El Gobierno espera contar con 2.000 millones para paliar la falta de ingresos

El Gobierno regional da por hecho que podrá disponer de cerca de 2.000 millones de euros a lo largo de este año para compensar la pérdida de ingresos ocasionada por la pandemia de la Covid-19 y ejecutar así el Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias. Una cantidad que puso sobre la mesa el Ministerio de Hacienda el pasado miércoles, según el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, y en la que el Gobierno central añade a los 389 millones del superávit de la Comunidad Autónoma del año pasado el fondo estatal no reembolsable que se repartirá entre todas las comunidades. De los 16.000 millones de euros en los que está valorado, Olivera calcula que al Archipiélago le tocarían entre 600 y 700 millones gracias a que se amplía la relevancia del factor poblacional y se acepta como criterio de reparto los PCR realizados y no sólo los positivos.

A estas dos partidas, Madrid incorpora la posibilidad de generar deuda pública por valor de 300 millones, a pesar de que para ello resulta necesario el visto bueno de la Unión Europea, y casi 600 millones más para la financiación de cabildos y ayuntamientos por la merma estimada en la recaudación de los tributos del Régimen Económico y Fiscal (REF), entre los que destacan especialmente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y el Arbitrio a la Importación y la Entrega de Mercancías (AIEM). Sin embargo, esta cantidad todavía no está cerrada y las corporaciones locales se sentarán directamente en la mesa de negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para garantizar esta compensación.

En declaraciones efectuadas a Europa Press, el viceconsejero de Presidencia dio por hecho que los 2.000 millones llegarán a las Islas y que con esta partida se compensará "de forma clara" la pérdida de ingresos de Canarias en 2020 y que se atenderán "con suficiencia los problemas sociales ocasionados por la pandemia" del Covid-19, pues la reducción de recursos con origen fiscal que estima el Ejecutivo autonómico supera los 1.500 millones.

A la espera de que la promesa de este dinero se convierta finalmente en una realidad, el Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres continúa con sus intentos de sumar a la mayor parte de representantes políticos a su Pacto por la Reactivación Económica y Social de Canarias, que la oposición sigue sin ver claro ante la falta de concreción y de ficha financiera. Ciudadanos (Cs) y Coalición Canaria (CC) -los dos partidos de la oposición que ayer se reunieron con Torres, el vicepresidente y consejero de Hacienda Román Rodríguez, la responsable de Turismo, Comercio e Industria, Yaiza Castilla, y el propio Antonio Olivera- no cambiaron de opinión tras este encuentro. Tanto la formación naranja como los nacionalistas persisten en sus críticas sobre la falta de consistencia económica del texto y la ausencia de respaldo económicos a las medidas que se plantean.

Ciudadanos siguió mostrando su disposición a llegar a un acuerdo, pero se ve incapaz de hacerlo si los recursos financieros no se concretan. "Tiene que estar claro cuál es el marco financiero, algo que ahora no existe. Si no es así, estaríamos engañando a los canarios", aseguró la portavoz parlamentaria del partido naranja, Vidina Espino, que criticó que se incluyan muchas medidas cuya ejecución no se pueda garantizar ya que los fondos para ello no están atados. La diputada ofreció a Torres "suscribir un acuerdo más sencillo "entre todas las formaciones políticas, cabildos, ayuntamientos y agentes sociales que cumpla con tres objetivos.

En primer lugar, un plan de inversiones extraordinario por parte del Estado en Canarias al margen de la financiación ordinaria de las Islas y de las políticas generales del Estado; como segundo punto, hacer uso de todo el superávit acumulado de los últimos años, así como de sus remanentes, "una cuestión, en la que ya se ha dado un primer paso esta semana, pero que todavía es preciso remata, para que no quede ningún fleco suelto y se resuelvan las dudas pendientes", afirmó Espino. El último objetivo del plan de Cs es obtener la autorización para acudir al endeudamiento.

A pesar de estas críticas, el viceconsejero de Presidencia se mostró convencido de que los grupos de la oposición quieren alcanzar un acuerdo y que sus aportaciones tienen como finalidad "seguir puliendo y adaptando el texto presentado para encontrar el mínimo común múltiplo entre todas las formaciones y poder dar luz verde a un pacto para la sociedad canaria". Olivera aseguró que con los 2.000 millones que esperan recibir de Madrid, el pacto podrá materializarse.

Al margen de la oposición, el líder de uno de los socios del pacto de las flores, Casimiro Curbelo, hizo doblete ayer al reunirse con el Ejecutivo tanto como portavoz parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) como en su calidad de presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai). En su primera faceta, Curbelo y la diputada Melodie Mendoza resaltaron la importancia de que el plan se centre en las familias más vulnerables, sumando a las políticas de bienestar social, sanidad y educación dos áreas básicas como la dependencia y la vivienda. "Debe ser un pacto para la recuperación económica y social, pero pensando en las personas. En ese marco, la primera clave debe ser fortalecer los servicios esenciales", aseguró Mendoza.

El portavoz parlamentario de ASG hizo hincapié en la necesidad de reforzar la política de vivienda protegida para contribuir a la reactivación económica y al impulso de la generación de empleo a través del sector de la construcción. También el área turística -la Consejería que controlan los socialistas gomeros- centró el discurso de Curbelo. "Es necesario que uno de los pilares de la recuperación económica sea un Plan de Reactivación del Turismo en Canarias, dotado financiera y presupuestariamente para cumplir con sus objetivos económicos y sociales", afirmó.

Como presidente de turno de la Fecai, Curbelo apremió a conocer la ficha de compromisos que asumirán las administraciones canarias en cuanto al contenido del pacto ya que "en vista de la incertidumbre presupuestaria de los cabildos, habrá que determinar en qué medida podrán participar financieramente en la reactivación económica". Según explicó el presidente del Cabildo de la Gomera, las corporaciones insulares exigen flexibilización fiscal y compensaciones por la pérdida de los 593 millones procedentes del REF y solicitan disponer de compensaciones para paliar esta pérdida, que supone una merma del 40% en los recursos corrientes.

Curbelo detalló que las instituciones insulares plantean que el Estado modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que así todos los cabildos y entidades locales puedan hacer uso del superávit y los remanentes de tesorería para implementar políticas sociales inmediatas. En este sentido, la Fecai incluye una propuesta de modificación sobre la normativa de contratación pública con la finalidad de flexibilizar, simplificar y agilizar estos trámites.

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