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Crisis del coronavirus Reacciones a la última batería de medidas económicas

Pequeñas empresas y autónomos exigen ayudas directas y no sólo aplazamientos

Los arrendadores se muestran tranquilos al tener garantizado el pago de las rentas mensuales

Una mujer camina por una céntrica calle de Las Palmas de Gran Canaria con los comercios cerrados. JUAN CARLOS CASTRO

Los pequeños y medianos empresarios y los autónomos exigen medidas más directas al Gobierno de Pedro Sánchez. No quieren aplazamientos de impuestos ni de cuotas a la Seguridad Social, lo que reclaman es que directamente se cancelen y, además, solicitan ayudas directas para poder superar una crisis nunca vista antes y cuya duración y consecuencias todavía constituyen una incógnita. Las patronales también echan de menos más diálogo, que se les escuche para que no se tengan que enmendar las decisiones gubernamentales días después de haberse anunciado.

"El Estado debería empezar a tomar medidas en consenso con el sector privado, al menos consultarnos porque hay muchas actuaciones que se aprueban y que no compartimos", afirma José Juan Socas, presidente de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme). Teniendo en cuenta que el 90% del tejido empresarial canario lo constituyen las pymes y que muchas de ellas apenas tienen entre dos y tres trabajadores a su cargo, el aplazamiento de las cuotas a los autónomos supone un sinsentido. "Es pasar el problema de un mes al siguiente cuando tu actividad es cero y tu facturación es nula", se queja Socas, que critica que no se evite el pago de impuestos y que sólo se establezca una moratoria fiscal. Una decisión más sangrante todavía en el caso de Canarias, con su motor económico, el turismo, en punto muerto y el resto de actividades, como el comercio, cerradas a cal y canto en un escenario de tintes dramáticos. "Son empresas que viven al día y que carecen de un respaldo fuerte como el de las grandes corporaciones", se lamenta Socas.

Las líneas de crédito ICO aprobadas por el Gobierno para dar un respiro a empresas y trabajadores por cuenta propia también resultan escasas pues se han quedado cortas antes incluso de que se puedan solicitar, tal y como apunta Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). "Las acciones emprendidas son insuficientes, no queremos ir a medidas de aplazamiento, sino a bonificaciones como realizan otros países de la Unión Europea", asegura el responsable de la CCE, que apuesta también por abrir un diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales, así como con el resto de los partidos políticos de la oposición.

En este sentido, Coalición Canaria (CC) señala que "la falta de consenso previo y de búsqueda de diálogo no sólo entre los propios socios de Gobierno sino con el resto de partidos y, sobre todo, con los agentes sociales y económicos no puede ser la tónica de funcionamiento del Ejecutivo estatal durante esta crisis". El secretario general de CC, José Miguel Barragán, critica que esta falta de diálogo "obliga a hacer rectificaciones que dan una clara sensación de improvisación que no es buena ni para los ciudadanos ni para la economía".

Los alquileres se pagan

Por ejemplo, la patronal critica que el Ejecutivo de Sánchez haya tomado decisiones que afectan a la flexibilización de los despidos, pues consideran que las competencias en este ámbito han de ser exclusivamente de carácter laboral y, llegado el extremo, judicial. "Parece que somos los malos de la película, que vamos a aprovechar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo para despedir", critica el presidente de Cecapyme, que aclara que si esto ocurre, será la justicia quien tome cartas en el asunto. Mientras tanto, defiende que es el momento de dejar actuar a los empresarios, que persiguen mantener los puestos de trabajo, y no de revisar ni poner freno a las decisiones que tomen.

"Encarecer los despidos fue una medida precipitada que puede dejar a algunos negocios al borde de la liquidación. Si queremos mantener el empleo, hay que preservar el tejido empresarial, es la lección que aprendimos de la crisis de 2008", recuerda Manrique de Lara. Desde Cecapyme, calculan que entre un 50% y un 60% de pequeñas y medianas empresas pueden verse muy dañadas si la actual parálisis económica se alarga en el tiempo ya que, a diferencia de la ocurrida hace una década, ahora apenas se dispone de capacidad de reinvención y el margen de actuación es muy estrecho.

Lo que sí comparten ambas crisis es el miedo a que se vuelva a producir una cascada de desahucios ante la falta de liquidez de inquilinos y propietarios. Para evitarlo, se aprobó en primer lugar la moratoria hipotecaria -ampliada de uno a tres meses- y en la última tanda de medidas se abordó cómo garantizar el pago del alquiler en plena debacle. La concesión de créditos a interés cero en el caso de que los arrendadores sean pequeños propietarios y una quita del 50% de la deuda o su reestructuración en tres años para los grandes tenedores fueron las actuaciones anunciadas.

De esta manera, desaparece la amenaza del impago de las rentas. "Los pequeños propietarios, que son alrededor del 80% en Canarias, se sienten más protegidos porque muchos de ellos necesitan estos ingresos para vivir", explica Isidro Martín, delegado en las Islas de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (Apei). Para salvaguardar el derecho a tener un techo, el Gobierno prorrogó de manera automática durante medio año los contratos de arrendamiento que venzan en plena crisis, para evitar también subidas abusivas aprovechando el Covid-19. Una decisión que para Martín puede dar lugar a que "algún listillo actúe de mala fe, sobre todo si esta medida se prolonga", por lo que apuesta por reducirla de seis a cuatro meses.

Una visión muy diferente a la que tienen en el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, donde lamentan que las familias vulnerables se vean doblemente castigadas no sólo por seguir pagando unos alquileres a precios desorbitados -alcanzan una media de 997 euros en la provincia de Las Palmas- sino también por tener que pedir un préstamo sin saber qué situación laboral y económica tendrán en el futuro. "Los microcréditos propuestos por el Gobierno obedecen a un razonamiento muy peligroso, el de que las familias tienen que endeudarse para que los propietarios sigan recibiendo sus ingresos", se queja José Cardona, portavoz de esta organización sindical, que argumenta que la mayor parte de dueños de viviendas ganan de media, sin incluir los ingresos por el alquiler, unos 38.000 euros anuales, frente a los 23.000 euros de media de los inquilinos.

La misma queja e incertidumbre económica se produce con la paralización momentánea de los desahucios, que Cardona vaticina que terminarán ejecutándose más adelante ante la imposibilidad de hacer frente a las mensualidades por parte de los inquilinos. "Exigimos medidas reales, que no obliguen a la gente a elegir entre comer o tener una casa", asegura el portavoz sindical.

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