Los 20.000 millones de euros en créditos avalados por el Gobierno español a través de Instituto de Crédito Oficial (ICO) de para que empresas y autónomos puedan sobreponerse a los devastadores efectos de la epidemia de Covid-19 están a punto de agotarse. Los principales bancos han advertido desde el lunes, cuando se abrió el plazo para optar a estos préstamos, y confirmaban ayer, que la cuota puesta a disposición de los empresarios y trabajadores por cuenta propia llegaría a su fin, como muy tarde, a lo largo de esta semana, lo que ha llevado a los interesados a reclamar que se ponga en marcha ya el segundo tramo de créditos previsto por el Ejecutivo y que disponga de una cuantía superior a la inicialmente fijada. De hecho, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, también ministra de Hacienda, aseguró ayer que cuando las entidades financieras suministren información sobre el primer tramo analizará los ajustes que haya que introducir en el segundo.

Ni el ICOni la banca estaban ayer en disposición de concretar todavía cuántas empresas canarias se habían adherido a esta medida ni por qué importe lo habían hecho. Lo que sí transmiten es que las solicitudes se cuentan por miles y que la cantidad asignada probablemente se agote pronto. Dadas las características del tejido empresarial del Archipiélago, constituido mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, parece previsible que se recurra sobre todo a la parte -10.000 millones- dedicada específicamente a pymes y autónomos. La otra mitad de este primer tramo se dirige a grandes compañías.

"Las líneas de avales se van a quedar muy cortas", señaló el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, quien destacó que las entidades financieras están habilitando líneas de crédito independendientes de las apoyadas por el Gobierno, aunque "lo importante" será que "mantengan las condiciones". Las organizaciones empresariales tienen claro que "hay que inyectar mucho más dinero", lo que pasa por permitir elevar el endeudamiento de las administraciones públicas para que estas pongan los recursos necesarios para que las empresas "no se estrangulen".

La situación más delicada la viven los profesionales autónomos. No solo es un colectivo muy numeroso -3,2 millones en España y unos 129.000 en las Islas, todo ello antes del previsible desplome en las afiliaciones a este régimen que ha acarreado la crisis del nuevo coronavirus-, sino que ya han tenido que abonar la cuota correspondiente a marzo. El presidente en Canarias de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Juan Carlos Arricivita, advierte de que, para conceder el crédito, el beneficiario debe estar al corriente en sus pagos, algo complicado en estos momentos. "Mucha gente va a tener que recurrir a familia y amigos para conseguir liquidez y habrá otros que no puedan". Tampoco convence a este colectivo que cada banco tenga libertad para aplicar el tipo de interés, lo que, de nuevo, perjudica a los autónomos. "Cuanto más pequeño eres, más te ningunean las entidades financieras", dice Arricivita.

Las críticas a la banca han procedido también de algunos clientes, que se han encontrado con que la concesión del crédito avalado por el Gobierno se ha condicionado a la adquisición de productos que ofrecen las entidades; en concreto, seguros de vida. El Banco de España advirtió ayer, a través de un comunicado, de que revisará "el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas bancarias" en la comercialización de los avales del ICO. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recibido una cincuentena de denuncias en este sentido y ha anunciado ya la apertura de investigaciones.