¿Es la hora de la obra pública?
Puede ser uno de los sectores en los que apoyarnos para superar la crisis económica. Estamos preparados y llevamos muchos años de retraso en la inversión. Tenemos que utilizarla como herramienta para salir adelante hasta que recuperemos niveles normales en el turismo y el resto de sectores que se están viendo especialmente dañados.
¿Años de retraso?
Repasando la historia reciente de Canarias, con la entrada de España en la Unión Europea (UE) llegó mucho dinero para infraestructuras. Cambiaron muchas cosas, se mejoraron las carreteras o se construyeron depuradoras y desaladoras, por ejemplo. La crisis de 2008 provocó un parón de la economía y, salvo aquel Plan E de Zapatero, se dejó de invertir en obra pública. Tenemos redactados y tramitados muchos proyectos que se podrían empezar de inmediato.
¿Y nunca se reactivó?
La crisis fue prolongada. Al mismo tiempo llegó la adaptación del planeamiento hidrológico canario a la Directiva Marco del Agua de la UE, y por unas cosas u otras llevamos diez o doce años sin invertir en infraestructuras. Tenemos muchas muy buenas, hay agua en calidad y cantidad suficientes, pero las desaladoras necesitan mantenimiento, ampliaciones y renovación. Su vida útil es de entre quince y 20 años. O renovamos los equipos, o vamos mal, lo que es muy grave. Un colapso en este ámbito puede ser dramático.
¿Hay volumen de proyectos listos para acometerse?
Hay mucho que hacer y claro que muchos trabajos están pendientes de comenzar. Un proyecto se tiene que someter a muchos filtros territoriales, ambientales, técnicos y económicos. A nadie se le ocurre hacer una carretera y mañana se pone a construirla, son años de tramitación. Respondiendo a la pregunta, por supuesto que hay proyectos que están con todos los trámites superados y que cuentan con presupuesto en todos los ámbitos: puertos, carreteras o aguas.
La Administración ya ha mostrado su intención de impulsar la economía echando mano de la obra pública.
Esperemos que en esta ocasión sí ocurra y que la crisis no vuelva a ralentizar la inversión.
No han faltado voces criticando que la construcción esté operativa por el riesgo de contagio que supone. ¿Lo ve así?
Esta cuestión ha sido objeto de intenso debate en nuestro colegio y el sector en general antes de que el Gobierno central decretara el estado de alarma. Alguna empresa consideraba que no podía garantizar la seguridad de sus trabajadores. En cuanto conocimos las medidas a aplicar, introdujimos los protocolos de seguridad necesarios en el trabajo. Todo ello partiendo de la premisa de que, en general, la obra pública es menos intensiva en mano de obra de lo que puede serlo la edificación, por poner un ejemplo.
Pues precisamente el vicepresidente Román Rodríguez habla de la obra pública como absorbedora de mano de obra.
Y tiene razón. Le hablo del espacio, no de la cantidad de operarios. Puede haber elementos de una carretera que se preparan fuera del tajo -hormigonado, aglomerado...-, con lo que el número de trabajadores cerca unos de otros es bajo. Dicho esto, también le apunto que, con las medidas de seguridad adecuadas, es posible trabajar en un edificio.
¿La ausencia de turistas es un factor favorable para realizar estos trabajos?
Claro, en cada obra existen lo que llamamos externalidades: polvo, ruido, cortes de carreteras... Cuantas menos personas las sufran, tanto mejor. Ya no le digo si estamos en un periodo de movilidad reducida como el presente. Además, el nivel de transporte va muy ligado a la evolución de la economía de un lugar. Si el PIB se reduce, como parece que va a suceder en toda España, y en el caso de Canarias por encima incluso del 20%, los niveles de movilidad van a ser muy bajos, empezando por los que conlleva la propia actividad turística. Afortunadamente, los ingenieros de Caminos, públicos y privados no hemos cesado nuestra actividad y estamos en disposición de preparar el territorio para cuando retornen los turistas. Incluso alguno me ha comentado que trabaja más que antes. Podemos ayudar.
¿Qué me contesta si le planteo que esto suena a defensa del gremio al que representa?
En absoluto. O mejor dicho, no es solo eso. Claro que defiendo a mi gremio, pero lo que planteo es que existe una oportunidad para poner la casa bonita, arreglar las infraestructuras obsoletas, mejorarlas. Y no se trata de construir por construir, sino de acometer todo aquello que ya teníamos detectado que era necesario y que tenía demostrada su rentabilidad socioeconómica, que debe ser condición inherente a toda obra pública. Tenemos numerosos proyectos que han pasado ese trámite y también el medioambiental.
Bien, ¿y de dónde sacamos el dinero para hacer esas obras?
No me gustaría entrar demasiado a fondo en ese debate, pero reconozco que es necesario abordarlo. Hace años se hablaba del efecto multiplicador de la inversión en obra pública, ahora se ha sustituido por esa rentabilidad socioeconómica de la que hablaba. Pero quedémonos con el primero de esos conceptos. De acuerdo con los datos que yo manejo, los del profesor de Economía del Transporte Rafael Izquierdo, cada euro de inversión en obra pública genera 2,1 euros. También dinamiza los ingresos de las administraciones, a las que retorna en forma de impuestos parte de la inversión, en torno a un 50% de cada euro. Son cifras de inicios de los 2000, y hoy se maneja más la rentabilidad socioeconómica -ahorros de tiempo, negocios adicionales que se fomentan...-, pero están ahí.
Se disfrazaron tantos desmanes de obra pública...
Evidentemente no se pueden hacer aeropuertos sin aviones ni cosas por el estilo. Hablo en todo momento de proyectos de los que está demostrada su utilidad y han cubierto con éxito una tramitación muy exigente.
Deje que le insista. Según estamos ahora, ¿de dónde sacamos el dinero?
Lo cierto es que el dinero ahí está, en los convenios de carreteras u obras hidráulicas, en los remanentes de las administraciones regional, insular y local. Además, está el carácter medioambiental de algunos de los proyectos de los que hablamos, con lo que no sería difícil obtener financiación europea. Una de las principales preocupaciones que tenemos es que los políticos están plenamente volcados en atender el gasto social. No me interprete mal, claro que hay que prestar la máxima y la principal atención a las personas, pero hay que mirar también más allá y mantener la economía activa para, precisamente, generar ingresos vía impuestos que permitan atender el gasto social.
¿Hay voluntad política y agilidad administrativa suficientes?
Pues los menciona usted y tomo ambos términos porque precisamente se requiere la máxima voluntad política para generar una agilidad administrativa que hoy no existe. Le pongo el ejemplo de un contrato para el mantenimiento de una carretera. Se licitó en el inicio de 2018 y se ha adjudicado en el principio de este 2020. Dos años. Desde luego hay que acelerar, y sin que eso signifique regatear ningún tramite de los muchos que se exigen. Cumplimiento estricto, pero respuesta rápida.
