Las consecuencias del coronavirus en la economía canaria todavía constituyen una incertidumbre en cuestión de números, pero la certeza es que resultarán inevitables. Con un descenso en las reservas turísticas a las Islas de en torno al 30%, el Gobierno regional y las confederaciones de empresarios se reunieron ayer para plantear medidas que minimicen los efectos negativos que ya comienza a tener la epidemia en el motor económico del Archipiélago. Entre estas iniciativas, el Ejecutivo regional reclamará al Estado el uso de su superávit, cifrado en 26.000 millones en el caso de los ayuntamientos y 900 millones en la comunidad autónoma sólo en el anterior ejercicio. El presidente regional, Ángel Víctor Torres, solicitará que un porcentaje de este dinero pueda destinarse "de manera inmediata" al mantenimiento del empleo y a paliar el coste que el Covid-19 supone para la sanidad pública.

Aunque por ahora no se han producido despidos, la incertidumbre sobre la evolución de la epidemia y el tiempo que transcurrirá hasta que la crisis se apacigüe dibujan un escenario preocupante. "Nosotros sí tenemos constancia de lo que históricamente ocurre cuando hay una caída de actividad en cualquier sector y queremos evitar que se destruya empleo", explicó el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara. Para sortear las peores expectativas, los negocios que puedan verse más afectados por la disminución en la llegada de turistas ya preparan sus planes de contingencia con una duración de al menos tres meses.

Estos instrumentos incluyen medidas como los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que podrán ejecutar las compañías que sufran una importante merma en su clientela. Con esta fórmula, el personal "sigue vinculado a la empresa durante los meses en los que hay una disminución de actividad, continúa cobrando y la empresa sigue pagando toda la seguridad social durante este tiempo, que puede aprovecharse para hacer cursos de formación", aseguró el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Tenerife, José Carlos Francisco. Además, estos planes también recogen medidas de ahorro en electricidad, agua y otros recursos.

Otra de las ideas de las patronales que el Ejecutivo autonómico se comprometió a llevar a cabo consiste en aumentar los plazos para la materialización de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC). "Queremos que ese dinero se pueda destinar al sostenimiento general de los gastos de la empresa, lo que ayudaría a conservar el empleo y restaría recursos para la inversión prevista, que se podría dilatar algo en el tiempo", explicó Manrique de Lara.

Efectos en el PIB

Para llevar a cabo esta flexibilización, sería necesario realizar una modificación de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF), que tendría que aprobarse en el Parlamento autonómico. Un trámite sencillo que, según el presidente de la CEOE Tenerife, puede realizarse en cualquier momento y que pondrían en manos de las empresas unos 1.200 millones de euros con los que cuenta esta herramienta. "Se trata de una medida absolutamente coherente que se puede hacer realidad porque tenemos que ejecutar todos los mecanismos posibles para generar economía", aseveró Torres.

Estas propuestas encaminadas a minimizar los efectos del coronavirus en el tejido productivo canario no eliminarán por completo las previsibles consecuencias en la economía canaria. Aunque Gobierno y patronales reconocen que todavía es pronto para cuantificar en qué medida afectará la epidemia al Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas, los efectos están garantizados. "Con toda seguridad, el PIB va a ser diferente y va a ser menor, pero el problema es saber cuánto porque va a depender de la crisis en la que estamos inmersos", aseguró Francisco. Para este año, el Ejecutivo autonómico había fijado un crecimiento del 1,3% en el Producto Interior Bruto, mientras que la entidad BBVA Research lo bajó hasta el 1,1% el pasado mes de enero, antes de que el coronavirus hiciera temblar la economía internacional. El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) estiman que el PIB mundial podría caer hasta un 0,4%, lo que conllevaría una pérdida de 347.000 millones de dólares, la misma cifra que maneja en el caso de España la agencia de calificación crediticia S&P Global, que rebaja el crecimiento del 1,7% al 1,3%.