La Comunidad Autónoma recaudará este año mucho menos de lo presupuestado a causa de la irrupción del coronavirus y el posterior confinamiento. Pero el Estado también sufrirá este problema, y con creces. El Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) calculan en un reciente informe que la recaudación de impuestos caerá en 2020 en 40.000 millones de euros. Y eso como mínimo, ya que los expertos parten de la premisa de que el Producto Interior Bruto (PIB) nacional se contraerá un 5%, un porcentaje extraordinario pero que no pocos firmarían, sobre todo tras conocerse que el Banco de España no descarta que el golpe se lleve por delante hasta un 13% del PIB. En el caso del Archipiélago, la merma en los ingresos públicos -los que cobra la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e independientes del Bloque de Financiación Canario, es decir, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes- llegaría a 600 millones de euros. Y eso si se cumple la premisa de que el PIB español se reduzca ese 5%, porque a cada punto más, mayor sería la caída de la recaudación estatal en las Islas.
Los fondos públicos, tanto los de las comunidades autónomas como los del Estado, están así sostenidos con alfileres. Y mientras, los gastos no dejan de incrementarse día tras día y mes tras mes: hay que sufragar los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor -que cuestan 338 millones de euros al mes solo en Canarias-, las rentas de inserción, los subsidios extraordinarios a quienes más han sufrido la Covid-19 y sus efectos en la economía y todos los demás gastos ordinarios, con las pensiones en primer lugar. Un puzle de solo dos piezas que, paradójicamente, no puede terminarse sin la ayuda de Europa, en el caso de España, y de Europa y de España, en el caso de las Islas.
Bruselas ya ha dado luz verde a su plan de reconstrucción, que movilizará alrededor de 1,5 billones de euros para superar las consecuencias del coronavirus; sin embargo, el reparto entre los Estados Miembros aún debe concretarse, como también la fórmula con que Pedro Sánchez distribuirá después entre las autonomías los fondos que reciba España.
