La construcción se convertirá de nuevo en el sector que sacará a Canarias de la debacle económica causada por el coronavirus, que ha dejado a su motor económico, el turismo, en muerte cerebral. Así de claro lo tienen tanto la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (Aecp) como la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), que también señalan el imprescindible papel que jugarán las administraciones, pues sin obra pública será imposible dinamizar la maltrecha economía de las Islas.
"Hemos hecho una petición oficial al Gobierno de Canarias y también al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que se pida una excepción para el Archipiélago y se levante la suspensión de la plataforma de licitación", explica la presidenta de Aecp, Salud Gil. Es decir, que además del decreto que aprobó el Ejecutivo regional para seguir adelante con los procesos administrativos de manera interna se quiere ir un paso más allá al reclamar que en las Islas se pueda licitar y adjudicar obra, incluso firmar contratos, a pesar del estado de alarma. "Eso significaría que al volver a la normalidad, las empresas del sector estarían preparadas para empezar a trabajar, con expectativa de empleo y circulación de actividad, con el material comprado y el personal contratado", relata Gil.
Pero para ello hay que presentar ofertas, llevar a cabo procedimientos administrativos y firmar contratos; en definitiva, que las corporaciones no dejen de dar licencias que luego se conviertan en edificaciones de ladrillo y hormigón. "Hay que generar una economía virtual que se ponga al servicio de una economía real", argumenta Gil. En esta misma línea, la asociación de constructores y promotores de Las Palmas pretende que, además, se publique con carácter inmediato el decreto de desarrollo del Plan de Vivienda de Canarias -que prevé la construcción de al menos 2.200 inmuebles en cuatro años- y se acometa un plan de emergencia habitacional para construir viviendas públicas en arrendamiento de manera urgente.
"Es fundamental que las administraciones públicas sigan haciendo los proyectos, licitando y adjudicando porque si esto se sigue haciendo, cuando dentro de unos meses podamos trabajar lo haremos con normalidad. Lo esencial es que sean ágiles", asegura el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, que tiene claro, al igual que su homóloga en la provincia oriental, que no hay otra receta para salir que hacerlo a base de obra pública, de infraestructura y construcción de viviendas, tal y como señala que lo están haciendo ya Estados Unidos y Alemania, entre otros países.
La seguridad como prioridad
A partir de mañana, alrededor del 65% del sector de la construcción se pondrá a trabajar. No lo hará en circunstancias normales, pues seguirá sujeto a las restricciones del estado de alarma, que marca limitaciones respecto a las distancias mínimas de seguridad entre operarios, por ejemplo. Para garantizar en todo momento el cumplimiento de las normas, empresarios y sindicatos se han puesto a trabajar juntos para que la seguridad sea absoluta y que se garantice en la medida de lo posible todo el material de protección, anunciado ayer por los ministros de Sanidad e Interior, Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska. Para ello, se celebrarán reuniones antes de comenzar a trabajar, se ha elaborado una guía específica para el sector con el fin de que todos sus miembros estén informados y se colocarán carteles en todas las obras.
La construcción -formada en un 96% en Canarias por autónomos y pymes- es para el presidente de Fepeco la única actividad que puede arrastrar a la economía de las Islas con el turismo en punto muerto. "Por cada empleo se crean 2,5 puestos de trabajo en otros sectores, por lo que en las Islas hay unas 125.000 personas que dependen de la construcción", recuerda Izquierdo, que añade que por cada millón de euros que se invierten en el ladrillo, se generan 15 empleos indirectos, entre ellos carpinteros, electricistas o decoradores, entre otros.
