¿De qué sirve la protección de datos cuando una emergencia sanitaria de estas características aniquila la intimidad, por ejemplo, mediante la delación? El periodista Jochen Bittner se lo pregunta en el semanario Die Zeit que ha abierto un debate en Alemania sobre el despertar de viejos fantasmas. El psicólogo Christian Stocker alerta en Der Spiegel también sobre ello: es como si volvieran los espías del nazismo y sus primos los agentes de la Stasi, en la posterior etapa de la RDA. La vida de los otros ha quedado al descubierto y comprometida por los estados de alarma para combatir el coronavirus.
Resulta asombroso comprobar la facilidad con que, en determinadas circunstancias de excepción, esta es una de ellas, aceptamos el modo en que se suspenden ciertas libertades constitucionales fundamentales. Cómo nuestras reuniones están a punto de ser vigiladas por medio de una aplicación o alguien denuncia a ciudadanos por juntarse con otros en el período de confinamiento impuesto por razones de salud pública. En Italia, la escritora Michele Murgia mostraba su extrañeza de que apenas nadie en su país se sorprendiese por una limitación que hace mucho tiempo los ciudadanos no experimentaban de manera tan supuestamente consciente.
Los alemanes, sin embargo, sí se han puesto a discutir sobre ello. Se preguntan cuál de las opciones que se están planteando es la preferible: ¿utilizar a los vecinos de soplones de los que escapan de la cuarentena y aceptar una aplicación que rastrea todos nuestros movimientos, u oponerse a la suspensión de derechos constitucionales, sin alimentar delaciones, incluso si ello puede acarrear el coste de vidas? Bittner cuenta cómo los agentes se personaron en la puerta de su casa, en el estado de Schleswig-Holstein, después de que un vecino informase a la Policía de la llegada de un amigo suyo, dueño de un coche con matrícula de Berlín.
Incluso en la excepcionalidad de la pandemia no es fácil hacer este tipo de digestiones dentro de una democracia. Leo que justamente Die Zeit planteó, hace cinco años, la protección de la privacidad como un riesgo para la vida de las personas. El problema, que hoy recobra actualidad, es que se necesitan datos de los pacientes para investigar y hacer las correspondientes estadísticas. Y esas investigaciones y escrutinios permiten, a su vez, desarrollar soluciones que salvan vidas. ¿Cómo compatibilizarlo? En Alemania este tipo de cuestiones se viven con gran inquietud debido a la degradación de los derechos humanos en sus dos etapas recientes totalitarias.
Por lo que concierne a las delaciones, ha vuelto a salir a colación el libro del historiador Günter Scholdt, Anatomie Heiner Denunzianten-Republik, más o menos Anatomía de una república de delatores, según el cual Alemania, pese a identificarse de una manera diametralmente opuesta al Tercer Reich, sigue algunos de sus principios. Aunque no quita, sin embargo, para que en un país tan ordenancista algunos se atrevan a escabullirse de los preceptos de la lucha contra el Covid-19 rompiendo las distancias. Stocker, en Der Spiegel, explica que la respuesta de los delatores tiene algo que ver con la vieja relación mantenida con la autoridad y el autoritarismo que exige una mayor obediencia y castigo para quienes incumplen las reglas. También está relacionado, seguramente, y eso no lo dice Stocker, porque en ese sentido no hay nada que descubrir, con la educación luterana.
Pero todo parece quedar en una sutil amenaza si se compara con la gran cuarentena de las libertades que ha impuesto Viktor Orban en Hungría, donde el primer ministro utiliza la emergencia sanitaria como excusa para arrogarse plenos poderes y gobernar indefinidamente por decreto sin necesidad de recurrir al parlamento. Es la tentación totalitaria llevada a su máxima expresión. Le permitirá suspender leyes y castigar con penas de cárcel la divulgación de informaciones que considere falsas, o las críticas a su propia gestión que le disgusten, pudiendo ejercer la tiránica subjetividad del autócrata más allá de la pandemia. Orban ha burlado el argumento de la UE de que los Estados miembros deben cumplir con sus obligaciones con las leyes europeas en materia de derechos humanos y que las medidas contra el virus deben ser temporales y proporcionadas. No solo es la ausencia de una acción conjunta solidaria, los nacionalismos de los países socios están acabando con la Unión.
