Cuando a las doce de la noche de hoy expire el plazo dado por el Ministerio de Sanidad para el total parón de la actividad alojativa, aún quedarán en Canarias 16.000 turistas. Ese es el cálculo realizado por la empresa pública Promotur, que ha llevado a la consejera de Turismo autonómica, Yaiza Castilla, a insistir ante el Gobierno central en la necesidad de claridad absoluta de cara a contemplar la atención de esos clientes con total garantía jurídica.

Al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, le cuesta entender la realidad canaria. Lo demostró en el pasado con los problemas para la entrada en vigor del descuento del 75% para residentes en los vuelos a la Península, por ejemplo, y vuelve a hacerlo ahora con la orden en la que establece qué hoteles de toda España deben prestar servicio a quienes luchan contra el coronavirus -sanitarios o agentes del orden, entre otros-, 14 en las Islas.

"En el anexo publicado figuran establecimientos ya cerrados y con su plantilla en un ERTE, otros que han decidido empezar obras de reforma y no podrían prestar el servicio y, por el contrario, no están recogidos muchos de los que se ofrecieron voluntarios y que el Gobierno no ha incorporado", explicó en un comunicado la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), patronal que comanda el canario Jorge Marichal.

Los empresarios pusieron a disposición del Gobierno central un listado con los establecimientos que de manera voluntaria se prestaron a dar cobijo y atención a la primera línea de lucha contra la pandemia.

Marichal aludió a la capacidad que el estado de alarma otorga al Gobierno de Pedro Sánchez para "confiscar bienes privados para uso público", pero mostró su estupor por que el Ejecutivo no haya apostado a la seguridad que le daba echar mano del listado de "170 establecimientos alojativos en todas las provincias españolas" que Cehat puso en su mano.

Hay más. En el artículo tercero, la orden deja abierta la posibilidad a que cualquier establecimiento alojativo dé servicio a los mencionados colectivos y "a todas aquellas personas que por causa de fuerza mayor o situación de necesidad requieran asegurar alojamiento puntual con urgencia".

Castilla se puso en contacto con la Secretaría de Estado de Turismo con el fin de insistir en que el número de turistas que estaba en Canarias en el momento de decretar la evacuación es mayor que en el resto de comunidades autónomas y la necesidad de atender a todos. Y además para solicitar aclaración sobre ese artículo 3. "Los propietarios de establecimientos y viviendas vacacionales necesitan de una seguridad jurídica", señaló la consejera.

Ayer aún estaban en el Archipiélago 21.000 viajeros y seguían saliendo. El vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), Tom Smulders, calificó de "modélica" la operación retorno y la coordinación que ha existido para llevarla a cabo.