El vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, miembro de la familia que controla la mayoría del capital, mantiene prohibida la entrada a EEUU en aplicación de la ley del embargo estadounidense, conocida popularmente como Helms-Burton.

Meliá Hotels International ha confirmado que su vicepresidente ejecutivo y consejero delegado, Gabriel Escarrer, recibió el pasado 11 de octubre una notificación del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que, en aplicación del Título IV del Liberty Act -Ley Helms Burton-, y si no aceptaban una serie de condiciones en su actividad sobre la República de Cuba, se le prohibiría el acceso al país. Sin embargo, estas condiciones "impuestas por el Gobierno estadounidense no resultan asumibles por la compañía" y alega que su cumplimiento es contrario a la normativa europea -conocida como Estatuto de Bloqueo- que considera que "la Ley Helms Burton infringe los más elementales principios de Derecho internacional". Siguiendo esta normativa comunitaria, Meliá ha trasladado a las instituciones españoles y autoridades comunitarias la resolución de esta cuestión, "confiando que su dedicación, diligencia y estrecha colaboración acabarán dando una satisfactoria solución".

La compañía señala que la Administración estadounidense vinculaba esta notificación a la actividad que determinadas empresas filiales de Meliá mantienen con entidades públicas cubanas. En concreto, se refiere a la gestión de dos hoteles en la región de Holguín, que estarían ubicados, "a entender" de dicha Administración", en una parcela de una propiedad expropiada a la familia Sánchez Hill a finales de los años 50. Esta familia ya interpuso en España una demanda contra Meliá por estos hechos, aunque fue desestimada por los tribunales en primera instancia. Meliá es la única empresa española cuyo máximo ejecutivo ha recibido una notificación de que no será admitido en Estados Unidos en virtud del Título IV de la Ley Helms-Burton, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, dio a los estadounidenses el derecho a demandar en Estados Unidos a empresas de todo el mundo que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades castristas, pero todos los gobiernos norteamericanos habían dejado sin efecto esta cláusula.