¿Es el ingreso mínimo vital el pilar que faltaba al Estado de bienestar?
España tiene un déficit muy importante desde el punto de vista de la capacidad redistributiva de sus políticas públicas, que afecta sobre todo a la pobreza muy severa. Con esto vamos a corregir una parte muy importante del problema.
¿Qué es extrema pobreza?
Queremos operar sobre todo en los hogares con un ingreso por unidad de consumo inferior a unos 230 euros al mes. Se corresponde con el 20% más pobre de la sociedad española. Ahí hay unos 600.000 hogares, según nuestras estimaciones. Pensamos que con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75% de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda.
¿Quiénes tendrán acceso a la prestación?
Aquellas familias que, dependiendo del tipo de hogar, tengan unos ingresos y un patrimonio por debajo de un umbral que vamos a fijar para cada una de las 14 tipologías que definiremos, sin tener en cuenta la vivienda habitual. Complementaremos la renta de esos hogares hasta el umbral de renta mínima que resulte en cada caso.
En el País Vasco hay una exigencia de patrimonio máximo de 35.800 euros.
Será menor.
¿Qué nivel de renta no habrá que superar para tener acceso a la prestación?
La renta de arranque para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas. Pero el nuevo ingreso se distribuirá en 12 pagas, con lo cual el nivel inferior del ingreso mínimo vital que se garantizará será de 461 euros para el caso de un hogar formado por un adulto. Hay que entender que la prestación no es una cantidad fija. Es un complemento hasta llegar al mínimo que corresponda. Este es el cambio fundamental.
¿Y el máximo?
A partir de los 461 euros para un hogar formado por un adulto se aplicará una serie de coeficientes multiplicadores, en función del tipo de familia y del número de menores, con un añadido para los hogares monoparentales, que en un 80% son mujeres. No está cerrado, pero en el mayor de los casos el ingreso garantizado estará siempre por debajo del salario mínimo interprofesional, que ahora es de 950 euros por 14 pagas (1.108 euros si se reparte en 12). La garantía del IMV se situará, así, entre 461 y algo menos de 1.100 euros al mes.
¿Bajo qué circunstancias se podrá perder el derecho?
Podrá percibirse mientras se cumplan los requisitos. Es un derecho subjetivo.
¿Y qué pasará con las diferentes prestaciones de inserción que ya hay en las autonomías?
Serán complementarias y subsidiarias a la nuestra. Las autonomías tendrán que redefinir sus prestaciones, tomando en cuenta que a partir de ahora habrá un mínimo estatal garantizado. Cada comunidad, con sus criterios, decidirá dónde complementa o si se centra en un colectivo que no quede cubierto por el IMV.
¿Y los inmigrantes?
Un porcentaje significativo de beneficiarios serán de origen extranjero, siempre que se constate que tengan residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forman parte de un hogar durante un año y que cumplan las condiciones.
En total, ¿a cuántas personas llegará la prestación?
Pensamos que vamos a llegar a unos 850.00 hogares (de los que 550.000 están en la franja de pobreza más extrema) y a unos 2,3 millones de personas. Nuestra intención es poder adelantar de oficio la prestación a unos 100.000 hogares, sin que tengan que solicitarla.
¿Cuándo se cobrará?
Queremos reconocer el pago en el mismo mes en el que se solicite. Yo creo que se podrá hacer ya en junio, poco después de la aprobación de la norma la esta semana.
¿Habrá un requisito de búsqueda activa de empleo?
Sí. Esta es una prestación para transitar hacia una situación mejor en la sociedad. Hay una parte de condicionalidad que tiene que ver con la búsqueda de empleo, pero sabemos que hay una parte significativa de estos hogares cuyos titulares no son empleables inmediatamente, y por eso preferimos hablar de itinerarios de inclusión, que se definirán a partir de convenios con autonomías y ayuntamientos. También contaremos con el tercer sector. Habrá una obligación de aceptar los itinerarios laborales o de inclusión. Además, vamos a crear el sello social.
¿Qué es el sello social?
Será una manera de implicar al sector privado. Las empresas que ayuden a encontrar empleo o con descuentos a personas identificadas como vulnerables a través de la tarjeta social digital podrán obtener este sello.
Usted sitúa el coste anual del ingreso mínimo vital entre 3.000 y 3.500 millones?
Más cerca de los 3.000.
En otras aproximaciones del pasado, se estimó en 7.000 millones. ¿Qué se quedó en el camino?
La estimación de 7.000 millones es la que hizo la Airef para la iniciativa legislativa popular que se presentó en el Congreso. Se trataba de una ayuda muy distinta: se planteaba como una renta de sustitución para parados de larga duración y se otorgaban cantidades fijas para un mayor número beneficiarios. Ahora hablamos de complementar rentas de hogares hasta un nivel mínimo.
¿Están superadas sus diferencias con el vicepresidente Pablo Iglesias en torno al diseño del ingreso mínimo vital?
Nunca entendí que existieran.
¿Cómo debe el Gobierno de coalición cumplir su compromiso de "derogar la reforma laboral" del PP? ¿Qué opina de la polémica suscitada tras el acuerdo parlamentario con Bildu?
El compromiso está ahí y algunas de las medidas ya se han adoptado. Cuando proceda, se seguirá avanzando. Pero ahora la prioridad está en abordar la realidad del Covid y eso requiere apoyar de una forma muy intensa a trabajadores y empresas, protegiendo sus rentas y dando mecanismos de flexibilidad como los ERTE para ayudar en el necesario reajuste del capital y el trabajo ante una realidad nueva y exigente.
¿Tiene sentido la 'tasa Covid' sobre grandes fortunas que plantea Pablo Iglesias?
Los ejercicios demuestran que la capacidad recaudatoria de esa figura es bastante reducida.
La crisis sanitaria va a disparar el déficit y la deuda. ¿Cómo se debe encarar la consolidación?
Primero deberíamos conocer cuál será el aumento de la deuda. Va a depender mucho de la duración de la crisis. La horquilla de estimaciones es muy amplia. Después podremos definir una senda ambiciosa y creíble de consolidación y de vuelta a niveles de deuda más sostenibles.
¿Cómo deben contribuir los ingresos a este proceso?
El Gobierno tiene un plan presupuestario para cuatro años donde aparecen una serie de compromisos impositivos. Además, se ha pedido un análisis en profundidad al Airef en el que se están evaluando 60.000 millones de beneficios fiscales. Ahí hay mucho potencial. El otro foco es la fiscalidad medioambiental.
Existe preocupación por un posible recorte de las pensiones.
No veo ninguna razón para pensar eso. En ningún caso. El compromiso del Gobierno es mantener el poder adquisitivo de las pensiones y no veo ninguna razón por la que la situación actual deba modificarlo.
