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La Provincia - Diario de Las Palmas

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CRISIS DEL CORONAVIRUS Las consecuencias de la paralización económica

La hibernación de la economía provoca un "grave daño" en Canarias

Torres compara la situación actual con el 'crack' de 1929 - El presidente canario exige el desbloqueo del superávit para paliar los efectos de la crisis - El Gobierno aprueba la paralización de la actividad no esencial hasta el 9 de abril - Los afectados no perderán salario y tendrán que devolver las horas

Las nuevas medidas que se inician hoy para hacer frente a la epidemia del coronavirus y que suponen la paralización casi total del país, a excepción de los servicios esenciales, agravarán aún más el daño que ya está soportando la economía canaria. Ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros donde se aprobó el decreto que recoge las nuevas normas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con los líderes de las autonomías para explicarles las novedades. Al acabar, el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, comparó la situación en la que va a quedar la actividad económica y los ingresos públicos con el crack de 1929, etapa conocida como "la gran depresión".El presidente canario auguró que "Canarias sufrirá un grave daño económico" y por ello exigió de forma "urgentísima" al Estado y a la Unión Europea que faciliten que la Comunidad Autónoma y las corporaciones locales puedan hacer uso del superávit para dotar de liquidez a las arcas públicas y hacer frente a la emergencia sanitaria, social y económica.

El Ejecutivo regional pretende que el cerrojazo de los próximos 11 días tenga en cuenta las singularidades de las Islas y así se lo trasladó ayer a Sánchez. Torres dijo que queda abierta la posibilidad de incorporar modificaciones al nuevo decreto que se establecerá para lograr un mayor confinamiento y así "mejorar incluso el texto". En este sentido, añadió que "hay algunos servicios como las petrolíferas que son arregladas en las bahías y otras empresas que solamente se desarrollan en el Archipiélago, que podrían tener una especificidad concreta".

La nueva medida del Gobierno -que se pone en marcha hoy y durará hasta el 9 de abril inclusive- tiene como principal objetivo reducir la movilidad a la de los fines de semana, a través de un permiso retribuido recuperable, por lo que los trabajadores afectados no perderán su salario pero tendrán que recuperar horas tras el estado de alarma.

Reducir la movilidad

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la encargada de anunciar ayer la aprobación del decreto a pesar de que Sánchez ya había soltado la primicia el pasado sábado. Montero destacó que el "esfuerzo importante" de los ciudadanos con el confinamiento "empieza a dar sus frutos ya que se han reducido los contagios".

"Estamos cada vez más cerca de doblegar la curva pero hace falta un esfuerzo adicional", aclaró la portavoz del Gobierno. La nueva suspensión de actividades no esenciales trata de anticipar la Semana Santa y de esta forma ganar tiempo para que el sistema sanitario esté "tensionado pero no saturado" y pueda atender a las personas más vulnerables.

Montero aseguró que "no hay ninguna situación de alarma añadida", pero explicó que los modelos de monitorización del contagio y los recursos sanitarios elaborados por los expertos y el Comité Técnico aconsejaron aplicar ahora esta nueva restricción de actividades. La medida no se puso antes en marcha porque es "ahora cuando los expertos han observado la diferencia de movimiento" entre los días laborables y los fines de semana. La ministra de Hacienda aprovechó para tildar de "ejemplar" el comportamiento de los ciudadanos.

Para explicar las condiciones de las nuevas restricciones también compareció ayer la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien aclaró que el parón se gestionaría a través de un permiso retribuido recuperable. Los trabajadores de las actividades no esenciales de empresas o entidades públicas y privadas continuarán recibiendo su salario con normalidad de parte de las empresas y, una vez termine la situación de emergencia, recuperarán las horas de trabajo no prestadas de manera paulatina y espaciada en el tiempo, pactando ampliar su horario con los empresarios hasta el 31 de diciembre para recuperar los ocho días laborables de inactividad, según explicó Díaz.

En concreto, la nueva paralización de actividades no afectará a las personas que se encuentren desarrollando ya su actividad mediante teletrabajo, a las personas incorporadas en expedientes de regulación de empleo (ERTE), a personas que se encuentran en incapacidad temporal o disfrutan de un permiso de paternidad o maternidad, ni a los trabajadores de servicios esenciales, como tampoco a aquellos excluidos por el decreto de declaración de estado de alarma.

La ministra de Trabajo advirtió que el Gobierno "no va a aceptar presiones" al primar "el interés general por encima de los particulares", y recordó que tras el estado de alarma se cumplirá el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, por el que en la devolución de horas se deberán respetar descansos de jornada diarios, los de semana y ser compatible con la conciliación.

Entre la personas que continúan trabajando se encuentra todo el personal sanitario, el Ejército, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal de cuidado de personas vulnerables y los trabajadores en el sector de logística de compras, según especificó Montero, junto a los fabricantes de productos farmacéuticos y material sanitario. También siguen trabajando los trabajadores de Correos, telecomunicaciones y servicios privados de seguridad, así como los empleados de los sectores de distribución de alimentos o química.

La portavoz del Gobierno subrayó que también continúan operativos determinados fabricantes en el sector industrial imprescindibles para elaborar material necesario, como el de la moda para fabricar batas o mascarillas, la industria del alcohol y química para producir geles desinfectantes, o los sectores del automóvil y la aeronáutica, para fabricar componentes de respiración asistida.

Enfado de las autonomías

Al igual que el presidente canario, el resto de dirigentes autonómicos también reaccionaron a la noticia de la hibernación de la economía. Algunos presidentes están disconformes por la aplicación uniforme del decreto que establece el parón de todos los sectores no esenciales. Los líderes territoriales le reclamaron a Sánchez que el paso de una economía al ralentí a un cerrojazo casi completo se adapte a cada zona . Y la respuesta fue "no".

Y las reacciones no tardaron en llegar. Uno de los más duros fue el lehendahari, Iñigo Urkullu que reclamó que el paro de la economía tenga en cuenta las "especificidades territoriales", por ejemplo, el sector industrial en el País Vasco. En esa misma línea protestó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijoó. Le preocupan las empresas de envasado de conservas, la siderurgia y las metalúrgicas. El presidente aragonés, Javier Lambán, cree que las medidas deben ajustarse para el sector de la fruta. El valenciano Ximo Puig planteó que haya una "flexibilidad exigente" que tenga en cuenta la "diversidad productiva". El presidente catalán Quim Torra reclamó una renta básica y bajadas de impuestos.

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