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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Crisis del coronavirus Plan económico y social del Gobierno central

No a los desahucios y 440 euros para los empleados eventuales sin derecho a paro

El Gobierno central aprueba el tercer paquete de medidas económicas y sociales para reducir el impacto del parón al que ha obligado el avance del coronavirus

Reunión ayer del Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, al fondo de la imagen, junto a cinco de sus ministros. LP / DLP

El Gobierno de Pedro Sánchez presentó ayer el tercer paquete de medidas económicas y sociales -desde que decretó el estado de alarma- para restañar las heridas que dejará en todo el país el parón de la actividad productiva al que ha obligado la expansión de la pandemia global del coronavirus. Más de 50 iniciativas que se detallarán en un decreto ley y que, entre otras cuestiones, prohíben los desahucios, establecen moratorias para el pago de los alquileres o una renta básica de 440 euros para los empleados eventuales que se han quedado en paro y no acumulaban el suficiente tiempo en activo para tener derecho a una prestación por desempleo.

"Iniciativas de once ministerios" que, a juicio de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, "completan la red de seguridad" tejida por el Ejecutivo central para "no dejar a nadie atrás", completó el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Este último expuso la "triple dirección" en que viajan las últimas acciones que se implementarán y que también incluye la exención del pago de las cuotas a la Seguridad Social por parte de los autónomos afectados por la crisis, prácticamente todos. Por cierto que ayer se les giró el cobro correspondiente al mes de marzo, ante lo que Calviño remitió al día de hoy para conocer en detalle cómo se articulará la medida, pero admitió entender que se procederá a la devolución de la parte correspondiente a los días en que sus ingresos cayeron a cero por la declaración del estado de alarma en todo el país.

Las tres líneas apuntadas por Iglesias son: el "fortalecimiento del sistema sanitario", la "contribución al sostenimiento del modelo productivo", de manera que pueda arrancar desde que termine el confinamiento, y la "prevención de la desigualdad" que generará esta etapa.

Subsidio para desempleados

En línea con el último de dichos capítulos, se establece que todas aquellas personas que tuvieran un contrato de al menos dos meses de duración "extinguido tras la declaración del estado de alarma" cobrarán un subsidio extraordinario equivalente al 80% del importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Es decir, unos 440 euros mensuales. En el sector turístico canario se calcula que en el momento de parar la máquina de la economía había alrededor de 50.000 empleados eventuales. Eso sí, no todos ellos accederán a este subsidio, ya que solo regirá para aquellos en los que las rentas familiares más dependan de esos ingresos. Por tanto, las familias que cuenten con otras entradas de dinero -hoy se conocerá la letra pequeña- quedarán excluidas.

Empleadas de hogar

También se establece un subsidio extraordinario temporal para las empleadas de hogar que hayan sufrido reducción de jornada o un despido como consecuencia de esta crisis sanitaria. Al iniciarse el mes de marzo eran 9.873 en el Archipiélago.

Cobrarán el 70% de la base reguladora que figure en su último contrato y lo harán con carácter retroactivo al momento en que las decisiones para atajar el coronavirus afectaron su actividad. Además, será compatible con el ejercicio de otros trabajos, siempre que la suma de todos los ingresos no supere el Salario Mínimo Interprofesional.

Freno a los desahucios

El pasado año, los juzgados de primera instancia de Canarias dieron luz verde a 2.343 desahucios de inquilinos. Solo en el segundo trimestre, el que más afectado se va a ver por esta crisis, fueron 633. Dadas las circunstancias actuales, cabría pensar que en el presente ejercicio las cifras podrían multiplicarse, ya que la mayoría de esas decisiones judiciales tienen detrás varios impagos. Sin embargo, quienes no tengan otro lugar donde vivir y no puedan abonar el alquiler por el efecto de la crisis del Covid-19 pueden estar tranquilos hasta la mitad del mes de septiembre, según decidió ayer el Consejo de Ministros.

En el mismo ámbito se impide un encarecimiento de los arrendamientos, puesto que se decreta la renovación automática de los contratos en vigor y que expiren en los próximos tres meses. Se prorrogarán de manera automática por un plazo de medio año con las mismas condiciones.

