La crisis económica derivada de la emergencia sanitaria obliga a flexibilizar el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. El Archipiélago, dado su carácter insular y ultraperiférico y su gran dependencia del sector turístico, acusa con mayor intensidad las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del coronavirus, una circunstancia que, según apunta un estudio de la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) dirigida por Salvador Miranda, empuja a acomodar los requisitos temporales y los objetivos exigidos en los incentivos fiscales del fuero canario a una realidad de parálisis económica y destrucción de empleo surgida de forma abrupta.
El informe El REF ante la crisis económica y social del coronavirus. Reflexiones y propuestas señala la necesidad de arbitrar medidas que determinen, con claridad, que la inactividad provocada por la crisis no llevará consigo un incumplimiento de la normativa del Régimen Econónico y Fiscal. Los once autores del análisis concluyen que es necesario llevar a cabo cambios puntuales en la legislación general y en la específica del REF para que, de un lado, las empresas "se vean correspondidas por la Administración en los efectos negativos de la crisis, tanto en su tesorería como en la cuenta de resultados, con eficaces y generosas moratorias en el pago de sus impuestos" y que, de otro, la parálisis transitoria impuesta por el estado de alerta sanitaria -o incluso el posible cierre definitivo de la entidad por causas sobrevenidas de la crisis- no incurra en el incumplimiento de los plazos de materialización y mantenimiento de las inversiones y la creación de puestos de trabajo afectos a los incentivos fiscales de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), de la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC) y de la Zona Especial Canaria (ZEC).
El debate sobre la moratoria fiscal abierto no solo debe centrarse, según apunta el informe, a la declaración y pago de las obligaciones tributarias por cumplir, sino que también debe poner el foco en la prórroga al cumplimiento de los elementos temporales de los beneficios fiscales del REF. Los autores del estudio apuntan, en concreto, a la ampliación, al menos en un año, de los plazos de materialización de la RIC que vencen en 2020 y en 2021. La prolongación del plazo de tres años de las inversiones anticipadas es otra de las propuestas recogidas en este documento. Con esta medida se pretende sortear el riesgo de que una empresa pierda el beneficio que se quería disfrutar con la inversión anticipada efectuada en 2017 en caso de que no se generan beneficios en este ejercicio. El estudio hace hincapié, igualmente, en la necesidad de flexibilizar el requisito de mantenimiento de la inversión establecido tanto para la RIC como para la deducción por adquisición de activos fijos nuevos. El REF establece que los elementos patrimoniales en los que se invierta con estos instrumentos fiscales deben permanecer en funcionamiento, como mínimo, durante cinco años, pero la Cátedra del REF recuerda que el estado de alerta ha llevado al cese temporal -y en algunos casos está por ver si definitivo- de numerosas empresas.
El mercado laboral evidencia las grietas abiertas por el Covid-19 en la economía canaria. Hasta el viernes pasado se habían presentado en las Islas más de 26.000 expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) que afectan a 195.183 personas. Canarias ya había destruido, a cierre de marzo, más de 51.000 puestos de trabajo en comparación con los datos de afiliación de final de febrero. Ante las dificultades que atraviesan las empresas para sostener el empleo, los expertos también plantean una adaptación de los requisitos del sostenimiento del empleo, tanto en la RIC como en la ZEC, así como una flexibilización en el plazo para realizar las inversiones mínimas obligatorias en el segundo caso.
El informe de la Cátedra del REF apunta a la necesaria apertura del diálogo con Europa para la flexibilización de los mecanismos antes citados dado el carácter de ayudas de Estado de los incentivos en el Derecho de la Unión Europea (UE).
Uno de los efectos derivados de la pandemia, según apuntan los expertos, es la desactivación, al menos temporal, del diferencial fiscal favorable con el resto de España y de la UE que se obtiene a través de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal. Si estos no se adaptan a la nueva realidad, difícilmente se podrá recurrir a ellos para "compensar aspectos negativos y efectos desfavorables de la insularidad económica", tal y como recoge la propia legislación.
Los expertos subrayan, por ello, que "es importante y urgente aclarar el marco normativo de los aspectos tributarios del REF" para dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes, ofreciendo "un grado de certeza razonable" a los operadores económicos de los incentivos. Concluyen, a su vez, que es imprescindible adaptar los incentivos a las "excepcionales circunstancias" que atraviesa el Archipiélago como consecuencia de la irrupción del coronavirus.
