El documento que el Gobierno de Canarias presentará pasado mañana para sentar las bases del pacto de reconstrucción incluye medidas "específicas y concretas", pero no la financiación con que contará cada una de ellas. La ficha financiera, es decir, el dinero que se destinará para cada acción, exige que en la Consejería de Hacienda sepan con certeza los recursos de que se dispondrá, lo que a su vez exige que Madrid y Bruselas se mojen en la tarea de rescatar al Archipiélago. En otras palabras: de nada serviría asignar una suma equis de dinero a esta o aquella otra medida sin antes conocer hasta qué punto podrá la Comunidad Autónoma endeudarse o usar su superávit -lo que depende del Ministerio de Hacienda- o si Europa accederá o no a, por ejemplo, transferir fondos extraordinarios a las regiones ultraperiféricas. Sin una mínima garantía presupuestaria, cualquier asignación de recursos no solo sería un brindis al sol, sino que, además, podría generar en la sociedad unas expectativas a todas luces infundadas.
Así lo explicaron ayer desde el Ejecutivo regional al hilo de las condiciones que han puesto los partidos de la oposición, esto es, Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), para sumarse al pacto propuesto por Ángel Víctor Torres: que a cada medida la acompañe su correspondiente ficha financiera y que Torres y su Gabinete sean contundentes ante el Gobierno central en defensa de los intereses de las Islas.
En relación con la primera condición, la oposición entiende que las medidas quedarían en agua de borrajas si no se especifica qué cuantía le corresponderá a cada una. Algo que el Gobierno comparte pero para lo que hace falta esperar a que Madrid y Bruselas muevan ficha, ya que arriesgarse a fijar cantidades sin tenerlas atadas también sería, argumentan, un ejercicio en vano. Es más, fuentes de la Presidencia hicieron hincapié en que esta es la razón de que se haya buscado un gran pacto antes de la elaboración del programa definitivo, ese en que sí se cuantificará cada medida u objetivo. Por lo tanto, la idea es que el documento que se presente este viernes se discuta en los siguientes días con los partidos, la patronal y los sindicatos; se modifique y corrija si es necesario; se le añadan medidas o propuestas de última hora; y se apruebe en el Parlamento una vez consensuado. Este será el pacto de reconstrucción, la hoja de ruta asumida y compartida por todos. Y luego, cuando el escenario presupuestario esté definido, vendrá el plan de reconstrucción, donde ya se pondrán negro sobre blanco los dineros para cada acción. El cuándo estará casi depende más de Madrid y Bruselas que de Canarias.
En cuanto a la segunda gran exigencia de la oposición, es decir, que Torres sea firme ante Pedro Sánchez, desde el Ejecutivo regional precisaron que el documento que se dará a conocer este viernes explicita el compromiso de pelear tanto ante el Estado como ante las autoridades comunitarias por cuanto sea necesario para sacar al Archipiélago del atolladero. No obstante, aseguraron que más allá de ese compromiso, el Gobierno de Canarias "estará en primera línea de batalla" si el Ejecutivo central no hace suyo el pacto de reconstrucción (que muy probablemente cambiará de nombre de aquí al viernes por el componente negativo que implica el término reconstruir).
REF, ERTE, cambios legislativos...
El documento base que ultima el Gabinete de Torres incluye diversas medidas para promover la obra pública, favorecer la colaboración público-privada, ayudar a la financiación y liquidez de las empresas, agilizar los trámites administrativos e incluso impulsar el teletrabajo, entre otras muchas. Y para ello se abren vías como potenciar el Régimen Económico y Fiscal (REF), prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor o modificar una serie de leyes para reorientarlas hacia la recuperación socioeconómica.
En esta línea, en el Gobierno valoran las propuestas de la oposición, y especialmente las de CC, si bien su puesta en práctica exigiría "unos 4.000 millones", es decir, la mitad del presupuesto anual de la Comunidad Autónoma.
