El Gobierno pretende endurecer las condiciones de acceso a las jubilaciones anticipadas, mejorar los incentivos a la prolongación de la vida laboral, incrementar el atractivo fiscal de los planes de pensiones de empresa (los pactados en el seno de la negociación colectiva) como instrumentos de previsión complementarios de las pensiones públicas y reducir las ventajas tributarias de las que disfrutan los planes individuales privados, anunció ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Socia y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.
Las propuestas, dirigidas a fortalecer la viabilidad del sistema público de previsión social y a afianzar la sostenibilidad de la caja única de la Seguridad Social ante el desafío demográfico, el alargamiento de la esperanza de vida de los pensionistas y la próxima jubilación de la muy nutrida generación nacida durante el boom natalista de los años sesenta, son coincidentes con las que Escrivá defendía durante su etapa como presidente de la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (Airef) pero ayer precisó que se trata de propuestas colegiadas tras su debate y análisis en el seno del Ejecutivo y en "diversos órganos" del mismo, y con las que se aspira a alcanzar un "gran consenso, lo más amplio posible" con el resto de las fuerzas políticas para la reforma del sistema, de modo que se despejen las incertidumbres y se garantice la sostenibilidad del modelo.
En el debate también hubo alusiones a descargar a la Seguridad Social de aquellos gastos que no le son propios (las prestaciones no contributivas) y que deberían ser sustentadas por el Presupuesto General de Estado y los impuestos, y no con las cotizaciones sociales.
El sistema público de pensiones afronta problemas pero son "manejables y reconducibles", señaló el ministro, quien desacreditó los vaticinios y augurios "alarmistas" que se han sucedido sobre la viabilidad de las pensiones públicas desde los años 90 con proyecciones demográficas y de déficits que no se han materializado en los términos dramáticos con los que se expusieron en los últimos treinta años. No obstante, el ministro sí pidió a todos los grupos actuar "con urgencia" y concediendo a la reforma de las pensiones "prioridad absoluta". En los próximos 25 años se jubilarán once millones de personas, tres millones más que en el último cuarto de siglo.
A juicio de Escrivá, la actual tasa de reemplazo (el importe de la pensión en relación al último salario percibido en la vida laboral), situada de media en el 70%, es "aceptable" y "se puede mantener", al igual que un mecanismo estable de revalorización de las prestaciones vinculado al IPC que garantice el poder adquisitivo de los pensionistas y que no precisó.
Aplazar la jubilación
El ministro de Seguridad Social entiende que el modelo es factible si se actúa sobre determinadas "palancas" que permitan garantizar su sostenibilidad. Entre ellas figura aproximar la edad media efectiva y real de jubilación en España a los 65 años (la edad legal) mediante incentivos para demorar la jubilación y medidas que desincentive las jubilaciones anticipadas.
Este mecanismo doble es una "palanca potentísima", indicó, para corregir la insuficiencia del sistema, dado que "por cada año que se aleje la edad promedio de jubilación, se reducirá el 25% del problema del gasto".
Escrivá indicó que se están evaluando varias opciones para promover la prolongación de la vida laboral (entre ellas, la difusión de las opciones existentes, poco conocidas por la población, dijo) y para penalizar la jubilación voluntaria antes de los 65 años, que hoy es poco disuasoria. La jubilación anticipada, expresó, ha aumentado el 66% en los últimos seis años y en 2019 supusieron el 19% de todos los nuevos perceptores de prestaciones.
Planes de pensiones
El responsable gubernamental abogó a su vez por desplazar las ventajas fiscales de la que disfrutan los planes individuales de pensiones (que son "regresivas" porque favorecen sobre todo a las rentas altas e incentivan productos "caros" por sus altas comisiones y baja rentabilidad) a los planes colectivos negociados en el seno de las empresas (también llamados "planes de empleo"), que tienen menos comisiones, son más rentables y favorecen más a las rentas medida y bajas.
El ministro destacó al respecto de la situación de denominada hucha de las pensiones que las predicciones más "alarmistas" sobre el futuro del sistema, que se prodigaron en España desde los primeros años 90 del pasado siglo, no se cumplieron y en la mayoría de los casos procedían de instituciones o estudiosos con claros "conflictos de intereses", señaló en referencia a economistas o centros de análisis vinculados a la industria financiera que comercializa planes privados de pensiones como alternativa o complemento al sistema público de previsión. Escrivá recordó los dictámenes que a fines de los 90 pronosticaron un déficit del 3% del PIB en las pensiones en 2020, más del doble que el 1,4% actual.
El sistema público de pen- siones supone entre el 13% y el 15% del Producto Interior Bruto de Austria, Alemania y Francia, mientras que en España representa el 11% y se estima que no alcanzará el 13,5% (aun manteniendo la capacidad adqui- sitiva de los jubilados de acuerdo con la previsión del IPC) hasta el año 2048.
Oramas reclama un gran pacto de Estado
- La diputada de CC-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, destacó ayer en su intervención en la Comisión del Pacto de Toledo la necesidad de defender un pacto "de todos los partidos" y de "toda la ciudadanía" en defensa de las pensiones y reclamó al Estado "una especial atención" a las pensiones no contributivas.Oramas recordó que las pensiones no contributivas "afectan especialmente a mujeres" y en Canarias "son un enorme número de personas que trabajaron duramente toda su vida pero no tuvieron la oportunidad de cotizar porque trabajaron en el campo o porque tuvieron que emigrar". Por eso, destacó que en esa "dignidad de las pensiones" a la que se refirió el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, "llegue también a este tipo de pensiones". "Algo fundamental" para que "miles y miles de mujeres de este país puedan tener una jubilación digna".Los nacionalistas canarios, agregó, "como hemos estado siempre a lo largo de nuestra historia", van a estar "en el acuerdo del Pacto de Toledo" con ese espíritu "con el que nació; con el de que las pensiones no sea un arma electoral ni un arma política" porque, subrayó "es un asunto que, gobierne quien gobierne, afecta a toda la ciudadanía". En este sentido, pidió a las formaciones políticas que dejen de lanzarse acusaciones sobre quien llenó o vació la caja de las pensiones "porque la caja de las pensiones la han llenado los ciudadanos con su trabajo y se ha gastado en las necesidades de la ciudadanía". LP / DLP
