La banca trata, sin éxito hasta ahora, de retrasar los numerosos pleitos que se comienzan a acumular en las mesas de los juzgados por las llamadas tarjetas revolving, aquellas en las que el usuario paga y paga intereses, pero la deuda no acaba de bajar. Por el momento las entidades financieras se están encontrando con que los jueces dan la razón a los consumidores y bloquean la estrategia de presentar recursos.

Las entidades financieras quieren retrasar los procesos judiciales porque tienen la expectativa de que esta misma semana el Tribunal Supremo les de la razón -al menos en parte- y dicte jurisprudencia para que los jueces dejen de considerar a estas tarjetas como usureras.

Precisamente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se reunió la semana pasada para fallar sobre estas polémicas tarjetas, cuyos intereses pueden llegar hasta el 30%, pero aún no ha dado a conocer el resultado de sus deliberaciones. Se espera que el Alto Tribunal pueda hacer pública su decisión esta semana en la que también hoy el Tribunal Europeo de Justicia se pronunciará sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). El TUE debe dilucidar si ese indice debe estar sometido a control judicial para examinar si se trata de una cláusula abusiva y por tanto nula o, por el contrario, se escapa de este escrutinio porque el hecho de que sea un índice oficial garantiza su transparencia, tal y como el Tribunal Supremo dictó en 2017.

Sin embargo, el Abogado General del TUE Maciej Szpunar declaró hace unos meses que el IRPH debe estar sometido a la tutela de los tribunales nacionales porque el mero hecho de ser un índice oficial no garantiza que sea transparente.