El Gobierno regional no ha presentado aún propuestas concretas para el plan de reconstrucción económica y social que lanzó el presidente Ángel Víctor Torres en el Parlamento esta semana. El principal grupo de la oposición, Coalición Canaria, se ha adelantado con su propio plan de más de 120 medidas tanto generales como sectoriales y una ficha financiera de 2.500 millones de euros en un periodo de dos años. Las patronales consideran que se trata de un buen punto de partida para un debate que debe ser muy rápido y eficaz ante la emergencia económica y social que se cierne sobre las Islas.
Los nacionalistas proponen cuestiones que están en la agenda del Ejecutivo como la renta básica ciudadana para las familias más perjudicadas por esta crisis. Pero CC va más allá y propugna iniciativas que se mantengan al menos dos años para aminorar el impacto del cierre de la actividad en el tejido productivo y laboral de las Islas. Es el caso de la bonificación del 50% de la base imponible del IRPF para aquellas personas que llevan más de cinco años residiendo en Canarias, la suspensión del pago de hipotecas para trabajadores y autónomos que pierdan su empleo, la bonificación del 100% de la cuota a los autónomos y empresas de menos de 10 empleados y del 50% durante los seis meses posteriores o la vigilancia y control de los precios de productos de primera necesidad.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, considera que los nacionalistas se han anticipado al Gobierno con un plan estructurado y ordenado que abarca los diferentes sectores y ámbitos de la actividad económica. "Esto les da cierta ventaja porque ya tienen sus propuestas sobre la mesa cuando el Gobierno convoque a los partidos políticos para consensuar medidas", añade el dirigente empresarial.
La formación nacionalista no se ha limitado solo a presentar su plan a los medios de comunicación, también lo ha remitido al Ejecutivo, a los agentes económicos y sociales y a otros partidos y colectivos. De hecho, el lunes habrá un encuentro convocado por CC con las dos patronales canarias para exponerles los principales puntos del plan.
Los empresarios ya esperaban el miércoles propuestas concretas del Ejecutivo en el comité de gestión económica pero no fue así. Ante ello, Manrique de Lara advierte que la situación exige un trabajo conjunto y, sobre todo, "muy rápido" porque "no se trata de empezar a crear comisiones y que tardemos dos meses, necesitamos tener muy rápido un plan ejecutivo encima de la mesa que se pueda valorar, que tenga ficha financiera y que sea ejecutable", advierte.
La iniciativa lanzada por CC "está sobre nuestra mesa para consensuar un plan de recuperación y hay medidas con las que estamos de acuerdo y otras que habrá que matizar o modificar, supongo que el Gobierno estará conforme con unas y con otras no porque Coalición Canaria es ahora oposición y tiene que asumir su papel, la iniciativa política le corresponde al Gobierno y por eso pedimos rapidez y que haga sus propuestas", añade el dirigente de la patronal.
Por su parte, el secretario general de la CEOE de Tenerife, Eduardo Bezares, prefiere remitirse a la reunión que tendrá lugar el próximo lunes entre las dos patronales canarias y los impulsores del documento de CC, entre ellos el expresidente del Gobierno Fernando Clavijo, encargado de coordinar el plan. Bezares considera que entre las propuestas hay cuestiones que son "útiles" para alcanzar un acuerdo que permite la recuperación económica de las islas.
Al dirigente empresarial tinerfeño no le gusta el término "reconstrucción" para denominar el plan ya que "aquí no hay hoteles derruidos, solo están vacíos, nos gusta más reactivación o impulso", añade.
Más iniciativa
Las patronales reiteran que es al Gobierno al que le corresponde la iniciativa de lanzar medidas y pactarlas con los diferentes sectores implicados, si bien tanto las dos organizaciones empresariales como las diferentes sectoriales, además de los sindicatos, han ido trasladando a los representantes del Ejecutivo diferentes propuestas de índole económica, fiscal o laboral tanto para hacer frente a la emergencia actual como para el "día después" de la misma.
Junto a la presentación del documento en sociedad, CC remitió una carta al presidente del Gobierno, fechada el pasado lunes, en la que los nacionalistas le recuerdan a Torres que le han propuesto varios paquetes de medidas en las diferentes reuniones que ha mantenido el jefe del Ejecutivo con los portavoces de los grupos políticos parlamentarios en las últimas semanas. Ahora se suma lo que CC denomina "plan para el futuro social y económico de Canarias, un plan para reactivar Canarias tras la crisis del Covid-19".
Se trata de una nueva tanda de medidas en el marco de las competencias que le corresponde a la Comunidad Autónoma pero también en el ámbito de las responsabilidades del Estado y de la Unión Europea. Los nacionalistas demandan la implicación de todos los sectores y de toda la sociedad. En la financiación de las medidas, unos 2.500 millones de euros en dos años, Coalición prevé la utilización de una parte del superávit de las administraciones canarias, la deuda del convenio de carreteras -que asciende a unos 1.000 millones de euros- y los fondos provenientes del ICO, que son a devolver pero sin intereses que los graven.
Al día siguiente, el presidente Torres compareció de forma virtual ante la Diputación Permanente del Parlamento para explicar la gestión del Gobierno en la crisis del Covid-19 y propuso la articulación de un gran plan de reconstrucción económica y social de Canarias pactado con todos los sectores políticos, sociales y económicos de las Islas que se convierta en la base de la negociación de la Comunidad Autónoma con el Estado y la UE para lograr los fondos y las medidas necesarias para reactivar la economía y proteger a los más vulnerables.
Los nacionalistas reclaman entre las medidas de carácter social complementar durante dos años, de manera extraordinaria, las pensiones no contributivas en Canarias, equiparándolas al SMI, así como reconocer la prestación por desempleo para los trabajadores/as del hogar y cuidados, único sector excluido de este derecho. También se propone organizar con los cabildos y ayuntamientos de las Islas una red logística de abastecimiento que entregue una cesta de primera necesidad a las familias que se vean más afectadas por la crisis del Covid-19.
