El sector de la construcción exige un plan de estímulo específico, que se apruebe por Decreto Ley y en el que se recojan las medidas que se han ido aportando al Gobierno de Canaria, entre ellas que se modifique la Ley del Suelo para que se pueda dar luz verde a las obras de manera inmediata con la finalidad de que se pueda crear puestos de trabajo. Así lo explicó esta mañana en rueda de presidenta la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (Aecp), Salud Gil.

"No queremos abrir la Caja de Pandora, queremos una modificación puntual de la Ley del Suelo para que se establezca un sistema exprés que permita otorgar licencias por declaración responsable en 15 días", explicó Gil, que añadió que aunque esta normativa recoge que se otorga un plazo de tres meses para otorgar los permisos, finalmente éste se suele alargar hasta los 18 meses.

Además, la presidenta de los constructores y promotores de Las Palmas anunció que el Cabildo de Gran Canaria cuenta ya con cien millones de euros con obras nominadas y presupuestadas de inminente licitación, mientras que el Ayuntamiento de la capital de la Isla tiene 108 millones de euros listos para licitar, de los que 60 millones se encuentran a punto de entrar en la plataforma de contratación.

Sin embargo, falta la pata del Gobierno regional, pues a pesar de que Gil reconoció que el diálogo con la Consejería de Obras Públicas es muy fluido y que ésta ha mandado una relación de obras y proyectos, todavía se desconocen tanto su presupuesto como la fecha de licitación.

Para sacar adelante las obras que finalmente se adjudiquen, los constructores solicitan que o bien se realice un anticipo económico o que las instituciones presenten un aval para que las empresas puedan financiarse, dos medidas que no supondrían en ningún caso un sobrecoste para la Administración.

El punto débil, la vivienda

En materia de vivienda, Gil se mostró muy crítica con la falta de actuación de la empresa pública Visocan, "que está tardando en dar un paso al frente y que tiene que entrar de lleno" en la estrategia de desarrollo del plan impulsado por el Gobierno de Canarias. Además, la presidenta de la Aecp aseguró que el Instituto Canario de la Vivienda "no tiene capacidad para gestionar el plan y mucho menos para hacerlo de emergencia, pues estas situaciones no se le dan bien; necesita menos burocracia y más capacidad para distribuir las ayudas", se quejó Gil, que propuso que los agentes privados sean los ejecutores de esta estrategia y que Visocan sea la que coordine los proyectos.

Gil recordó que si se rehabilitaran las 8.000 viviendas que existen en el Archipiélago construidas antes de los años 80, se podrían generar 25.000 puestos de trabajo, que si se suman a los 24.700 empleos que crearían los 1.500 millones en infraestructuras que recoge el Plan para la Reactivación Económica y Social, se duplicaría el número de trabajadores con los que cuenta la construcción en Canarias, que llegarían a los cien mil.