Nunca hubo en Canarias tantos trabajadores extranjeros como en la actualidad. Y tampoco hubo nunca tantos extranjeros empleados en el limbo de la economía sumergida, es decir, sin contrato, de forma irregular o en negro. Quienes vienen a las Islas procedentes de otros países a buscar un mejor futuro son los principales damnificados por la mano de obra ilegal, un mal endémico que no solo no se ha atenuado con los años, sino que es cada vez más notorio a pesar de los esfuerzos de la Inspección de Trabajo. Para hacerse una idea de hasta qué punto el empleo irregular se ceba en los inmigrantes, basta con apuntar que solo el 37% de los que encontraron una ocupación en el Archipiélago en la última década cuenta con un trabajo en condiciones. Menos de cuatro de cada diez. La gran mayoría, el 63% restante, se desempeñan en la economía sumergida, con lo que el tiempo que permanezcan en esta situación ni existe ni existirá para el cómputo de su vida laboral. Tampoco, por tanto, para consolidar derechos que les permitan acceder a futuras prestaciones o ayudas.
Aunque el fenómeno del trabajo en negro es difícilmente cuantificable en toda su extensión, los datos que el Instituto Nacional de Estadística publica en la Encuesta de población activa y su cruce con las cifras de afiliaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones permiten tomar una fotografía fiel de la realidad. Canarias cerró 2019 con un total de 940.300 ocupados, esto es, trabajadores. La gran mayoría son, lógicamente, españoles, exactamente 757.800, mientras que 77.500 son extranjeros de países de la Unión Europea (UE) y 104.900 son súbditos de naciones del resto del mundo. En definitiva hay en las Islas hasta 182.400 trabajadores foráneos. Se trata de la cifra más alta de la historia, lo que está en consonancia con la capacidad de la Comunidad Autónoma para captar nueva población a pesar de sus eternas dificultades para bajar la tasa de paro a niveles mínimamente soportables. Sin embargo, este récord de mano de obra extranjera tiene una evidente cruz de la moneda en las condiciones laborales que padecen buena parte de esas 182.400 personas, o más bien en la falta de condiciones laborales.
De ese total de trabajadores de terceros países, solo 104.000 figuran en los archivos de la Seguridad Social, un 57%. O lo que es lo mismo: hasta 78.400, el restante 43%, están efectivamente empleados pero ni contribuyen al sostenimiento del entramado público, ni pagan cotizaciones sociales, ni tienen derechos contractuales. Sencillamente están ocupados de forma irregular. Son, por tanto, 43 de cada cien y más de cuatro de cada diez, casi la mitad.
Ese altísimo porcentaje de empleo en B que hay entre los extranjeros resulta más evidente si cabe si se compara con el del total de ocupados. De hecho, de esos 940.300 trabajadores que el INE contabilizó en la última Encuesta de población activa, figuran inscritos en la Seguridad Social como afiliados en alta laboral un total de 816.000. Es decir, el 87%, casi nueve de cada diez. Así pues, mientras que solamente un 13% del total de ocupados de la Comunidad Autónoma se emplea en la economía sumergida, el porcentaje se eleva hasta el 43% -se triplica- en el caso de los trabajadores foráneos. Y lo peor es que la serie histórica estadística pone de manifiesto una flagrante incapacidad para frenar este mal del mercado laboral isleño y español por más que venga ya de muy lejos.
A peor una década después
Hace diez años, hacia finales de 2009, en Canarias se encontraban trabajando un total de 121.500 extranjeros, con lo que el número se ha incrementado desde entonces en 60.900 personas, un 50%. De esos 121.500 asalariados o autónomos de terceros países, 81.430 estaban ocupados con contrato y con todas las garantías legales, un 67%. De modo que un 33% -alrededor de tres de cada diez- se empleaba en negro, un porcentaje ya de por sí muy elevado pero que era diez puntos inferior al actual. No en vano, a lo largo de la última década ha ocurrido que el crecimiento de la mano de obra extranjera ha sido muy superior al de los afiliados extranjeros, lo que deja bien a las claras que la mayoría de súbditos de otras naciones que vienen a las Islas a buscarse la vida acaban desempeñándose, al menos durante un tiempo más o menos largo, en la incertidumbre de la economía sumergida. Si el número de ocupados foráneos ha aumentado en estos diez años ese 50%, el de los afiliados a la Seguridad Social de nacionalidad extranjera lo ha hecho solo un 28%, casi la mitad.
En términos cuantitativos, resulta que de los 60.900 ocupados foráneos que llegaron a la región a lo largo de la última década, apenas 22.570, un 37%, cuentan con un contrato de trabajo y cotizan a la Seguridad Social.
En el último año, la mano de obra extranjera se incrementó en el Archipiélago un 10,5%, al pasar de 165.000 personas a finales de 2018 a esas 182.400 de comienzos de 2020. Se trata del quinto mayor aumento de entre las 17 comunidades autónomas tras los experimentados en Aragón, Cantabria, el Principado de Asturias y Cataluña. El incremento del número de trabajadores extranjeros en estas cuatro regiones osciló entre el 12% de Cataluña y el 22% de Aragón.
Se da así la circunstancia de que ni siquiera la caída del negocio turístico, con diferencia la actividad que más personas emplea y que más aporta al Producto Interior Bruto regional, redujo la llegada de nueva población y nuevos ocupados foráneos. Es cierto que Canarias fue la única Comunidad Autónoma en que disminuyó el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en meses como mayo del año pasado, tras acelerarse la pérdida de turistas, pero no menos cierto es que la afiliación cada vez es menos sinónimo de ocupación.
