Encontronazo entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Trabajo y Economía Social por el recuento de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El departamento de Yolanda Díaz afeó públicamente que la Consejería de Economía, Empleo y Conocimiento del Ejecutivo autonómico no le haga llegar el número de expedientes que se presentan en las Islas. El portavoz del Gobierno del Archipiélago, Julio Pérez, no ahorró en potencia a la hora de devolver el golpe: "Somos nosotros los que reprochamos al ministerio que nos hayan dado una dirección de correo electrónico equivocada".
Ayer mismo por la mañana, la consejera Elena Máñez se comunicó con Madrid para hacerles caer en la cuenta de que erraron al facilitar el canal a través del que se tenían que hacer llegar los datos. El portavoz gubernamental señaló la ausencia de "elegancia" mostrada por el equipo de Díaz al permitirse un "reproche público" sin ni siquiera llamar por teléfono.
Además, Pérez admitió ayer que Máñez mostró el miércoles, durante la Conferencia Sectorial de Empleo, "su desacuerdo" con que el Gobierno central acapare buena parte de los fondos que estaban destinados a las políticas activas en las comunidades autónomas. No obstante, el portavoz del Gobierno regional señaló que eso no significa que el Archipiélago renuncie a dichas cantidades -llegarán 156 millones y el año pasado fueron casi 200-, destinadas en gran parte a la reinserción de los colectivos que mayores dificultades presentan para encontrar un puesto de trabajo.
Por otra parte, Pérez señaló que esos fondos que retiene el Estado servirán para, entre otras cuestiones, afrontar los pagos a los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), entre ellos también a los canarios.
