Una imagen desde el aire de la playa de Las Canteras o del centro histórico de La Laguna, es algo con lo que cualquier piloto de dron sueña. Pero los sueños no siempre se cumplen. Y es que las restricciones en el cielo de las Islas impiden que estas aeronaves remotas surquen el aire del 50% de las superficie de Canarias. La prohibición al acceso de los alrededores de aeropuertos, zonas militares y núcleos urbanos provoca que "en el Archipiélago sea prácticamente imposible volar un dron", según apunta Martín Ardanaz, administrador de la empresa canaria Das Drone y miembro de la Asociación Canaria de Operadores y Pilotos de Drones (Ascadrón).
La principal razón de tanta restricción es la existencia de una elevada cantidad de zonas de control o CTR. Esta delimitación forma una burbuja alrededor de cada aeropuerto para proteger el tráfico de entrada y de salida. Volar dentro de estos límites implica la presentación de una autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), que "no siempre es fácil de conseguir", explica Ardanaz.
El Real Decreto 1036/2017 de 15 de diciembre ,que regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, establece que la distancia mínima a la que puede volar un aparato autorizado es "de ocho kilómetros respecto del punto de referencia de cualquier aeropuerto o aeródromo". Esto, unido a que Canarias cuenta con zonas restringidas por las instalaciones militares o la presencia de fauna sensible y zonas peligrosas donde se practican pruebas de tiro o paracaidismo, reduce el espacio en el que profesionales y aficionados pueden disfrutar de sus aeronaves teledirigidas.
Gran Canaria es la isla más afectada por las restricciones. Las líneas que las autoridades establecieron en los años 20 con "un compás, escuadra y cartabón, continúan vigentes", según explica el presidente de Ascadrón, Domingo Fernández. "La importancia y antigüedad del aeropuerto de Gando implican que haya un radio de 28 kilómetros en el que no se puede volar", asegura. Con todo esto, la parte oeste de la isla es la única que queda fuera de la burbuja. Fuerteventura, por su parte, es el territorio canario menos restringido.
Fuera de esas zonas CTR, tanto para los profesionales como para los aficionados, las normas también son estrictas: no volar a más de 120 metros del suelo o no hacerlo sobre personas y sonsa ahbitadas son solo algunas de ellas. Las posibilidades para los expertos son mayores, pero siempre se les exige autorización, como ocurre cuando pilotan por la noche o cuando lo hacen sobre aglomeraciones de ciudadanos o edificios. Si el aparato no supera los 250 gramos este podrá volar zonas pobladas siempre que no alcance más de 20 metros de altura.
"La seguridad es lo primero en la aviación", reconoce el presidente de Ascadrón. Por lo que ve "lógico" que las autoridades actuaran ayer "siguiendo los protocolos" y cerraran el espacio aéreo en el Aeropuerto de Madrid-Barajas durante más de una hora ante el avistamiento de varios drones. "Solo el 0,1% de los accidentes con estos aparatos los provocan los profesionales", defiende Fernández, quien asegura que el episodio de ayer solo puede traer "mayores restricciones para el sector". El parón en Barajas produjo retrasos de más de una hora en los vuelos que salían y se dirigían a Canarias aunque ninguno de ellos tuvo que ser cancelado o redirigido a otro aeropuerto.
"Tenemos drones de última generación en los que hemos invertido mucho dinero y que solo hemos volado cuatro veces", declara Ardanaz, quien reconoce que ha tenido que rechazar ofertas laborales por las duras restricciones de las Islas. El administrador de Das Drone no solo critica la falta de libertad en el sector, sino que además subraya que "Canarias se está quedando muy atrás en materia tecnológica por no dejar trabajar a los drones". El buen clima y la geografía, apunta, convierten al Archipiélago en un territorio ideal para "fomentar un nuevo tipo de turismo basado en el uso de estas aeronaves". Según datos del Ministerio de Fomento el número de estos aparatos en España se multiplicará por más de diez en unos pocos años, alcanzado los 51.400 en 2035.
Desde Ascadrón denuncian, además , el trabajo "pirata" de algunos aficionados que se dedican a grabar imágenes en zonas prohibidas para comercializar con ellas. Encontrar a los culpables resulta casi "imposible" ya que no cuentan con placas identificativas como la de los "profesionales", explica Ardanaz, quien asegura que todas esas grabaciones ilegales "perjudican al sector". Es por esto que los expertos y operadores mantienen contacto con instituciones de las Islas como la Sociedad de Promoción Económica del Cabildo de Gran Canaria, para llevar a cabo proyectos conjuntos y darles impulso.
La sanciones a personas física y jurídicas que no realicen actividad comercial y no tengan conocimientos van desde los 60 a los 225.000 euros. Mientras que las multas para quienes sí realicen actividad comercial o tengan conocimientos aeronáuticos oscilan desde los 4.500 euros a los 4,5 millones de euros.
