La ralentización económica tras el período de recuperación que comenzó en la segunda mitad de 2014 ya se está haciendo sentir en los índices de solvencia de las empresas. Y especialmente en las de Canarias. Este frenazo de la economía regional, en el que subyacen la pérdida de turistas, la consecuente caída de la actividad en el sector servicios y en última instancia la destrucción de puestos de trabajo -en enero desaparecieron 11.629-, ha elevado a más de 100.000 el número de empresas de las Islas que no tienen capacidad para pagar sus facturas en tiempo y forma. Aunque la cifra es lo suficientemente llamativa por sí sola, el dato aun resulta más revelador si se tiene en cuenta que en el Archipiélago solamente hay 157.147 negocios, según la Demografía armonizada de empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, que las entidades que no pueden cumplir con sus acreedores en los plazos previstos no solo son mayoría, sino que son una amplia mayoría.
Así lo pone de manifiesto el último análisis sobre el Comportamiento de pago de las empresas españolas que trimestralmente publica Informa D&B, la filial del Grupo Cesce especializada en la información financiera, comercial y de marketing. Este análisis pone énfasis en cómo la solvencia empresarial ha ido a peor, en general, desde finales de 2017, cuando la recuperación económica daba paso a una estabilización que ahora se ha transformado en ralentización. Las empresas de la Comunidad Autónoma siempre han figurado entre las que más se retrasan en los pagos de todo el país, y ello con independencia de que el momento económico sea más o menos positivo o negativo, pero no es menos cierto que la situación ha empeorado sensiblemente en estos últimos años. De hecho, los negocios incapaces de abonar puntualmente sus facturas crecieron un 10,3% entre mediados de 2016, aún en el período de recuperación de la gran crisis que estalló en 2007, y el pasado 31 de diciembre. Hoy ya representan más de un 65% del total, exactamente un 65,42%. O lo que es lo mismo: de cada cien empresas canarias, la friolera de 65 no pueden pagar en plazo. En consecuencia, tan solo 35 de cada cien -justamente un 34,56%- cumplen con sus acreedores sin retrasarse ni un solo día.
En términos cuantitativos, resulta así que de las 157.147 entidades que operan en el Archipiélago, solamente 54.310 son plenamente solventes, mientras que cerca de 103.000 se atrasan en los pagos en mayor o menor medida. Para hacerse una idea de hasta qué punto se trata de cifras negativas basta con apuntar que en hasta ocho comunidades autónomas son mayoría las empresas sin dificultades para abonar sus deudas. En el Principado de Asturias, por ejemplo, un 55% de las entidades no tiene problemas de pagos, más de 20 puntos por encima del porcentaje de las Islas. "La región con la mayor proporción de pagos puntuales en el último trimestre de 2019 es Asturias y con la menor proporción, Canarias", reza el trabajo de Informa D&B.
El análisis de la filial del Gru- po Cesce también ofrece una radiografía de esa mayoría de empresas isleñas que no pueden abonar las facturas a su debido tiempo. Y lo peor es que son más de 23.300, un 14,85% del total, las que se retrasan más de un mes; y aún peor: casi 11.300 sufren tantas tensiones de tesorería y liquidez que se atrasan en los pagos más de 90 días, esto es, más de tres meses. Es más, si se acerca la lupa a la letra pequeña del análisis de los expertos de Informa, se descubre que un 5,08% de los negocios de la región se demo- ra más de 120 días. En otras palabras: son prácticamente 8.000 las empresas canarias que hacen esperar más de cuatro meses a sus proveedores y acreedores antes de saldar la deuda. Un 5,08% que es de nuevo el porcentaje más alto de entre las 17 comunidades y que de hecho solo lo empeora la Ciudad Autónoma de Ceuta (7,69%).
Además, Canarias no solo es la región española con más empresas que se retrasan en los pagos (o con menos que pagan puntualmente), sino que también es en la que los negocios se atrasan más días. Las entidades radicadas en las Islas se demoran una media de 22 días, exactamente 21,9, en abonar las facturas a sus proveedores.
Una vez más no hay ninguna otra comunidad autónoma que empeore el dato del Archipiélago; de hecho no hay ninguna otra en la que el retraso medio llegue siquiera a 20 días. Tras los 22 días de Canarias aparecen los 17 días y medio que se demoran las empresas de Extremadura, unos cinco menos de lo que lo hacen las isleñas.
El retraso en los pagos no sale gratis. El coste extra que generan los atrasos en el conjunto del país asciende a 1.728 millones de euros, que es la cantidad correspondiente a los intereses, los recargos y demás. ¿Cuánto de esta suma se origina por los incumplimientos de las firmas del Archipiélago? Atendiendo al peso del tejido empresarial de la región en el del conjunto del Estado, unos 75 millones de euros. Y eso solo en 2019.
En cuanto a los sectores de actividad, el informe explica, ya en cifras nacionales, que son las firmas industriales las que más puntualmente pagan, seguidas de los comercios. En cambio es la Administración pública, esto es, las instituciones, la que acumula el mayor número de días de retraso en el pago de sus facturas, con una media de 24.
