Casi 200.000 trabajadores tienen en este momento en Canarias su contrato suspendido o reducido debido a un expediente de regulación temporal de empleo o, lo que es lo mismo, uno de cada cuatro cotizantes a la Seguridad Social de las islas se encuentra ya en esa situación.

El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez (PSOE), ha detallado tras la reunión del Consejo de Gobierno que, al término del martes, se habían recibido en la administración 25.183 solicitudes de ERTE por fuerza mayor ante el parón de la actividad generado por el coronavirus.

Esa cifra supone elevar en casi 1.000 el número de ERTEs que se divulgó el lunes (24.337 expedientes), con de 12.000 a 13.000 trabajadores afectados adicionales (el lunes eran 186.754).

De acuerdo con las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo, Canarias comenzó abril con 767.089 trabajadores cotizando a la Seguridad Social. El número de empleados en ERTE conocido ahora (los afectados por esos expedientes siguen cotizando) equivale al 25,9 % de todos los afiliados a la Seguridad Social en las islas.

Pérez ha detallado que el 98 % de las empresas que ha solicitado acogerse al mecanismo extraordinario de los ERTEs por fuerza mayor en Canarias tiene menos de 50 empleados y prácticamente la mitad son negocios con menos de cinco asalariados.

A partir de estas cifras, el portavoz ha insistido en la demanda planteada por su Ejecutivo al Gobierno central: Canarias quiere que, al menos en su territorio, el período de vigencia de los ERTEs por fuerza mayor no acabe cuando se levante el estado de alarma.

Porque si eso ocurriera, ha advertido Pérez, en Canarias habría numerosas empresas que al día siguiente no podrían retomar su actividad.