nicolás. JUAN CASTRO

El problema de la falta de vivienda económicas es acuciante en las Islas y, cuando surge la necesidad, se despiertan también el ingenio y la solidaridad. Es lo que pasó en 2009, cuando se fundó la Asociación de Afectados por la Hipoteca del Norte de Gran Canaria (Ahinor), que lleva más de una década evitando desahucios y buscando soluciones habitacionales para las familias más vulnerables. El trabajo de estos voluntarios -entre los que se encuentran abogados, trabajadores sociales, asesores inmobiliarios y psicólogos- ha traspasado fronteras y ha aterrizado en Bruselas. El Parlamento europeo, ha elegido 50 ideas para facilitar las casas asequibles que pretende extender por el continente con el fin de lograr que todo el mundo pueda tener un techo bajo el que vivir. Sólo cinco de este medio centenar son españolas. Y una de ellas, del norte de Gran Canaria.

Pero, ¿cómo una plataforma insular se convierte en ejemplo para 27 países? Fue el director de la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, quien la trasladó a Bruselas tras acudir a un congreso organizado por la asociación, según relata el presidente de Ahinor, Francisco Santana. Junto con tres propuestas del País Vasco y una de Cataluña, la de estos voluntarios del norte de la Isla que se reúnen en el antiguo ambulatorio de San José del Álamo -cedido por el Ayuntamiento de Teror- se centra en sacar al mercado el ingente parque de vivienda vacía que existe en el Archipiélago y que está cifrado en al menos 130.000 casas. "Lo único que están consiguiendo al no arrendar estos inmuebles es ahorcar al mercado del alquiler e incrementar los precios hasta un punto en el que muchas familias no se pueden permitir vivir en la ciudad. Terminan sacando a la gente de las capitales para llevarlas a las zonas rurales, que no están preparadas ni tienen los servicios necesarios", se queja Santana.

Para paliar este grave problema, pues actualmente se producen más desahucios por los impagos del alquiler que por las ejecuciones hipotecarias, la asociación pretende que los inmuebles vacíos sean arrendados a cambio de ofrecer ventajas fiscales a los propietarios que opten por ceder su gestión a la Administración. En el caso de que esta medida no sea lo suficientemente motivadora, proponen actuaciones más contundentes como la de establecer un canon de, por ejemplo, diez euros por metro cuadrado a quienes dejen sus casas cerradas a cal y canto. En casos extremos, plantean incluso que el alquiler sea forzoso cuando se trate de zonas tensionadas demográficamente. La finalidad de que estas promociones formen parte del mercado del alquiler es que no se creen guetos y que se fomente la cohesión social. Además, como complemento a estas iniciativas, se ofrecerían ayudas de hasta el 60% de la renta de arrendamiento a los menores de 36 años.

Para seguir fomentando el alquiler asequible, la asociación propone también la fórmula de la vivienda vitalicia. Se trata de un inmueble comprado por el gobierno o por un privado -que podría ser incluso un fondo de inversión- en el que el inquilino puede habitar hasta que se muera, renunciando a la posibilidad de que sus familiares lo puedan heredar. Los arrendatarios -personas en exclusión social o con rentas insuficientes- pagarán una cuota regida por su nivel de ingresos, que se revisará todos los años.

Vivienda común o 'cohousing'

Para garantizar el mantenimiento del inmueble, deberán dar una entrada que podrá oscilar entre el 10% y el 20% del valor de la vivienda, un gasto que en función del tiempo de uso podría incluso recuperarse parcial o totalmente. En el caso de personas sin recursos económicos, la Administración podría financiarlo sumando una cantidad extra al alquiler mensual. El contrato sólo podrá romperlo el inquilino siempre que se respete la propiedad, pues en el caso de que la vivienda no se entregue en perfectas condiciones, se podría perder la cantidad entregada en concepto de entrada. "A esta propuesta podrían sumarse las empresas de las Islas que tienen que invertir en la Reserva de Inversiones Canarias (RIC) y que en muchas ocasiones no saben cómo beneficiarse de esta fórmula", explica Santana.

