Es posible y necesario derogar desde ya la reforma laboral ejecutada por el Partido Popular (PP) en el año 2012. Esa es la opinión que sostienen 45 abogados, 17 sindicatos y doce comités de empresa, públicos y privados, del Archipiélago en un manifiesto que acaban de hacer público, y en el que advierten que la polémica entre partidos de la semana pasada en este ámbito no tiene sentido, ya que la exigencia de acabar con el actual marco laboral es anterior a la extensión de la pandemia.
Hace poco más de siete días, el Gobierno de Pedro Sánchez se aseguró la abstención de Bildu en la votación para lograr una nueva prórroga del estado de alarma mediante el compromiso, rubricado junto a su socio en el Ejecutivo, Podemos, con la formación vasca de derogar la reforma laboral.
Pocas horas después, el ministros de Transporte, José Luis Ábalos, matizaba que se trataba solo de echar abajo los artículos más polémicos o que mayor daño causaban a los trabajadores según las formaciones de izquierdas. Por ejemplo, el abaratamiento del despido que propició en plena Gran Recesión. Comenzó un tira y afloja en el que Podemos y Bildu señalaron que el texto del acuerdo era claro, mientras que las formaciones de derechas que se sumaban al debate advertían de la destrucción de empleo que una iniciativa como esta podría generar en una situación tan delicada para la economía como la actual.
Sin embargo, el manifiesto elaborado por las 74 personas físicas y jurídicas de las Islas no deja lugar a la duda: "La exigencia de derogación de las reformas laborales acometidas por las mayorías de gobierno en su fecha es previa a la situación de emergencia sanitaria propia de la pandemia".
Son las primeras líneas del escrito, es decir, no dejan lugar a los matices cuando abordan la oportunidad de entrar en el fondo de la cuestión. Además pluralizan y hablan de "reformas", de lo que se deduce que incluyen también las normas introducidas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero a lo largo del año 2010.
El manifiesto canario, titulado Por la derogación íntegra de la reforma laboral. Por el empleo con derechos, advierte de que la intención de terminar con la ley aprobada por la mayoría absoluta de que gozó el primer Gobierno de Mariano Rajoy, está en la calle desde 2014.
En ese momento, cuando la economía española comenzó a dejar atrás los peores momentos por los que atravesó, ya se produjeron movilizaciones de trabajadores "contra las políticas de austericidio, de desigualdad, de cesión de soberanía estatal a la UE (Unión Europea), contra el sacrificio salarial y destrucción de empleo, todas ellas coherentes con las tendencias propias de un sistema orientado al beneficio del capital".
La firma del documento a tres (PSOE, Podemos, Bildu) la pasada semana motivó que la patronal CEOE decidiera abandonar la mesa del diálogo social. "Con nosotros que no cuenten si el guion ya lo tienen escrito ellos", señaló visiblemente enfadado el presidente de la organización empresarial, Antonio Garamendi.
Desde el PP, su presidenta en las Islas, Australia Navarro, detalló que la reforma laboral aprobada por su partido ha servido para "amparar a cuatro millones de familias" en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se han multiplicado por el tejido productivo de todo el país por el parón económico al que ha obligado la expansión del coronavirus. A ello añadió que este mismo marco normativo sirvió para "generar tres millones de empleos" desde que se aprobó.
Cifras que no evitan que los letrados y sindicalistas que avalan el manifiesto con su firma aseguren que esa misma reforma que Navarro defiende ha generado "catastróficas consecuencias y exigencias para la mayoría social", es decir, para los trabajadores.
Frente a ellos, sitúan a una minoría que ante el generalizado cese de actividad por el coronavirus no ha perdido tiempo "para reclamar la intervención del Estado, que mantenemos todos, para la salvaguardia de sus intereses. La interesada fábula de que es el dinero el que crea dinero y ello sin mediar el trabajo de otros, se ha desvanecido", exponen.
El hecho de que finalmente se decidiera aparcar el debate de la derogación de la reforma lo leen como una advertencia del tiempo aún más oscuro al que se enfrentan los trabajadores. Si se les recortaron los salarios en la anterior crisis y nunca se les devolvió ese poder adquisitivo, ahora entienden que mantener la reforma laboral vigente "anticipa la voluntad de recuperación del beneficio privado a costa de nuevos y terribles sacrificios sobre la masa trabajadora".
Más allá de ello, apuntan a los recortes, que afectarán "a la calidad del empleo y al adelgazamiento del estado benefactor" si se confirma "el previsible rescate del Estado por las instituciones financieras internacionales". Estas pondrán sus condiciones en forma de recortes del sector público, demanda que siempre han puesto sobre la mesa las organizaciones empresariales.
Devaluación salarial
La iniciada en el final de la pasada década fue la primera crisis económica que tuvo que abordar España sin tener en su mano la política monetaria. Hasta entonces, la devaluación de la peseta garantizaba un incremento de la competitividad que llevaba a crecer las exportaciones. Desde la entrada en el euro, esas decisiones se toman en el Banco Central Europeo (BCE), con lo que la devaluación se abordó por la reducción de la masa salarial.
"Tras una década desde la aplicación de tales medidas de desplazamiento de los costes de la crisis a los trabajadores, el escenario laboral en el Estado español se encuentra hoy caracterizado por un masivo desempleo estructural; trabajadores desprotegidos e inseguros ante despidos rápidos, sin causa y baratos", recoge el manifiesto como otro de los argumentos que hacen urgente abordar la reforma del mercado de trabajo.
Esa caída "del peso de las rentas del trabajo" contrasta con el incremento de "los rendimientos del capital en la economía del Estado". Y ni siquiera pagar menos, siempre según los 74 firmante, ha servido para evitar "el crecimiento de la temporalidad" en el empleo, "la realización de horas extraordinarias (sobreexplotación y subempleo); sustitución de la genuina figura del trabajador por la del autónomo y la debilidad de la negociación colectiva como contrapeso al autoritarismo empresarial".
Aun entendiendo "la complejidad de acometer una reforma del Estatuto de los Trabajadores, dada la heterogénea composición parlamentaria" rechazan que se aplace sine die y recuerdan al Gobierno de Sánchez que en parte es presidente porque se comprometió a derogar la reforma laboral.
Entre los aspectos a reformar enumeran más exigencias para que las empresas puedan abordar despidos por motivos económicos, un salario mínimo de 1.200 euros mensuales -catorce pagas-, la eliminación de diferencias de sueldo en las subcontratas o la prevalencia de los convenios sectoriales. Además, quieren que se introduzcan mecanismos para desterrar la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres, y elevar el número de inspectores laborales.
