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CRISIS DEL CORONAVIRUS Las consecuencias en la economía regional

La pandemia hunde la licitación de obra pública en las Islas a menos de la mitad

El Ejecutivo acelera los trámites de 24 expedientes para reactivar la contratación

Dos operarios trabajan en la construcción de un edificio en el municipio de Gáldar.

Dos operarios trabajan en la construcción de un edificio en el municipio de Gáldar. ANDRÉS CRUZ

La paralización de la actividad para contener el avance del coronavirus ha hundido la licitación de obra pública en Canarias. Las entidades locales y los Gobiernos central y autonómico sacaron trabajos a concurso en el primer trimestre del año por un montante de 229,8 millones de euros, un 55,7% menos que en el mismo período de 2019. Y ello a pesar de que en esos casi 230 millones se incluyen los 117,8 de las obras en la carretera de Puerto del Rosario a La Caldereta, en Fuerteventura, que el Gobierno regional licitó el 2 de enero, antes de que nadie pudiera imaginarse lo que depararía la Covid-19. De no ser por ese contrato, que supone más de la mitad del total ofertado, las empresas de construcción de las Islas casi no habrían tenido nuevos trabajos por los que pujar.

Conscientes de que la obra pública ha de ser fundamental para revitalizar la economía y el empleo en los próximos meses, máxime con el turismo en estado catatónico, en la consejería que dirige Sebastián Franquis han acelerado los trámites de 24 nuevos contratos con el objetivo de que los trabajos comiencen cuanto antes. En estos momentos están ejecutándose a lo largo y ancho del Archipiélago un total de nueve obras licitadas en su día por la Comunidad Autónoma, cinco en la provincia de Las Palmas -la carretera entre Agaete y El Risco; la cuarta fase de la circunvalación Tamaraceite-Tenoya-Arucas; el mencionado tramo entre La Caldereta y Corralejo; y los trabajos complementarios en las vías de Costa Calma a Pecenescal y de Pagador a Guía- y cuatro en la provincia occidental: el tercer carril de la autopista del sur de Tenerife entre Las Chafiras y Oroteanda; el cierre del anillo insular en el tramo entre El Tanque y Santiago del Teide; y, en La Palma, la carretera de Bajamar a Tajuya y el acceso al puerto de Tazacorte. Entre esos 24 expedientes de contratación que la Dirección General de Infraestructura Viaria ha seguido tramitando incluso durante el estado de alarma figuran tanto expedientes de obras propiamente dichas como, sobre todo, de servicios, fundamentalmente para la redacción de proyectos. La idea es que ningún trabajo se quede sin licitar por carecer de proyecto o porque este se haya quedado obsoleto o haya que modificarlo.

En los contratos para obras de próxima ejecución están los de la iluminación del túnel de Playa de Santiago, en La Gomera; la reparación del muro de gravedad de la glorieta de La Castellana, también en la isla colombina; el enlace de Parque Holandés, en Fuerteventura; el acondicionamiento de la carretera LP-1, en La Palma, a su paso por Tijarafe; la finalización de dos sectores de la obra en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) en el tramo entre la avenida Tres de Mayo y Guajara; el falso túnel de Bascos, en el municipio herreño de Frontera, y otros trabajos de mejora, reposición y modificación. Y luego están también los encargos de redactar los proyectos de obras tan importantes como, por ejemplo, las del tercer carril en la autopista TF-5 entre el aeropuerto de Los Rodeos y La Orotava; el carril bus-VAO en la misma vía; la circunvalación de La Laguna; o el nuevo acceso a Telde, en Gran Canaria, desde la carretera GC-3 y su prolongación hacia el sur de la isla.

También en los cabildos y ayuntamientos son conscientes de que la obra pública deberá ser el pulmón de la economía regional hasta la plena recuperación del turismo, y para ello es clave, sobre todo en el caso de los ayuntamientos, que puedan disponer del dinero del superávit, unos 4.000 millones de euros bloqueados en los bancos por la ley de estabilidad. En este sentido, el vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Francisco Linares, hace hincapié en que o el Ministerio de Hacienda les permite al fin emplear ese dinero "o poca o ninguna obra pública habrá en 2020 y 2021". El también alcalde de La Orotava explica que esos varios miles de millones ociosos no solo ayudarían a costear el mayor gasto social por la pandemia, sino que también harían posible licitar la reforma de esa plaza, el asfaltado de aquel camino o la construcción o mejora de aquel otro local municipal. "No pedimos que nos den nada, sino que nos dejen usar nuestros ahorros", denuncia Linares.

El presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Casimiro Curbelo, se muestra, por su parte, convencido de que habrá una inmediata reactivación de la obra pública una vez superada la peor fase de la crisis sanitaria, pero puntualiza, como viene demandando la patronal, que es necesario reducir la burocracia. "Lo que hace falta es que modifiquemos las normas para agilizar los procedimientos y acortar los plazos", subraya el también presidente del Cabildo de La Gomera.

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