El campo patalea con fuerza con la esperanza de que alguien, tanto en Madrid como Bruselas, actúe de inmediato. La falta de rentabilidad de la actividad agraria y ganadera ha llevado a las calles a agricultores y ganaderos para reclamar una salida urgente a su asfixiante situación. Pero en Canarias la caída de rentas solo es la punta del iceberg. Otros factores, como la insularidad, los nuevos acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE), el brexit, la incertidumbre que bordea la negociación del nuevo marco financiero europeo o la imposición de aranceles por parte de EEUU son solo algunos de los aspectos que también amenazan con estrangular al sector primario de las Islas.
La agricultura y ganadería canaria tiene múltiples frentes abiertos. Uno de ellos es el recién consumado brexit. El divorcio de Londres con Bruselas deja en el aire las ayudas que uno de los principales cultivos de las Islas, el tomate, recibe para compensar el transporte. La marcha de Reino Unido del bloque comunitario lo convierte en tercer país. Y aunque el status quo se mantiene hasta el final de año, el sector está a la espera de saber si la UE da luz verde a que puedan seguir cobrando esta subvención. Una información vital para los exportadores que envían a suelo británico la mitad de su producción, pues planifican con meses de antelación la próxima campaña en función de los recursos con los que saben, a ciencia cierta, que van a contar. Pero en ocasiones tampoco es suficiente para el sector conocer que puede hacer cuentas con tales partidas. La tardanza con la que la Administración resuelve las ayudas, un procedimiento que en algunos casos se dilata año y medio, ataca de forma directa a la liquidez de los productores canarios.
Los problemas que acarrea la desconexión británica no terminan ahí. Aunque la sombra de la imposición de aranceles ha planeado sobre esta actividad y el sector confía en que no se fijen sobre la entrada al tomate, los productores no pierden de vista el nuevo acuerdo comercial firmado entre Reino Unido y Marruecos. El convenio permite a Rabat garantizar el flujo comercial con Londres, algo que preocupa en el Archipiélago por los menores costes de producción del país vecino y, por ende, sus menores precios.
El nuevo marco financiero plurianual 2021-2027 que preparan las autoridades comunitarias también provoca dolores de cabeza al sector primario del Archipiélago. La pérdida de Reino Unido, un país que ha tenido un peso importante en el presupuesto comunitario -hasta ahora aportaba en torno aun 12%- produce una sensible merma en las arcas europeas. El recorte de fondos que supone su marcha, unido a la imposición de nuevas políticas - especialmente relacionadas con el cambio climático, la migración y las fronteras, la defensa y la carrera aeroespacial- dejan al borde del abismo a parte de los recursos que el Archipiélago recibe hasta ahora de Bruselas. La Comisión Europea (CE) propone reducir un 5% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y, en el caso de las regiones ultraperiféricas (RUP), un 3,9% del Posei. De mantenerse tal tijeretazo, la pérdida para el próximo septenio sería de 73 millones. O lo que es lo mismo, más de 10 millones cada año.
Sin salir aún de la Unión Europea, los agricultores y ganaderos tropiezan con otra amenaza más: Mercosur. Bruselas cerró en julio del pasado año un tratado comercial con el gigante sudamericano -integrado por Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay- que aún está pendiente de la ratificación de los países miembros de la Unión. Los ganaderos ya alertaron entonces de que con este acuerdo se abría las puertas a producciones de países con condiciones fitosanitarias mucho más flexibles que las existentes en el bloque comunitario y con menos control del bienestar animal. Para el sector, facilitar la entrada de carnes de estos países pone en peligro a la cabaña ganadera de las Islas.
Mercosur, que presiona para hacer efectivo el convenio comercial cuanto antes, también hace temblar a los productores canarios de plátano, fruta tropical y vino. Nada más conocerse el acuerdo, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) advirtió de que esta nueva alianza comercial incrementaba el riesgo de sobreabastecimiento de bananas de la UE, pues ya Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala gozan de condiciones ventajosas para colocar su producción en los países miembros. Eso sí, Asprocan recibió con alivio el pasado octubre el compromiso arrancado a la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea de que no se rebajará el arancel que en la actualidad grava la importación de bananas en Europa con 75 euros por tonelada.
Del otro lado del Atlántico también han llegado malas noticias para el sector vitivinícola del Archipiélago. La decisión del Gobierno estadounidense de gravar la entrada de determinados productos agroalimentarios procedentes de la UE con aranceles del 25% han hecho tambalear los cimientos de aquellas bodegas que se habían abierto paso en el mercado norteamericano y que al poco de entrar en vigor la medida decidieron bajar precios para no perder presencia en EE UU.
Todo este cúmulo de obstáculos se suma a los que ya de por sí acarrea la lejanía y fragmentación del territorio. La insularidad no solo es una barrera a la hora de importar los insumos necesarios para la ganadería local -dada la carestía del combustible-, sino también para encontrar, simplemente, un terreno. El precio del suelo agrario canario es ocho veces más caro que el del resto del país. En Canarias, una hectárea de terreno cuesta 87.779 euros frente a los 10.209 de la media nacional, según la última Encuesta de Precios de la Tierra publicada por el Ministerio de Agricultura con datos relativos a 2018. Su elevado coste, dada la escasez de terreno, actúa como obstáculo para la incorporación de jóvenes al sector.
Sobre todos estos tropiezos se asienta la caída de la renta. El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) arroja que los canarios pagan más del doble por las verduras y canes de lo que ganan los agricultores y ganaderos. La subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros también ha sido recibida como un jarro de agua fría. El sector primario reclama que se ataje de inmediato su asfixia para competir, en igualdad de condiciones, con el resto del territorio.
