El carácter foral de la comunidad autónoma del País Vasco le ha permitido introducir cambios para poner su Reserva de Inversiones a resguardo del golpe que ha supuesto el parón de la economía al que ha obligado la pandemia global del coronavirus. Mientras, Canarias continúa esperando por la autorización de Madrid para evitar un golpe añadido al tejido empresarial.
Es una de las conclusiones que arroja la actualización de El REF ante la crisis económica y social del coronavirus, elaborado por la Cátedra del REF de la ULPGC y que cuenta con los expertos Salvador Miranda y José Antonio Dorta como coordinadores.
El primero de ellos alerta de que puede generarse un "problema grave" si no se atiende la petición del Archipiélago. Incluso, afirma que no resulta problemático abordar el cambio y sí dejarlo pasar. A la incertidumbre se enfrentan las empresas que tiene que invertir antes de diciembre de 2020 las dotaciones que realizaron a la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) hace cuatro años.
El actual contexto recomienda que esa capitalización se mantenga en el seno de las sociedades mercantiles para paliar el frenazo que sufren sus volúmenes de negocio. Si no hay actividad, no se factura, pero la ley relata negro sobre blanco que cuentan con un plazo de cuatro años para invertir el dinero que dejaron de abonar por el Impuestos de Sociedades. ¿Qué se plantea? Que se establezca un paréntesis, un tiempo que no compute y que se extienda durante la vigencia del estado de alarma e, incluso, unos meses más allá.
Miranda señala que Euskadi "sacó de la canaria" su reserva para inversiones. Es decir, la paternidad la tiene el Archipiélago, pero no la potestad para variar el marco que la regula, al contrario que los vascos. De tal manera que estos han podido ajustar al contexto dicha herramienta para evitar con ello un mayor daño al tejido productivo.
Quedan los tribunales
También están afectadas las inversiones ya ejecutadas. Afrontarlas con las dotaciones hechas a las RIC exige a los empresarios mantener la actividad durante un plazo mínimo de cinco años. "Imaginemos que se trata de un hotel o un restaurante, que ahora están cerrados por una causa de fuerza mayor", explica Salvador Miranda. De no cambiarse la ley, los técnicos de la Agencia Tributaria aplicarán la existente y ya solo quedará acudir a los tribunales, que ya han fallado en el pasado a favor de las empresas cuando ha quedado demostrado el supuesto de fuerza mayor, como lo es el actual estado de alarma.
Hay más. También existe un plazo para la presentación de las cuentas anuales, una obligación que tienen que cumplir todas las empresas en activo antes de terminar junio. El Gobierno central sí ha actuado ya al respecto. "Según estamos viendo, el nuevo plazo será hasta el 24 de noviembre", detalla Miranda Calderín. Sin embargo, de nuevo la RIC está ligada a este acto preceptivo.
"Los tribunales ya han dicho en el pasado que la dotación a la RIC es nula si no se han presentado las cuentas", explica el coordinador del documento. ¿Cómo solucionarlo? Él lo tiene claro: "Bastaría con establecer una especificidad para un año especial como está siendo este y determinar que la dotación a la RIC será válida siempre que después se ratifique en las cuentas", explica. Es decir, si en cualquier ejercicio es preceptivo depositar los balances antes de dotar RIC, en este, para el que se ha concedido una prórroga para la presentación de cuentas es suficiente con promulgar la salvedad que proponer Salvador Miranda.
Todo ello sabiendo que en 2019, año que toca liquidar, los empresarios no van a hacer un gran uso de la RIC. "¿Para qué si sé que en 2020 voy a perder hasta la camisa?", explica Salvador Miranda aportando toda la lógica fiscal.
El trabajo, en el que han colaborado nueve expertos además de los dos citados, también señala que las prórrogas para el pago de impuestos aprobadas por España son "las más cicateras" del entorno. Les asombra que solo puedan acogerse a los nuevos plazos las mercantiles que facturen menos de 600.000 euros anuales.
El ejemplo de Holanda
Miranda expone el ejemplo de Holanda, cuya Hacienda permite a sus empresas compensar las pérdidas que prevén para este 2020 con las cuentas de 2019, con lo que no tendrán beneficios y se ahorrarán tener que realizar un desembolso en el delicado momento actual para liquidar el Impuesto sobre Sociedades.
Eso, además de dar una prórroga de un año para ponerse al día con el fisco, mientras que en España, "a las que tienen que pagar menos de 30.000 euros se les dan seis meses". Y siempre que no superen ese tope anula de ingresos fijado en 600.000 euros.
Miranda Calderín puntualiza que se trata del caso más positivo que puede encontrarse. Lo que sí parece claro es que entre esta postura y la española hay mucho recorrido para situarse en algún lugar intermedio
En la parte positiva, el trabajo señala que, a diferencia de lo ocurrido con la Gran Recesión que se inició en 2008, "ahora sí podemos decir que el dinero" de las ayudas implementadas por la Administración "está llegando a las empresas". Para empezar, al especialista en el REF le sorprendió "la capacidad para el teletrabajo" que ha demostrado el sector financiero.
También en la parte más amable de la balanza sitúa el documento a la actitud adoptada por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, otorgando grandes cuotas de protagonismo a expertos sanitarios y rodeándose de ellos. "Con crispación política, el resultado actual no se habría conseguido", sostiene Miranda.
Del mismo modo, el trabajo de los expertos alaba el papel desarrollado por la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, situando a las Islas como "laboratorio turístico mundial de seguridad".