En el caso de que el arrendador sea "un gran tenedor de vivienda", que posea más de diez inmuebles, los inquilinos "en situación de vulnerabilidad" podrán dejar de pagar mientras dure el estado de alarma y durante un máximo de cuatro meses. Tendrán tres años para ponerse al día.

Microcréditos para alquiler

Si el propietario no es un gran tenedor de vivienda, se opta por la vía de un acuerdo rápido -siete días- para el aplazamiento. Si no hay consenso, el inquilino tendrá acceso a financiación con aval del Estado y coste cero para pagar hasta seis meses. Contará con un máximo de diez años para devolver el dinero.

Superávit de entidades locales

Para quienes tienen problemas estructurales en el pago del alquiler también se establecen medidas específicas, así como para el caso de mujeres víctimas de maltrato, que contarán con hasta 600 euros para abonar el arrendamiento además de sumar otro tipo de ayudas.

Madrid también autorizó a las corporaciones locales -cabildos y ayuntamientos- a utilizar el superávit de ejercicios anteriores en la financiación de programas dirigidos a "colectivos vulnerables en materia de vivienda".

Autónomos

En sentido amplio, el nuevo real decreto deja en manos de la Seguridad Social el establecimiento de moratorias para aplazar el pago de las cotizaciones sociales hasta el próximo 30 de junio. La novedad es la inclusión de los autónomos -126.623 en las Islas y 2.715 más si se toman los registrados en el régimen específico para los del sector agrícola-, que en el caso de estar cobrando ya la prestación por cese de actividad podrán pagar fuera de plazo las cotizaciones de marzo y solo por los días anteriores al establecimiento del estado de alarma.

Los trabajadores por cuenta propia, y el resto de las empresas, que tengan deudas con la Seguridad Social que estén satisfaciendo poco a poco, también pueden solicitar la paralización de esos cobros hasta el último día del mes de junio.

Además, la moratoria para el pago de hipotecas también rige para los inmuebles que los autónomos estén pagando como sedes del trabajo que desarrollan. El plazo de suspensión se eleva a tres meses -para todos los ciudadanos- y basta una declaración responsable para acreditar que existe una situación de vulnerabilidad derivada de la crisis del coronavirus.

Agua y luz

La medida implementada por el Gobierno de España intenta también hacer más grande el círculo que engloba a las personas y familias con dificultades para hacer frente al pago de los recibos del agua, la luz y el gas. En las Islas, 36.802 consumidores -19.603 vulnerables y 17.199 vulnerables severos- reúnen las condiciones para tener una importante reducción en la factura del suministro eléctrico o, en los casos de mayores carencias, una subvención del 100%.

Ahora también podrán acogerse todos los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), despidos y todos los autónomos que hayan perdido más de las tres cuartas partes de sus ingresos.

Como quiera que los hogares se han convertido en centro de trabajo en todos aquellos casos en que los empleados pueden desarrollar sus funciones a distancia, el Consejo de Ministros decidió la prohibición de los cortes de agua y luz salvo que sean indispensables para la reparación de averías.

Consumidores

Se suspende el cobro de los contratos de adquisición de bienes o servicios que las actuales circunstancias impiden prestar. La relación quedará resuelta en el plazo de catorce días si así lo decide el consumidor. En el caso de actividades, gimnasios por ejemplo, que se cobran mensualmente, se paralizan los pagos hasta que se retome la actividad y eso no significa la rescisión del contrato.

Hay además una particularidad, la de los servicios prestados por varios proveedores, importante para Canarias porque es el caso de los viajes combinados. El comprador puede solicitar el reembolso de las vacaciones que no ha podido disfrutar o cambiar la fecha; tiene un año para fijarla desde la finalización del estado de alarma.

Planes de pensiones

Despidos, desplome de la facturación... La pérdida de liquidez en todos los ámbitos es evidente y el Ejecutivo estatal ha decidido que tanto los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como los autónomos que se han quedado sin ingresos puedan rescatar el capital que tienen invertido en planes de pensiones.

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