Otra de las medidas propuestas por esta asociación es la vivienda común o cohousing, un método muy extendido fuera de Canarias, pero que en el Archipiélago todavía no ha encontrado su lugar, a pesar de que existe un cooperativa que busca implantarla en Gran Canaria, pero que no logra suelo ni ayudas para llevarlo a cabo. Se trata de construir una comunidad en la que se entremezclan los usos, pues está formada por pisos privados que cuentan con una dotación importante de servicios comunes. Este fenómeno es muy habitual entre personas mayores que no quieren vivir solas ni tampoco en una residencia y que optan por este tipo de convivencia o por otra todavía más novedosa, la de convertirse en compañeros de piso de gente joven.

Además de buscar ese arrendamiento asequible, Ahinor va más allá. Reclama una mayor profesionalidad y empatía a los trabajadores que asesoran a los afectados por la falta de vivienda o a quienes pueden perder la suya. También exige que no se establezca un único filtro para decidir quién tiene que recibir o no las ayudas. Es el caso del Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (Iprem), que no siempre sirve para delimitar si un afectado puede permitirse pagar un alquiler o una hipoteca, por lo que proponen que se realice un análisis en profundidad de la situación financiera real de cada caso para que así se pueda dictaminar de manera más justa la concesión de las ayudas a la vivienda. Además, solicitan que el Iprem se ponga al día porque si no se queda obsoleto y que se actualice según el Índice de Precios de Consumo (IPC) o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Ahinor ha trasladado todas estas propuestas al Gobierno autonómico para que las incluya en el Pacto por la Vivienda Digna en Canarias, que se plantea como los cimientos del futuro plan que el consejero del área, Sebastián Franquis, espera aprobar este mes en el Parlamento. Un documento que desde la asociación valoran de manera positiva, aunque saben que será insuficiente ya que la perspectiva de construir 2.200 casas a lo largo de la legislatura no cubre las necesidades. "Se habla de que existen unos 13.000 solicitantes de vivienda, pero hay que tener en cuenta que en Canarias no se construye nada desde hace ocho años, por lo que mucha gente no habrá renovado la solicitud y otros muchos no lo habrán ni intentado, por lo que seguramente estaremos hablando del doble de demandantes", explica Santana.

Además de proponer estas medidas al Ejecutivo regional, Ahinor ha dado también el salto legislativo. En 2018, presentó una iniciativa en la Cámara regional a través del grupo Podemos, concretamente una normativa de titulizaciones y consumidores pendiente de debate que exige que se ponga rostro a los acreedores del consumidor. "Muchas veces, los ciudadanos no saben ni a quién deben el dinero, si es al banco o a un fondo buitre". Ahinor pretende despejar esta incógnita porque en ocasiones al otro lado de la demanda se encuentran entidades que tienen su sede fuera de España y que, en caso de perder, no se harán cargo de las costas. A esta iniciativa legislativa se sumará otra a lo largo de este año para garantizar el derecho de retracto y tanteo, con el objetivo de evitar que los bancos vendan los inmuebles a los fondos buitres en lugar de ofrecérselos a los inquilinos o a los gobiernos para que éstos los pongan a disposición de los ciudadanos con menos recursos.

"Nosotros somos necesarios porque luchamos en los juzgados, llevamos casos en Fuerteventura e incluso en Barcelo-na", resalta Santana. Todos los jueves, en la sede de Ahinor se realiza un asesoramiento co-lectivo que funciona mejor que el individual "porque cuando uno tiene un problema y ve a mucha gente que también lo tiene, uno respira más tranquilo, es algo psicológico". Una labor que diez años después recibe el reconocimiento de una institución tan relevante como el Parlamento europeo y que podría hacerse realidad en otros países comunitarios.

Una década sin desahucios

  • “Llevamos desde el año 2009 evitando todos los desahucios que han llegado a la asociación y estamos hablando de más de mil casos”, explica orgulloso Francisco Santana. Esta plataforma formada por una treintena de voluntarios ofrece un acompañamiento global a quienes se ven con problemas para continuar pagando su casa. No sólo ofrecen ayuda psicológica y legal a las familias afectadas por esa lucha indeseada que se produce demasiadas veces con las entidades financieras sino que, además, todas las semanas reparten alimentos que donan desinteresadamente varias empresas. “Hoy mismo hemos hecho una colecta improvisada para una anciana que necesitaba dinero de manera urgente”. Una respuesta rápida que muchas veces las instituciones son incapaces de dar. A. R. P.

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