Unas 5.300 empresas y alrededor de 50.000 trabajadores de la construcción tendrán que parar su actividad a partir de hoy en toda Canarias, tras el decreto que obliga a dejar en suspenso las centenares de obras públicas y privadas que se mantenían en marcha hasta el pasado viernes. La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores, María Salud Gil, eludió realizar valoraciones sobre los efectos negativos que tiene esta medida en el sector y aseveró que "lo que procede ahora es posicionarse en acotar esta pandemia que está causando muerte y enfermedad. Acatamos absolutamente todas las medidas que el Gobierno de la nación formule para salvarnos la vida". Sí se mostró muy critica la Confederación Canaria de Empresarios, que ha rechazado que todo el daño económico de la medida recaiga "sobre las empresas".
Sin embargo, en opinión de María Salud Gil lo primero y más importante ahora es "la salud y la vida" y lo segundo, resolver todos los problemas de organización para conseguir que el 100% de la actividad quede hoy paralizada.
Para ello ha pedido la colaboración del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, a quien agradeció su ayuda y el hecho de haber "entendido perfectamente desde el minuto uno la problemática que supone cerrar obras, con toda la maquinaria, el material, la ferralla, la seguridad. Hay obras que están en plantas sótano con el peligro que conlleva no ajustarlas o no terminarlas y también está el tema de la vigilancia, porque alguien tendrá que vigilar esas obras". Por todo ello, la patronal ha solicitado permiso para mantener servicios mínimos que posibiliten afrontar tanto la vigilancia como los pagos de nóminas y los cobros.
Tras dejar claro que este "no es el momento" de criticar la actuación del presidente Pedro Sánchez ni tampoco de hablar del duro revés económico que va a suponer la desaparición de muchas empresas, la presidenta de los constructores, sí quiso pedir que sigan adelante todos los procesos administrativos de licitación de obra pública y concesión de licencias, para que "desde el minuto uno las empresas tengan sus obras adjudicadas. Como hay tele trabajo, que se ponga en marcha ya, por ejemplo, el plan de vivienda, porque así podremos empezar las promociones y que las licencias de obras se hagan por comunicación previa, que se aligere todo lo que se pueda para que las empresas tengan esa alternativa". A su juicio, es verdad que habrá muchos efectos económicos y sociales negativos, "pero me parece inmoral hablar de ello, cuando la gente está asustada y tiene miedo y hay decenas de muertes a diario".
Por su parte, Vicente Marrero, presidente de la Federación provincial de Empresarios del Metal de Las Palmas (Femepa), señaló que está analizando aún el alcance del decreto. A falta de un estudio más exhaustivo, indicó que la parálisis afectará a unas 500 empresas y 5.000 trabajadores que sirven a la construcción y que sufrirán un "taponazo" importante, pero "hay que hilar fino", advirtió, "porque tenemos que averiguar cuales de esas compañías desarrollan además servicios esenciales "relacionados con el tema sanitario, electricidad, abasto de agua y el ámbito militar. En cualquier caso, lo que nos va a pasar es tremendo".
Marrero se congratuló de que se hayan contemplado como servicios esenciales los que realizan una buena parte de las empresas que aglutinan el sector, relacionadas con las reparaciones navales y toda su industria auxiliar y complementaria. "Ninguna de las empresas que trabaje para el puerto va a tener problema. Hay un régimen de excepciones específicos en el Puerto para el arreglo de los barcos y garantizar todo el tema de aduanas y mercancías ", afirmó.
Daño económico
Especialmente crítico se mostró el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CEE), José Cristóbal García, quien consideró que todo el daño económico de las medidas propuestas por el Gobierno recae sobre las empresas, lo que según él va a provocar que "las consecuencias económicas sean peores que el propio virus". En opinión de García, el Ejecutivo ignora las opiniones de los agentes económicos que reclaman "medidas que ayuden a mantener abierta la economía canaria con la esperanza de poder reabrir cuando todo acabe".
