El sector primario regional perderá algo más de 227 millones de euros de fondos comunitarios si la propuesta que ayer presentó el Consejo Europeo sale adelante sin mayores cambios. El borrador que dio a conocer el presidente del Consejo, el ex primer ministro belga Charles Michel, ha sentado como un jarro de agua fría en un sector que lleva semanas protestando en las calles por la precariedad que sufren muchos agricultores y ganaderos. En el caso de las Islas, donde las tres grandes organizaciones agrarias -COAG, Asaga y UPA- han unido fuerzas de cara a la manifestación del día 14 para exigir un justo beneficio para los productores, el mordisco a los dineros del Posei y del Programa de Desarrollo Rural (PDR) superaría los 32 millones anuales. Con todo, lo peor es que el marco en que están celebrándose las negociaciones en Bruselas no es precisamente favorable para los intereses de España y Canarias. En este escenario, la poderosa e influyente Alemania, partidaria de un menor gasto en la Política Agrícola Común (PAC) en beneficio de los programas de digitalización o de lucha contra el cambio climático, aparece como el principal escollo para el mantenimiento de los fondos.
A mediados de 2018, las primeras previsiones presupuestarias de la Comisión Europea (CE) para el período 2021-2027 implicaban un recorte del 3,9% en las ayudas de la PAC. En el Archipiélago, por sus circunstancias particulares -la lejanía del continente y la insularidad- y por su condición de Región Ultraperiférica (RUP), el llamado primer pilar de la PAC -el de los pagos directos a las explotaciones agrícolas y ganaderas- se sustituye por el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad, el más conocido como Posei. Por lo tanto, el recorte del 3,9% se aplicaría en la Comunidad Autónoma en los fondos del Posei. En ese momento, los gobiernos de las nueve RUP, con el de Canarias al frente, y los representantes del sector primario alzaron la voz para pedir a Bruselas que reconsiderase la reducción de esta partida al menos en el caso de las RUP. Menos de dos años después, el borrador presupuestario que ha salido del Consejo Europeo, el trámite que marca el inicio de la última fase de las negociaciones entre los Veintisiete, no solo mantiene los recortes en la PAC y el Posei, sino que los incrementa. El tijeretazo inicial del 3,9% es ahora del 10,1%, todo un "hachazo", según denunció la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
El campo isleño recibió vía Posei en el anterior período presupuestario (2014-2020) un total de 1.876 millones de euros, 268 millones anuales incluyendo los fondos del controvertido Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y las ayudas a la producción local. Si el Gobierno de Pedro Sánchez, que es el que en última instancia tiene que pelearse en Bruselas con los ejecutivos de los demás Estados Miembros, no consigue evitar ese recorte del 10,1%, la agricultura y la ganadería regionales perderán 189,5 millones de euros, o lo que es lo mismo, 27 millones menos cada uno de los años del próximo septenio. Sin embargo, a esta notable caída de las ayudas comunitarias directas aún habría que sumar el recorte en los fondos que llegan al Archipiélago a través del PDR.
El Programa de Desarrollo Rural de Canarias supone un montante de 187 millones de euros, si bien de las arcas del Estado salen unos 30 millones, con lo que la contribución comunitaria asciende exactamente a 157 millones de euros. La reducción que prevé el borrador presupuestario presentado ayer por el ex primer ministro de Bélgica es en este caso de un 24%, lo que significa que la partida para el desarrollo rural casi perdería uno de cada cuatro euros con los que contó en el septenio 2014-2020. En definitiva, Canarias se quedaría sin otros 37,7 millones.
En consecuencia, el sector primario insular sufrirá un recorte de fondos europeos de aquí a 2027 de prácticamente 227,2 millones de euros, que es la suma del tijeretazo de 189,5 millones al Posei y los 37,7 al PDR. Hay que puntualizar que ese extraordinario hachazo del 24% a las ayudas para el desarrollo rural solamente era de un 18% en aquel primer bosquejo de los presupuestos que la CE dio a conocer en 2018. Lejos de atender las voces críticas desde las RUP y los países más afectados por el recorte de la Política Agrícola Común, Bruselas ha hecho así oídos sordos e incluso ha ido un paso más allá.
A nivel nacional, y siempre según los datos suministrados por el gabinete técnico de la COAG, el sector agrario español perderá cada año 925 millones de euros, la friolera de 6.475 millones a lo largo de todo el período presupuestario. Un recorte sin precedentes hasta la fecha.
Es más, según el análisis de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, el dinero que Europa dejará de aportar en total al sector primario en el conjunto del Viejo Continente ronda los 54.000 millones de euros. La COAG hizo hincapié en que la amenaza de recortes en los fondos comunitarios irrumpe, además, en el peor momento para la actividad en muchos años, con un escenario de "grave" crisis de rentabilidad de las explotaciones. Por ello, la organización agraria reclamó a Pedro Sánchez que establezca alianzas con otros países para intentar frenar las intenciones del bloque que lidera Alemania. La tarea, no obstante, se antoja harto difícil.
Por un lado, España, Francia y Portugal han hecho frente común para defender que al menos se mantengan los mismos fondos de los que el sector disfrutó en el período 2014-2020. Pero el otro bloque, en el que están los llamados países frugales (Suecia, Dinamarca, Austria y Holanda) y que lidera la locomotora alemana, tiene claro que hay prioridades frente a la Política Agrícola Común, entre ellas el cambio climático (lo que no deja de ser paradójico por la estrecha relación entre el campo y el medio ambiente), la digitalización e incluso la defensa. Charles Michel dijo confiar en que el acuerdo llegue en los próximos días, pero parece probable que tarde algo más.
