Como en dos realidades paralelas, al tiempo que el Ministerio de Hacienda prepara un propuesta para armonizar los impuestos cedidos a las autonomías, los gobiernos de estas exprimen su capacidad para ajustar tramos en el IRPF o crear nuevos tributos cuyo resultado no es otro que agrandar la ya amplia brecha fiscal. La presión impositiva va por regiones y sube o baja dependiendo del color político de quien ocupe el gobierno autonómico. Así este año Cataluña, Valencia, Asturias y Extremadura son las comunidades con los impuestos más altos, frente a Madrid y Andalucía. Y ello en un contexto de mayor incremento impositivo en Canarias, La Rioja y Cataluña y de reducción en Andalucía o Murcia.

El Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2020, presentado ayer por el Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE), pone en evidencia ese galimatías con tres referencias: IRPF, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio

Así, en lo que respecta al IRPF, un contribuyente soltero y sin hijos de menos de 65 años, con rentas inferiores a 16.000 euros, pagaría más por este tributo en País Vaco, mientras que donde menos tendría que pagar sería en Madrid y La Rioja.

En rentas medias el IRPF más alto se registra en Cataluña y Navarra, mientras que las rentas de más de 220.000 euros pagaría el mayor montante en Navarra y menos en Madrid.

Asimismo, en Patrimonio se llega a registrar una diferencia de 418.000 euros en el tributo que tendría que pagar un contribuyente con 15 millones de patrimonio en Extremadura, la región con el impuesto más alto, y Madrid, en donde no se paga por dicho tributo.

En lo que respecta a Sucesiones y Donaciones, el REAF-CGE explica que se ha establecido una clara competencia territorial a la baja, y este año se incrementa en Canarias (el paco cuatripartido suprimió la bonificación general del 99,9% para el cónyuge, ascendientes y descendientes mayores de 21 años), Cataluña y La Rioja (fija deducciones del 50% solo a partir de 400.000 euros), mientras que Galicia incrementa la reducción para el grupo II de 400.000 euros a otra de un millón de euros.

De esta forma, cogiendo un ejemplo de un contribuyente soltero menor de 30 años que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, en Andalucía, Cantabria y Galicia no pagaría nada, mientras que en Asturias abonaría 103.135 euros. Concretamente en Donaciones, en Castilla y León y Extremadura pagaría más de 200.000 euros, frente al no pago en Cantabria o los apenas 2.000 euros de Madrid o Murcia.

En Canarias, tras la reducción de la bonificación (se mantiene el 99% hasta los 300.000 y va reduciéndose en un 10% cada 50.000 euros) ese mismo contribuyente del ejemplo habría pagado 134 euros por sucesiones el pasado año mientras que ahora pagaría 31.614 euros más por la subida del gravamen.

En cuanto al impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD), Baleares sube el tipo en el segundo caso del 1,2% al 1,5%.

En el caso de la transmisión de un inmueble no destinado a vivienda de 450.000 euros, se pagarían 45.000 euros por Transmisiones Patrimoniales en Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, mientras que solo 27.000 en Madrid y Navarra. En AJD, en Murcia se abonarían 9.000 euros, mientras que en Navarra y País Vasco 2.250 euros.

Una "auténtica jungla"

El presidente del CGE, Valentín Pich, y del REAF, Jesús Sanmartín, denunciaron ayer la "auténtica jungla" y "locura" que suponen los impuestos propios de las CCAA, con 70 actualmente en vigor, la mayor parte de ellos relacionados con la protección del medioambiente.

Los impuestos propios de las comunidades recaudaron en su conjunto en 2018 solo el 2,1% del total de ingresos tributarios de las autonomías, hasta los 2.364 millones. Por ello, los fiscalistas y economistas ven conveniente contar con un patrón común para el establecimiento de tributos que gravan el mismo hecho imponible, ya que cada región establece el impuesto de un modo diferente y en "muchos casos" acaba haciendo tributar el mismo hecho imponible. Sanmartín abogó por una "armonización" de los tributos propios. De igual forma, los economistas creen que debería ser obligatorio que, antes de crear un impuesto, se realice un análisis del coste-beneficio, ya que en algunos casos los costes de su establecimiento, gestión y litigios superan la recaudación.