¿Cómo analiza el impacto del estado excepcional en el que nos encontramos sobre la economía?
En Canarias partíamos de una situación previa al estallido de la crisis del coronavirus porque estábamos ya en un escenario complicado. Los últimos datos del paro de febrero nos estaban indicando que las contrataciones tanto temporales como fijas habían parado, que había una ralentí en la economía y problemas estructurales en el mercado laboral con un paro de larga duración preocupante y desempleados son ningún tipo de prestación. Con esta situación de desventaja llegamos a esta crisis y hemos pasado de una ralentización de la actividad económica a una paralización casi total y, dado que nuestra estructura productiva se basa en el turismo y en el sector servicios, estimamos que la caída de la actividad productiva se situará entre un 40 y un 65%, aunque todo dependerá de la extensión del estado de alarma. Si el problema sanitario dura más de los previsto la economía mundial se va a ralentizar todavía más y lo que estamos observando es que se está produciendo ya una especulación a nivel bursátil.
¿Qué le parece las medidas aprobadas por el Gobierno?
Las medidas nos parecen positivas pero deben ir revisándose porque son para un momento determinado y hay que ir adaptándolas en función de cómo vaya la situación. El hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) haya lanzado ahora esta importante inyección de liquidez me parece destacado porque Europa se tenía que mojar, de esta forma se genera capacidad de pago directamente sin pasar por la banca privada para que no se aproveche de la situación y sacar tajada. Tanto el Gobierno central como el canario tienen que aprobar medidas que mitiguen la pobreza, sobre todo para aquellos colectivos más perjudicados ya que la situación se va a agravar para los parados de larga duración y los que no cobran ningún tipo de prestación.
¿Como de lento o de rápido podrá salir Canarias de esta crisis una vez finalice la alerta sanitaria?
Después de la alerta sanitaria va a continuar un periodo de estancamiento y de baja capacidad productiva. La afección al sector turístico puede llevar a Canarias a registrar un PIB negativo. Por eso abogamos porque las ayudas del BCE y del Estado sean directas y no a través de la banca privada, pero también deben aprobarse nuevas medidas para que el crédito fluya a las empresas porque sin liquidez la economía no se reactiva. El hecho de que sea el BCE el que esté generando capacidad de gasto no nos debe llevar a posiciones alarmistas sobre quién va a pagar la deuda que se está generando, otras veces se ha creado dinero y si la medida se coordina a nivel europeo no debemos temer por los niveles de endeudamiento. Este criterio es fundamental para que la prima de riesgo no se dispare, sobre todo en Italia o España, y tranquilizar al monstruo de los mercados. También se tendría que haber suspendido la cotización de la bolsa porque se están dando maniobras especulativas ya que los fondos buitre están al acecho.
Europa tendrá entonces que reconsiderar los criterios de austeridad y control del déficit vigentes hasta ahora ¿no?
Las medidas del BCE se van a extender hasta final de año, con lo que habrá que rebajar los límites de la regla de gasto, del déficit y de la deuda porque estamos ante una situación sin precedentes y los fondos que se dediquen a paliar esta crisis deberían quedarse fuera porque si no la economía no sale a flote y costaría recuperarnos uno o dos años. En Canarias vivimos del turismo y nos afecta directamente porque no se ha sabido desarrollar lo que demandábamos desde UGT de aprovechar la recuperación económica para potenciar otros sectores de nuestra estructura productiva, aunque el turismo siga siendo importante. Por eso hay que demandar a las grandes cadenas hoteleras solidaridad y que arrimen el hombro porque hasta enero tenían los hoteles llenos a precios elevados. En Canarias se hace más que necesario que todas las ayudas que se faciliten a las empresas estén condicionadas a mantener el empleo o a recuperarlo cuando finalice la alarma sanitaria.
Sin embargo, las organizaciones de autónomos se quejan de que no están bien tratados en comparación con las empresas de menos de 50 trabajadores.
Hay varias asociaciones de autónomos, unas se quejan más y otras están más de acuerdo. Las medidas no pueden ser para todos igual, el café para todos aquí no vale porque sería contraproducente y no sería justo. Está en función del tamaño y la facturación del autónomo, incluso el Gobierno de Canarias dentro de la capacidad normativa que tiene en relación con los impuestos podría introducir algún tipo de beneficio fiscal para las pymes y los autónomos con el compromiso de mantenimiento del empleo. De lo que se trata es de frenar la sangría en la destrucción de empleo porque en Canarias somos campeones de paro, precariedad y salarios bajos, por lo que se hace más necesario que todos los beneficios de los que van a disfrutar las empresas estén condicionados al mantenimiento de los puestos de trabajo. Hay que dar todo tipo de facilidades porque el tejido productivo de Canarias está basado en las pymes y es fundamental salvar ese trabajo porque si no la economía se colapsa.
¿Entonces las previsiones de ingresos del Gobierno, sobre todo por el IGIC, no se van a cumplir, ni siquiera la propuesta de crear nuevos impuestos?
El IGIC es el que se va a ver más afectado pero eso no quiere decir que haya que seguir potenciando los servicios públicos, que se han visto que son fundamentales para abordar este tipo de crisis. La respuesta eficiente y directa la da lo público. Enero fue un buen mes en recaudación tributaria pero habrá una caída importante y por eso se necesita que el Estado inyecte dinero suficiente para que las comunidades autónomas puedan atender a sus plantillas y las ayudas a pymes y autónomos. Es el Estado el que tiene que asumir esta liquidez porque desgraciadamente la capacidad de la Comunidad Autónoma para generar ingresos va a estar muy limitada porque la caída del IGIC será bestial por el turismo y el retraimiento del consumo. UGT ha exigido al Estado que agilice los plazos para que la gente puede percibir las prestaciones cuanto antes porque en Canarias hay muchos familias que viven al día y apenas tienen ahorros.
Sin embargo el Estado sigue reticente a que Canarias pueda utilizar todo su superávit ¿no debería permitirlo?
Los ayuntamientos son realmente los que tienen que dar la cara por su proximidad a los ciudadanos. Hay que flexibilizar al máximo la regla de gasto y que todos los remanentes de tesorería que tienen las administraciones se puedan utilizar de forma extraordinaria para hacer frente a esta situación. Esto sirve tanto para la Comunidad Autónoma como para las corporaciones locales, porque el crédito tiene que fluir cuanto antes y liberar fondos porque no se puede tener dinero en los bancos y encima cobrando intereses.
¿Esta situación supone un desafío para los sindicatos tanto para asesorar como para vigilar los ERTE y las posteriores consecuencias de la crisis?
Hay una avalancha enorme de ERTE que nos colapsa a nosotros pero sobre todo a la Consejería de Empleo, que no da abasto. A pesar de que se acorten los plazos hay que hacer una vigilancia aunque lo normal es que pocos se aprovechen para hacer otras cosas. Hay que ver también lo que se alega para el ERTE por causa de fuerza mayor. La preocupación que tenemos es que estos expedientes se encadenen después con ERE y despidos objetivos por causas económicas u organizativas, por eso estaremos alerta para que esto no se produzca. No tenemos cifras aproximadas de cuántos parados habrán porque esta crisis nos está cogiendo a todos con el paso cambiado.
