El Gobierno central ha impuesto a los cabildos y ayuntamientos una nueva condición para poder gastar el superávit presupuestario en servicios sociales. El Ejecutivo estatal ya había fijado en 300 millones de euros la cuantía máxima que en conjunto pueden usar las más de 8.000 entidades locales que hay en España, una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que solo el superávit correspondiente a 2019 roza los 5.000 millones. Y a esta limitación para el conjunto de la Administración local se suma ahora una segunda restricción que cada corporación insular o municipal deberá respetar individualmente. Cada cabildo o ayuntamiento canario, como también los consejos baleares, las diputaciones provinciales y el resto de consistorios del país, no podrá destinar para "servicios sociales y promoción social" más de un 20% de su superávit, y eso siempre que antes haya pagado las facturas pendientes, que esté al día con sus proveedores y que se haya asegurado de que el gasto no le supondrá caer en déficit. Además, el Ministerio de Hacienda tutelará a las corporaciones para que no se salgan de la hoja de ruta y avisa que en caso de incumplimiento se les aplicarán las medidas correctoras previstas en la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Ni los alcaldes ni los presidentes insulares quieren medias tintas en lo relacionado con el superávit. La reclamación al Ministerio que dirige María Jesús Montero es muy clara: los 88 ayuntamientos y siete cabildos de la Comunidad Autónoma exigen el inmediato desbloqueo tanto del superávit de 2019 como del remanente de tesorería, que básicamente es el superávit acumulado de ejercicios anteriores. En total son alrededor de 4.500 millones de euros solo en el caso de Canarias. Para hacerse una idea de la magnitud de esta cifra basta con apuntar que casi equivale al presupuesto anual conjunto de las 95 entidades locales de la región, que el año pasado ascendió en el capítulo de ingresos a 4.530 millones. En otras palabras: las corporaciones insulares y municipales del Archipiélago dispondrían de un presupuesto extra para luchar contra el coronavirus y sus consecuencias socioeconómicas si se autorizara el uso de estos fondos. "Ese dinero lo hemos ahorrado los ayuntamientos y ahora les hace más falta que nunca para hacer frente a la etapa de crisis económica que se avecina", insistió ayer el vicepresidente primero de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Francisco Linares. El también alcalde de La Orotava puntualizó que, además, tanto la Fecam como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la entidad que armoniza los intereses de todos los consistorios españoles, han solicitado la "libre y total disponibilidad de los superávits municipales, y no solo para gasto social, sino también para gasto corriente". Sin embargo, el Estado no solo no ha atendido la petición de los alcaldes, sino que ayer restringió aún más el uso de la pequeña parte del superávit que les había permitido movilizar.
Entre las primeras medidas extraordinarias para combatir la Covid-19 y sus repercusiones sociales y económicas, el Estado dio vía libre a las entidades locales para destinar parte del superávit de 2019 -solo el correspondiente al año pasado, no el remanente de tesorería- para fines sociales. El remanente o superávit acumulado por la Administración local de todo el país es de unos 28.000 millones de euros, pero solamente se autorizó el uso de un máximo de 300 millones de los aproximadamente 5.000 correspondientes al pasado ejercicio. En el caso de Canarias, los 95 cabildos y ayuntamientos podrían llegar a arañar unos 38 millones de euros de esos 300, una cantidad ínfima cuando tienen ociosos en los bancos los susodichos 4.500 millones. O dicho de otra forma: podrían llegar a usar un exiguo 0,8% del superávit acumulado. En cualquier caso, a los dos límites impuestos hasta ahora -un máximo de 300 millones para todas las entidades locales del país y exclusivamente para gasto social- se sumó ayer uno más.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un Real Decreto Ley con el que se complementan las medidas para hacer frente al coronavirus. Y entre otras cosas "se individualiza el importe del superávit que podrán destinar las entidades locales a prestaciones e inversiones relativas a gasto social", que se fija en un máximo del 20% del dinero que le quede a cada institución para las llamadas inversiones financieramente sostenibles. Es decir, que los cabildos y ayuntamientos primero tendrán que saldar cuentas con los acreedores y proveedores y luego deberán asegurarse de que el gasto no los lleve a una situación de déficit, amortizando deuda si es el caso. Una vez cumplidos esos dos requisitos quedan los fondos que Hacienda permite destinar para esas inversiones sostenibles, una vía que el Ministerio abrió tras las quejas de las comunidades autónomas y las entidades locales por el bloqueo del superávit pero que ha tenido poco éxito porque limita el margen de maniobra de las instituciones. Sea como sea, esos 300 millones de euros autorizados para gasto social entran dentro de los fondos para inversiones financieramente sostenibles, de los que cada cabildo o municipio podrá emplear -siempre que cumpla los requisitos- como máximo un 20% para luchar contra el coronavirus.
En definitiva, los condicionantes son tres: máximo 300 millones en todo el país -unos 38 en el caso de Canarias-, solo para fines sociales y, con independencia de lo anterior, un tope por entidad del 20% del dinero que le quede -si es el caso- para inversiones sostenibles.
Esquerra (ERC), socia de Pedro Sánchez, se sumó ayer en el Senado a la petición para que la Administración local pueda usar su superávit "sin limitaciones".
