La Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas, adscrita a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), mostró ayer su "indignación" ante los cambios que el Gobierno central introdujo a última ahora en la normativa que regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, cambios que provocarán, aseguran los empresarios, el cierre de muchos negocios y el endeudamiento de otros tantos.

En concreto, exponen que el Gobierno publicó el 9 de mayo una orden en la que se establecía la posibilidad de abrir los negocios con las terrazas a la mitad de su capacidad a partir del 11 de mayo, lo que provocó que "muchos restauradores, actuando de buena fe, abrieran sus negocios a pesar de que en la mayoría" de los casos "solo" les serviría para cubrir gastos. Sin embargo, critican que el 13 de mayo se publicara un Real decreto ley en el que se "cambian las condiciones de cotización" que regían hasta el momento para el personal afectado por los ERTE por fuerza mayor, donde las empresas de menos de 50 trabajadores estaban exentas de la cotización empresarial. "Iniciado el partido se cambian las reglas", recoge el comunicado de la FEHT.

Esta nueva situación implicará que las empresas que han reabierto pasen a situación de ERTE parcial, de tal forma que se les exige cotizar, tanto por los trabajadores en activo (el 15% en mayo y el 30% en junio) como por los que se mantienen en el ERTE con el contrato suspendido (el 40% en mayo y el 55% en junio). Además, en el caso de las empresas de 50 o más trabajadores, la situación "es todavía peor", ya que se les exige cotizar para los trabajadores en activo el 40% en mayo y el 55% en junio; mientras que para los inactivos, el 55% en mayo y el 70% en junio. De esta forma, señalan, "los hosteleros se encuentran con que no les salen las cuentas", provocando que microempresas familiares se vean "abocadas al cierre de sus negocios o a endeudarse más".

A ello, añadieron, se le suma que ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria les "han dado la espalda sin más, restringiendo las superficies de las terrazas más allá de lo que dicta el Gobierno y sin ofrecer incentivos claros y directos" a la actividad. Finalmente, exponen que las empresas que hicieron números para la reapertura están viendo que "no ha servido para nada", con lo que muchas familias, denuncian, se ven ahora "al borde del abismo".