El gasto del Estado en los parados y pensionistas canarios ha batido todos los récords. La pandemia ha disparado el desempleo y multiplicado las suspensiones de contratos a lo largo y ancho del país, a lo que en el Archipiélago se suma el hecho de que es la Comunidad Autónoma en que más está creciendo el montante de las pensiones. Unas circunstancias extraordinarias que han elevado el desembolso público mensual a alrededor de 800 millones de euros, prácticamente el doble de lo que costaba la atención a ambos colectivos antes de la irrupción del coronavirus.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha hecho hincapié en diversas ocasiones en que la Administración estatal está haciendo un importante esfuerzo económico para que los efectos de la Covid-19 no desemboquen en las Islas en una ruptura social sin precedentes. A la espera de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez asuma el pacto de reconstrucción promovido por Torres y secundado por la oposición y los agentes sociales -ya se ha dado un primer paso con la prórroga sine die de los ERTE en las empresas turísticas-, el esfuerzo del Estado en el Archipiélago es evidente pero no excepcional. Es decir, es equivalente al que está haciendo en las demás regiones, de ahí que el propio Torres venga insistiendo en que el Gobierno central ha de responder a la coyuntura particularmente difícil que atraviesa Canarias, con el turismo, el motor de su economía, sin ninguna actividad.
El problema, sin embargo, es que el aumento del gasto público para combatir la crisis sanitaria y económica está siendo tan extraordinario que el Estado necesita a su vez de la ayuda de Europa para atender las demandas de las Islas y las restantes 16 autonomías. Las cifras oficiales evidencian hasta qué punto el Gabinete de Sánchez se enfrenta a un reto mayúsculo y hasta qué punto tendrá que endeudarse el país -y las comunidades autónomas- para seguir pagando las pensiones y los subsidios de paro.
La principal razón de que el gasto en los desempleados y pensionistas isleños se haya duplicado son los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor. Se trata de una fórmula del Ministerio de Trabajo para evitar despidos masivos y permite a los negocios suspender los contratos de sus asalariados sin tener que abonar la cuota empresarial. En principio, este tipo de ERTE solo iba a estar en vigor durante el estado de alarma, pero el Gobierno, la patronal y los sindicatos han acordado prorrogarlo hasta el 30 de junio. Supone un gasto de 340 millones de euros mensuales solo en Canarias, donde, además, seguirá vigente para las empresas turísticas hasta el reinicio de la actividad, tal como han pactado PSOE y CC.
A esos 340 millones para los 200.000 trabajadores en ERTE -desocupados al fin y al cabo- se suman los aproximadamente 110 millones de euros que también mensualmente se destinan para los parados en sentido estricto, esto es, para las prestaciones por desempleo, que en marzo -último dato oficial- cobraron 128.033 canarios. Un montante que se incrementará previsiblemente desde junio con la primera paga del ingreso mínimo vital, que percibirán las personas en peor situación socioeconómica. En el caso de las Islas, este ingreso mínimo, que tendrá carácter permanente, lo recibirán las 40.000 familias que este mes cobran el Ingreso Canario de Emergencia, un instrumento similar puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico para ayudar a esos hogares en especiales dificultades hasta que se apruebe la renta estatal.
El crecimiento del gasto en la atención a los parados coincide en el Archipiélago con una inusitada subida de la nómina de las pensiones. De hecho, las Islas son la Comunidad Autónoma en que más aumentó el desembolso en prestaciones contributivas en el último año. Una buena noticia para los cerca de 310.000 canarios que cobran estas pensiones -en su gran mayoría la de jubilación- pero que también tira hacia arriba del gasto público. Así pues, la paga de los jubilados isleños está en máximos -en términos globales, lo que no significa que el importe medio no siga estando entre los más bajos de España- justo cuando surgen las primeras voces que alertan sobre un inevitable recorte de las pensiones a medio plazo.
Los exactamente 309.807 perceptores de prestaciones contributivas que hay en la región -el máximo histórico- recibieron en abril un total de 306,4 millones de euros, también el techo histórico. La nómina se ha incrementado así un 4,75% en el último año, la mayor subida del país.
Y a todo lo anterior aún hay que añadir los 17,5 millones que perciben cada mes los beneficiarios de prestaciones no contributivas, esas personas, unas 40.000 en Canarias, que no trabajaron lo suficiente para cobrar una pensión ordinaria.
