La crisis del Covid-19 ha agudizado los índices de vulnerabilidad social y desempleo en Canarias. Las medidas de alivio aplicadas por las administraciones -desde ayudas extraordinarias a los autónomos por cese de actividad hasta los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)- se unen al incremento de los perceptores de prestaciones por paro y elevan la dependencia respecto al sector público. Al menos 840.000 residentes, una cifra que se acerca a la mitad de la población, perciben ingresos públicos. En este importante volumen de población, alrededor del 40% de los canarios, se incluyen también los pensionistas -contributivos y no contributivos- y una plantilla de empleados de las distintas administraciones que ronda los 120.000 efectivos.
El debate, que ya ha sido puesto sobre la mesa por responsables políticos y economistas, es hasta qué punto es sostenible el gasto que supone pagar todas estas retribuciones en una situación de paralización de la actividad económica.
Según el Ministerio de Trabajo, 114.858 canarios cobraban prestaciones por desempleo en febrero. El dato es el último disponible, aunque el subidón que experimentó el paro registrado en marzo -casi 19.800 personas más que el mes anterior, hasta superar las 227.600- hace presagiar una importante escalada cuando, la próxima semana, se conozcan las nuevas cifras del departamento que dirige Yolanda Díaz.
En los datos de paro no se incluyen a los trabajadores sujetos a ERTE, que en su mayoría han suspendido temporalmente la relación laboral con su empresa, aunque también los hay que han recortado su jornada, de forma que una parte de sus retribuciones las paga el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En el Archipiélago se han tramitado unos 29.100 expedientes de ERTE por causa de fuerza mayor, a los que se suman otros 1.135 por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, a tenor de los datos de la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno de Canarias. El número de trabajadores afectados por estos expedientes supera los 200.000, según indican desde el departamento que encabeza Elena Máñez.
En cuanto a la prestación extraordinaria para los autónomos que cesen en su actividad a causa del marasmo en que ha entrado la economía por la pandemia, 29.049 la tenían reconocida a fecha del 20 de abril, en tanto que otros 13.557 tenían derecho a recibirla al ver reducida su facturación en más de un 75%. Esta cifra de beneficiarios -42.606 en total- crecerá, con toda probabilidad, en el próximo pago.
Se dispara la PCI
El desmoronamiento económico y social producido por la epidemia de Covid-19 se refleja en muchos indicadores. Uno de ellos es el de perceptores de la prestación canaria de inserción (PCI), cuyo volumen se ha incrementado de forma considerable desde que se inició la crisis. En marzo tenían reconocida esta ayuda -dirigida a promover la integración social, laboral y económica de la población con mayores dificultades- 5.478 familias, mientras que la cifra de las que la cobrarán en mayo ha ascendido a 6.837, casi un 25% más, según los datos de la Consejería de Derechos Sociales del Ejecutivo regional. El coste de estas nóminas en marzo, antes del aumento, sobrepasó los 3 millones de euros.
El Gobierno también nutre, a través de los fondos del Plan Concertado de Derechos Sociales, las ayudas a la población más vulnerable que conceden los municipios. El año pasado se abonaron 86.340 de estas prestaciones, a las que se destinaron 11,5 millones de euros. Para el actual ejercicio el presupuesto es de 21,3 millones, un 11% más.
Los empleados públicos, que hacen posible con su trabajo la tramitación y entrega de todas estas prestaciones, están también entre el colectivo de canarios cuyos ingresos dependen de que se mantenga la salud financiera y la liquidez de las administraciones. El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que edita el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y cuya última edición data de julio de 2019, cifra en 123.316 los efectivos que desarrollan su labor en los organismos estatales, la Comunidad Autónoma, los cabildos y ayuntamientos de las Islas. Más de la mitad de ellos -67.319- se encuadra en la Administración autonómica, y la mayoría son personal sanitario o docentes. En las entidades locales trabajan 32.469 personas, mientras que en los organismos del Estado con presencia en Canarias lo hacen 23.348.
