Las empresas no pueden despedir. No mientras dure la pandemia de coronavirus. El Consejo de Ministros decretó en su reunión de ayer que los despidos de trabajadores por razones económicas, organizativas, técnicas, productivas o de fuerza mayor, que son la gran mayoría, quedan terminantemente prohibidos. La reunión de los miembros del Gobierno, en la que se oficializó la prórroga del estado de alarma hasta el próximo día 11, cumpliendo así el mandato del Congreso, sirvió también para adoptar otras medidas en favor del mantenimiento del empleo y para armar un discurso que no ha sentado nada bien entre los empresarios, quienes se ven señalados como sospechosos de aprovechar la coyuntura para despedir indiscriminadamente. Y todo ello en un momento en el que las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se encuentran desbordadas por la avalancha de expedientes de regulación. De hecho, en las de Canarias trabajan a contrarreloj para que ninguno de los nuevos parados, las otras víctimas del Covid-19, tenga que esperar a mayo para cobrar la prestación, algo que los funcionarios no se atreven a asegurar pero que sí garantizó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La propia Díaz señaló directamente a los empresarios -"algunos empleadores", dijo exactamente- cuando explicó que con la prohibición de los despidos el Gobierno trata de estrechar el cerco en torno a quienes piensen aprovechar las circunstancias para recortar plantilla. Pero no fue este el único dardo al empresariado. La ministra también avisó que se revisarán con lupa las decenas de miles de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que las empresas se están viendo obligadas a tramitar por la parálisis de la actividad económica. Y si se detectan expedientes fraudulentos, subrayó, las empresas tendrán que devolver "hasta el último céntimo", incluido el montante de las prestaciones por desempleo que hayan tenido que cobrar los trabajadores despedidos ilegalmente. El Consejo de Ministros también prohibió la extinción de los contratos temporales, de modo que pueden suspenderse durante el tiempo que dure la crisis pero que tendrán que restablecerse después por igual período.
La patronal no tardó en reaccionar y poco después de la habitual rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros difundió un comunicado en el que advierte de que las medidas adoptadas "no van en la dirección correcta". Es más, en la CEOE y en Cepyme -esta última la patronal de la pequeña y mediana empresa- están convencidos de que las decisiones que ayer tomó el Gobierno "llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo". Y no solo eso, agregaron, sino que deteriorarán la salud de las cuentas públicas y aumentarán el déficit, el mismo que durante tantos años se ha tratado de contener con la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Con todo, los empresarios se mostraron especialmente dolidos por las acusaciones preventivas de las ministras Díaz y María Jesús Montero, titular de la cartera de Hacienda y portavoz gubernamental. "Cuando un gran número de empresas, especialmente pymes y autónomos, están luchando para evitar el cierre, rechazamos de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado", ahondaron.
La portavoz del Ejecutivo estatal también anunció que las empresas que pongan en marcha un ERTE solo tendrán que rellenar un formulario con los datos fundamentales de los trabajadores afectados. Ese formulario será suficiente para que el SEPE reconozca y tramite de inmediato la prestación por desempleo.
Aunque desde algunos sindicatos se aseguró ayer que el Gobierno había limitado la prestación a 1.098 euros para todos los despedidos -que es la cuantía máxima para el parado sin hijos-, la ministra Díaz negó la mayor y aseguró que las cuantías no se tocan, con lo que quien tenga un hijo a cargo cobrará un máximo de 1.254 euros y quien tenga más de uno, alrededor de 1.400. También insistió la responsable de las áreas de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en que se agilizarán los trámites en todo lo posible para que los nuevos desempleados perciban la prestación cuanto antes. La ministra trato así de acallar las voces que desde dentro del propio SEPE ponen en duda que se pueda abonar el paro este próximo día 10 a todos los trabajadores que acaban de quedarse en el paro. Díaz garantizó que ese seguirá siendo el día de cobro aunque reconoció el "desbordamiento" que están sufriendo los funcionarios del SEPE.
Desde las oficinas del servicio público en el Archipiélago reconocían ayer la falta de personal con que están afrontando esta inusitada carga de trabajo. El Ministerio reforzará estos días la plantilla con un millar de interinos, pero está por ver si son suficientes. Conscientes de la importancia de su labor para que tantas personas puedan tener unos ingresos con los que superar tan difícil coyuntura, los funcionarios están trabajando a destajo, pero tampoco las herramientas les facilitan las cosas. El sistema informático, al menos en las oficinas de Tenerife, no permite automatizar la tramitación de estos ERTE, básicamente porque se reconoce el derecho a cobrar la prestación incluso a quienes no hayan cotizado lo suficiente, por lo que debe actualizarse. Y luego están los despidos ordinarios, que se han disparado y cuya tramitación se demora por falta de fechas. La próxima semana ya está totalmente ocupada en muchas oficinas, y todo lo que se tramite después del próximo martes no genera derecho a cobrar hasta mayo.
