La prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor permite que 113.795 canarios conserven sus puestos de trabajo en la actividad turística. La medida le costará al Estado 193 millones de euros por cada mes que esté en vigor, según los primeros cálculos del Gobierno central, con lo que si se prolonga hasta fin de año, como quieren la patronal y los sindicatos del Archipiélago, el coste total ascendería a 1.351 millones.
Esos son los grandes números tras el acuerdo al que CC y PSOE llegaron en Madrid para que la diputada nacionalista Ana Oramas votara a favor de la prolongación del estado de alarma hasta el próximo día 24. El portavoz del Gobierno autonómico, Julio Pérez, recordó ayer que el Ejecutivo central ya había anunciado la prórroga de estos ERTE en las empresas turísticas con independencia de lo que dure la alarma nacional. Pero lo cierto es que el pacto CC-PSOE va un paso más allá, hasta el punto de levantar ampollas en regiones como Andalucía o Baleares por un pretendido "trato de favor" a Canarias.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, efectivamente le transmitió el pasado lunes a Ángel Víctor Torres su voluntad de ampliar la duración de este tipo de ERTE, vital para la supervivencia de muchas empresas turísticas porque les permite suspender los contratos de sus empleados sin tener que abonar la cuota empresarial. Con los hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales, agencias de viajes y demás negocios del sector cerrados a cal y canto, las alternativas a estos ERTE son los despidos masivos y/o los cierres masivos de empresas. Sin embargo, la ministra no garantizó que la medida se mantendría el tiempo que fuera necesario, que es justamente lo que ahora han acordado Oramas y el también ministro José Luis Ábalos, es decir, que los expedientes por fuerza mayor continúen aplicándose en el turismo "lo que haga falta". Esto significa que las empresas podrán ahorrarse la cuota empresarial de los ERTE como mínimo hasta octubre o noviembre, que es cuando previsiblemente empezarán a venir los primeros turistas extranjeros.
"Ha sido muy hábil", reconoció el vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín, sobre la estrategia de CC para dar su voto al Gobierno central a cambio de garantizar los ERTE al menos en Canarias, algo que hasta el momento no había logrado ninguna Comunidad Autónoma. De hecho, Marín pidió a Pedro Sánchez que la medida se aplique en todo el país después de que el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, del PP, avisara que la Costa del Sol "no va a tolerar" que solo beneficie a las Islas. "Sería un agravio inadmisible", subrayó. Los diputados por Málaga en el Congreso, Carolina España y Mario Cortés, ya han registrado una pregunta al Gobierno sobre las razones para aprobar la continuidad sine die de los ERTE en Canarias "y no en otros destinos turísticos de primer orden, como la Costa del Sol".
En Baleares, los empresarios de la restauración también pusieron el grito en el cielo para pedir "las mismas condiciones que en Canarias", aunque desde el Govern se mostraron cautelosos y convencidos de que los ERTE también se prorrogarán en su caso.
Los casi 114.000 trabajadores que respiran algo más tranquilos son quienes se desempeñan en el turismo y representan un 57% de los 199.401 isleños en expedientes temporales por fuerza mayor.