Finalmente, en el Archipiélago se pagan cada mes más de 274.000 pensiones de jubilación e invalidez, tanto contributivas como no contributivas. En abril se abonaron 231.366 del primer tipo -186.001 de jubilación y 43.365 de invalidez-, mientras que el Imserso cifra las no contributivas -datos de marzo, los últimos disponibles- en 43.137.
Superávit
El economista José Miguel González, director de Consultoría en Corporación 5 y exdirector general de Trabajo del Gobierno regional, destaca el elevado peso, del 17,67%, que tiene el sector público en el producto interior bruto (PIB) de la región. Aclara que "no es un dato preocupante", porque la administración es "un sector económico más, y de los importantes", en especial en una economía de servicios como es la canaria. En algunas islas -La Palma, La Gomera y El Hierro-, la relevancia de lo público, que funciona como "elemento vertebrador", se sobredimensiona y puede incluso duplicar la media.
Este aparato administrativo, en sus diferentes ámbitos, ha reaccionado a la crisis activando una serie de prestaciones que persiguen garantizar el mantenimiento de las rentas dentro de las unidades familiares más castigadas por sus efectos. La pregunta que formula González es si esa actuación es sostenible en el tiempo, en un panorama caracterizado por el desplome de la actividad económica y, con ella, de la recaudación tributaria. La respuesta es negativa, lo que hace augurar al economista que el próximo año se apliquen "ciertas restricciones" en el sector público, no tanto recortes de salarios, que no siempre son jurídicamente posible, como limitaciones en el acceso al empleo, tal y como ocurrió en la anterior crisis, cuando se establecieron severas condiciones para la cobertura de vacantes.
Pero al margen de estos ajustes, la solución está clara para González y pasa por la posibilidad de endeudarse y utilizar el superávit acumulado. "Son instrumentos económicos, no castigos divinos", apunta. Aunque admite que el endeudamiento puede ser "un problema", advierte de que, en la situación actual, resulta "la opción más realista y más a corto plazo que se puede tomar".
En cuanto al uso del déficit, no lo ve en absoluto problemático, salvo que se emplee mal. Si, como espera, la crisis actual es "intensa y profunda" pero más corta que otras -salvo que no aparezca la vacuna o haya una segunda oleada de la pandemia-, "relajar las condiciones" para recurrir a ambas herramientas puede ayudar a afrontarla y amortiguar su impacto. "No hace falta inventar nada, excepto la vacuna, que no existe. Pero desde el punto de vista económico, los instrumentos están inventados", sostiene el director de Consultoría de Corporación 5. El también economista Francisco Concepción ve con mucho más recelo la posibilidad de ampliar los márgenes de endeudamiento y de utilización del déficit y presenta una visión más negativa, tanto del futuro comportamiento de la crisis como de las proporciones del sector público. "No hay dinero", sentencia. Concepción recuerda que el "escenario de partida" -antes de que irrumpiese la Covid-19- ya era, en el caso de España (no así de Canarias), el de una deuda cercana al 100% del PIB y un déficit por encima de los objetivos. "¿Es sostenible deber cada año toda tu riqueza?", se pregunta.
El asesor financiero resalta "la importancia del ahorro": "Tienes que gastarte lo que tienes, y si no tienes, ahorra de lo que tengas que recortar". Apunta, en este sentido a las duplicidades administrativas, a los "chiringuitos" políticos -cita como ejemplo las televisiones autonómicas- y a las retribuciones de los empleados. "La Administración pública está sobredimensionada y mal gestionada y sus sueldos doblan los privados con la misma productividad", afirma Concepción.
El sistema público de pensiones -"el más generoso del mundo"- también debe ser objeto de ajustes y reformas, según el economista. La evolución demográfica explica que será cada vez más numerosa la población que dependa de una nómina pública, cuando "no hay cotizantes para pagarlas".
