Puñetazo en la mesa y abandono de la silla. Esa es la respuesta de la patronal a la condena dictada por el Gobierno central contra la reforma laboral de 2012 que puso en marcha el Partido Popular (PP). Las críticas por el momento elegido, en plena desescalada y por el modo, un acuerdo con EH Bildu, centraron ayer buena parte de las críticas. En Canarias crece el temor a que una derogación de esa norma se traduzca en un incremento exponencial de los despidos.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, estaba muy enfadado. "Que no sigan contando con nosotros", señaló el líder de los empresarios españoles. "Si ya está decidido lo que se va a hacer en la mesa, si el menú del día está preparado", expuso en una entrevista en Radio Nacional de España, para argumentar la marcha de la mesa en la que patronal y sindicatos acuerdan las relaciones laborales.
En el otro extremo se colocó UGT-Canarias. El responsable de Organización de la gestora que rige al sindicato en las Islas, Héctor Fajardo, se mostró a favor de la medida e, incluso, aseguró esperar que la marcha atrás del PSOE -matizó que la decisión afectaba a tres artículos y no a toda la norma- se trate de "un error".
Al sindicalista le chirría que las organizaciones empresariales carguen las tintas contra "lo que llaman un ataque a la negociación colectiva" mientras "permanecieron completamente calladas cuando el PP, de manera unilateral, aprobó la reforma laboral, que precisamente condenó al ostracismo a la negociación colectiva, devaluó los salarios y abarató los despidos", destacó Fajardo.
Fue prácticamente la única voz que, al margen del PSOE -no al completo- Podemos y Bildu, rompió el coro unánime contra la mala elección del momento. Inocencio González, secretario general de CCOO-Canarias se declaró "de acuerdo con el fondo" de la decisión, pero en cuanto a la forma admitió que podría "haber sido otra".
"Nos ha cogido por sorpresa y para una reforma laboral hay que contar con los sindicatos y los empresarios", expuso González. La estrategia de los sindicatos pasaba por mantener la negociación con la patronal hasta que los empresarios dejaran claro que no iban a dar un paso más en el camino a la recuperación de derechos por parte de los trabajadores. Todo lo firmado hasta entonces habría contado con un diálogo previo al consenso.
La estrategia era otra
En ese momento, las organizaciones de representación de los trabajadores habrían entendido la intervención del Ejecutivo central para derogar la reforma laboral del PP, una cuestión que el presidente Pedro Sánchez nunca ha ocultado que quiere llevar a cabo; de hecho la incluyó en su discurso de investidura.
"El acuerdo es muy lesivo para el empleo y, además, es político sobre un acuerdo que compete a patronales y sindicatos", abundó el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara.
También se mostró sorprendido por el momento elegido, "cuando se necesitan normas flexibles como las que tienen otros países de la Unión Europea (UE)" con los que España, y Canarias, compite a la hora de convencer a las empresas para convencerlas de que instalen aquí sus centros de producción.
En su opinión, la decisión, supone "un jarro de agua fría" sobre la recuperación económica que habrá de abordarse toda vez que se supere por completo la crisis sanitaria mundial. "Es una absoluta imprudencia de gran tamaño que, además, se comete en un momento muy delicado", enfatizó el presidente de la CCE.
Por su parte, Australia Navarro, presidenta en las Islas del PP, la formación política que puso en marcha la reforma laboral que ahora se pretende derogar, advirtió que dicha norma "ha creado tres millones de puestos de trabajo y ampara" actualmente a los "cuatro millones de trabajadores" afectados por expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).
Los defensores de aquella reforma que en 2012, en plena crisis de deuda soberana, permitió mantener puestos de trabajo a cambio, en la mayoría de los casos, de mermas salariales nunca reintegradas, defienden su utilidad a la hora de evitar un mayor número de parados en el país. Además, ensoleró fórmulas de flexibilización, como los ERTE, que ahora permiten que el parón de la economía no tenga una traducción exacta en despidos.
El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, recordó que la formación nacionalista incluyó la derogación de la reforma laboral del PP en su programa electoral. A pesar de ello, rechazó "el esperpento político inaceptable" protagonizado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En su opinión, "un asunto tan importante requiere del apoyo y el consenso de la mesa de diálogo social". Como muchos de los anteriores, también contextualizó la decisión en el momento actual en el que un elevado número de trabajadores están pendientes de su futuro laboral. "Son momentos para transmitir certezas y unidad, no cambios de criterios y contradicciones en el seno del Gobierno". De esta forma, aludió a las supuestas disputas que existen entre los socios que conforman el Ejecutivo central.
Mientras algunos ministros socialistas aseguraban haberse enterado por los medios de comunicación, otros, como la titular de Economía, Nadia Calviño, sostuvo que no toca ahora abordar este asunto. Por su parte, José Luis Ábalos -Transportes- mantenía que eran tres los artículos afectados mientras el vicepresidente Pablo Iglesias (Podemos) insistía en que la derogación era total.
"Resulta incomprensible que se haya negociado una cuestión de semejante importancia fuera del adecuado marco político y, sobre todo, a espaldas de los agentes sociales y de las empresas", señaló el Instituto de la Empresa Familiar.
También Ciudadanos (Cs) ha criticado esta ley en no pocas ocasiones y opone a ella el contrato único como método para dinamizar el mercado laboral. La formación naranja la considera responsable de los actuales índices de precariedad y temporalidad que existen en el mercado laboral. También de la aceleración que supuso para trámites como, precisamente, el de los ERTE, que pueden ponerse en marcha antes de que se pronuncie la autoridad laboral.
No obstante, la portavoz de Cs en al Parlamento de Canarias, Vidina Espino, coincidió en que el actual "no es el momento de derogarla". En su opinión, el abaratamiento del despido que instauró provocó un elevado número de despidos. "Ahora la situación es muy diferente, las empresas no quieren despedir, sino recuperar su actividad normal", explicó.
