La Autoridad Portuaria de Las Palmas ya está calculando el porcentaje de sus fondos que transmitirá al Tesoro Público de modo que el Estado pueda contar con liquidez para atender los gastos derivados de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus. La administración al cargo de los Puertos de Las Palmas, que forma parte del sector público estatal, es una de las entidades que tienen que derivar estas partidas requeridas por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el Real Decreto Ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros que fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, valoró ayer como adecuada la medida adoptada por el Gobierno e incidió en que la decisión facilitará que las administraciones públicas puedan disponer de liquidez "en una época donde nada está respondiendo con la previsible lógica", de modo que sea posible hacer frente a la crisis sanitaria y económica. "Con un 100% de deuda y sin la creación de bonos europeos ante esta catástrofe, lo lógico es obtener otras vías para obtener tesorería", según señaló. Con estas cantidades, el Estado dispondrá a juicio de Ibarra de un colchón financiero para poder "hacer frente a las obligaciones presupuestarias sobrevenidas, que obviamente vienen acompañadas de una caída de ingresos sin precedentes".
Los ingresos en la cuenta del Tesoro Público provendrán del superávit con el que cuentan las corporaciones locales a raíz de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, aunque en el caso de entidades como la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en las que esta norma no es de aplicación, es necesario realizar un análisis pormenorizado del dinero que puede derivarse para combatir la Covid-19. "Habrá que calcular qué porcentaje proporcional correspondería a un sector portuario con altos beneficios y que ha reducido su deuda notablemente", señaló. Durante los últimos nueve años, la administración de los Puertos de Las Palmas ha hecho un ejercicio de austeridad económica hasta conseguir rebajar a 40 millones de euros una deuda que en 2011 ascendía a 143.
