La patronal CEOE-CEPYME ha reiterado ese sábado su apoyo a las "decisiones de las autoridades sanitarias", después de que el Gobierno haya decidido prorrogar dos semanas más el estado de alarma. "Los empresarios españoles estamos alineados con la necesidad de salvaguardar de forma prioritaria la salud y la seguridad de los ciudadanos", ha asegurado. Pero al mismo tiempo, ha advertido de que el nuevo plazo "podría hacer más profunda la recesión económica" de muchos sectores y empresas, especialmente pymes y autónomos.

Por ello, las dos organizaciones han instado al Ejecutivo a que "de manera rápida y eficaz proceda a suspender las obligaciones de pago de impuestos". En particular, demandan que se interrumpa el abono de tributos como el IVA, el IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social en aquellos sectores y empresas "más golpeadas por el descenso de la actividad". La medida, han destacado, ha sido adoptada ya por 22 países europeos y 15 comunidades autónomas.

Las patronales han argumentado que no está siendo posible disponer de la información contable y fiscal del "gran espectro empresarial" para poder cumplir con los deberes tributarios. Como ejemplo, han expuesto, un 80% de las pymes realizan sus declaraciones a través de profesionales externos que están emplazados en locales diferentes a la empresa, y en un 50% el tratamiento de facturas se realiza en papel, además de que el pago en ventanilla física de las entidades financieras es todavía frecuente. "No cabe ya solicitar aplazamientos, puesto que su tramitación sería en si mismo un nuevo obstáculo para muchas empresas que están ya al borde del cierre", han sostenido.

Más avales

Las dos asociaciones, asimismo, ha asegurado que "muchas empresas y sus trabajadores viven en estos momentos una situación angustiosa tras semanas con pocos o nulos ingresos, a la espera de una financiación que no está fluyendo a la velocidad deseada y, en cambio, soportando puntualmente el pago de los tributos y seguros correspondientes". En este sentido, han reclamado que se amplíe "con carácter inmediato" la línea de avales públicos aprobada por el Gobierno de 100.000 millones de euros, desde los 20.000 millones dispuestos inicialmente a los 50.000 millones, así como que se destine esta dotación adicional especialmente a pymes autónomos.

Las patronales, además, han insistido en que el Gobierno flexibilice los procesos de regulación temporal de empleo (ERTE) y que las condiciones que solicita se mantengan temporalmente después de finalizar el estado de alarma, con el objetivo de "seguir salvaguardando el empleo" y lograr "en la medida de lo posible" que la caída de la actividad no se traduzca en mayores niveles de desempleo.

"Una vez más, nos ponemos al servicio del Gobierno para trabajar en la preparación de una salida progresiva de la crisis para todos los sectores económicos, sobre todo en ámbitos tan complejos como el industrial, y reiteramos nuestro convencimiento de que las empresas españolas formamos parte de la solución", han concluido.