Un operador de campo paga en torno a 20 céntimos de euro el kilo de patata al agricultor. Los tubérculos se cargan en un camión que, en base al recorrido, tiene un coste de entre 2 y 4 céntimos por kilo. Su destino es el almacén donde las patatas se someten a una selección para ver cuáles valen y cuáles no. Las que no pasan el corte, se descuentan del precio pagado al agricultor. Las que sobreviven se clasifican, se lavan, se envasan y se montan en un camión (entre 5 y 3 céntimos) hasta el mayorista, minorista o la gran distribución. Al final del recorrido, los costes directos se sitúan en torno a los 0,45 euros. En el supermercado o en la frutería se vende el kilo a 1,25.

Esa es la historia de Alberto Duque, un agricultor vallisoletano que sirve de ejemplo sobre cómo funciona la cadena agroalimentaria. Un sector en el que ningún caso es idéntico, cada agricultor y ganadero, cada materia prima y cada proceso es un mundo, pero en el que los productores comparten la misma queja: los precios bajos en origen hacen caer la rentabilidad de sus explotaciones.

Un viejo debate que motivó la irrupción el 28 de enero de una serie de movilizaciones regionales, la primera gran crisis con la que se enfrenta el nuevo gobierno del PSOE-Unidas Podemos; que durarán "al menos" tres semanas más (el 13 en Málaga y Córdoba, el 14 en Asturias, el 21 en Murcia y el 25 en Sevilla). ¿Por qué ahora? La renta agraria en el 2019 se situó en 26.000 millones de euros, un 8,6% menos que el año anterior, con mayor incidencia en sectores como la aceituna de mesa, el aceite de oliva, las frutas y las hortalizas.

"Si solo hay el coste del transporte y el margen del mayorista en el proceso, ¿por qué se produce esa enorme diferencia entre lo que me pagan a mí y lo que paga el consumidor?", se pregunta el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. "Hay muchos intermediarios cuyo único negocio es un teléfono móvil y si no pasas a través de ellos no eres capaz de vender", responde.

A los bajos precios de origen se suma el auge de productos de fuera, el alza de los costes y la presión a la baja de los precios en la distribución, además de los aranceles de Trump, la futura Política Agraria Común (PAC), que supone entorno al 30% de sus ingresos, o los devenires climatológicos, como sequías o DANAS.

Los súper, señalados

El Gobierno, movilizado para frenar la primera gran crisis con la que se ha tropezado, inició esta semana con las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA una serie de encuentros que extenderá a toda la cadena (productores, industria, distribución y consumidores). Y ha señalado directamente a las cadenas de distribución a través del ministro Planas, que mostró su contrariedad hacia la "espiral de rebajas" de los supermercados, pero también de Pedro Sánchez, que les pidió "autocrítica".

El Ejecutivo ha descartado que la solución pase por subir los precios al consumidor, sino por "ver cuál es el margen de la cadena" para producir un "reequilibrio" de la misma. Para ello, Agricultura ha convocado este martes al Observatorio de la Cadena Alimentaria, otrora Observatorio de Precios de los Alimentos, para volver a realizar estudios de precios. Los últimos datan de hace casi una década.

Desde la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) que incluye a Carrefour o Alcampo explican que su margen es de entre un 1% y un 2%. "Todos los eslabones ajustan mucho los márgenes porque si no tienes un precio competitivo te quedas fuera del mercado", defiende Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación de Empresas de Supermercados (Asedas) que integra a Mercadona o Condis.

Los súper advierten que solo el 7% de la producción de frutas y hortalizas va a las grandes cadenas, pero al Ejecutivo no le convence la excusa: "El hecho de que se destine a mercados exteriores no significa que ese 7% no sea significativo. Todo el mundo tiene que ponerse a la tarea", advirtió el ministro.

Deberes para los productores

Pero también los agricultores y ganaderos tienen "tarea". En España hay unos 800.000 productores y 4.000 cooperativas agrarias. El que es el cuarto país en producción agroalimentaria de la UE, no tiene a ninguna de sus cooperativas entre las 50 primeras de Europa.

"Al agricultor le pagan la patata al precio que quiere el comprador, no tiene posibilidad de negociar", explica Alberto Duque. Una mayor dimensión de las explotaciones haría que el 'poder' de los agricultores sobre el precio aumentase. "No se trata solo de concentrar la oferta sino oferta, elaboración y venta", advierte el presidente de Asaja, Pedro Barato.