La denuncia del Ministerio de Consumo contra 17 aerolíneas por vulnerar la obligación de informar a los pasajeros sobre la opción de devolver el importe de los vuelos cancelados ha abierto una nueva brecha entre el departamento dirigido por Alberto Garzón y el sector turístico. Ya unas declaraciones recientes del ministro, en las que hacía referencia al "bajo valor añadido" que aporta el turismo, provocaron el malestar de los empresarios. Ahora, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha expresado su sorpresa por la "beligerancia" de Consumo hacia las actividades turísticas, que aportan el 13% del empleo y el 12% del producto interior bruto (PIB) en España, cifras que, en el caso de Canarias, se elevan por encima del 30%.
El Ministerio remitió una carta a las compañías el 19 de mayo para recordarles lo que preceptúa la normativa de consumo en esta materia. La asociación respondió la semana pasada, pese a que Garzón aseguró que no lo había hecho, y recalcó la magnitud de las cancelaciones a las que han tenido que hacer frente las compañías desde que se produjo el cierre de fronteras dirigido a frenar la propagación de la epidemia de Covid-19. Las cancelaciones de vuelos en toda España han superado la cifra de 400.000. El tráfico aéreo del pasado domingo, por ir a un ejemplo cercano, fue un 96,5% inferior al registrado la misma jornada del año pasado. En esas circunstancias -asegura a este periódico el presidente de ALA, Javier Gándara-, las aerolíneas están haciendo "los máximos esfuerzos para resolver con la mayor celeridad posible" las situaciones que plantean los pasajeros. La paralización de los movimientos aéreos y la acumulación de reclamaciones económicas derivadas de las cancelaciones comprometen, a juicio de Gándara, el futuro de las empresas. "Ninguna compañía aérea tiene garantizada la supervivencia sin acceder a líneas de crédito. En algunos casos, llevamos desde mediados de marzo sin ingresos, pero teniendo que hacer frente a todos nuestros gastos fijos", expuso el pasado lunes en una entrevista con Hispaviación.
"Ahora que iniciamos la recuperación es el momento de remar todos juntos y no de tomar acciones judiciales que lo que hacen es dificultarla", sostiene Gándara, también director general de EasyJet en España, una de las compañías objeto de la denuncia de Consumo, junto a otras como Iberia, Air Europa o Ryanair. El representante de las aerolíneas que operan en España advierte de que "sin turismo no habrá recuperación económica, y sin el sector aéreo no habrá recuperación del turismo".
"Esfuerzo enorme"
En su respuesta a Consumo, recogida ayer por Europa Press, ALA informó de que las aerolíneas están haciendo un esfuerzo "enorme" por estabilizar su situación financiera, "garantizar la supervivencia de las compañías" y conseguir "garantizar los derechos de los pasajeros". Según la asociación, las compañías dicen ser conocedoras del real decreto que les permite acordar con el consumidor el viaje en una fecha posterior, emitiendo un bono al efecto, así como del reglamento europeo que establece esta opción como alternativa voluntaria que, en caso de no ser aceptada, da lugar a la devolución del dinero al pasajero.
También recuerdan las aerolíneas que tienen "millones de pasajeros que atender sin plantillas disponibles" debido a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a los que han tenido que acogerse en su mayoría. Asimismo, manifiestan su intención de "cumplir todos los requisitos legales que obligan con los pasajeros".
El objetivo del Ministerio de Consumo con la acción que ha emprendido es que los tribunales de Justicia fuercen a las compañías aéreas a cesar en lo que considera una práctica comercial desleal, la de no proporcionar información a los pasajeros sobre el derecho que les asiste a recibir el reembolso del dinero pagado por vuelos que han tenido que ser cancelados y ofrecerles solo un bono para viajar en otro momento. Tanto el Ministerio como las asociaciones de consumidores sostienen que la normativa es clara al respecto. "Con la ley en la mano, debería haber un 99% de probabilidades de ganar en los tribunales", afirma Raúl Alonso, portavoz en las Islas de la Unión de Consumidores, quien puntualiza, no obstante, que el resultado final depende siempre de la "interpretación judicial".
Lo que establece la normativa -un reglamento europeo traspuesto al derecho nacional- es que, ante una cancelación, al viajero deben planteársele varias alternativas; entre ellas -y es la citada en primer lugar por el texto legal-, el reembolso en el plazo de siete días del coste íntegro del billete. Las otras dos opciones consisten en conducir al pasajero hasta el destino final "en condiciones de transporte comparables, lo más rápidamente posible" o hacerlo en una fecha posterior, que convenga al interesado, y en función de los asientos disponibles.
"El Ministerio está cumpliendo con la función para la que nació, que es controlar el mercado", dice Alonso, que reclama que se siga supervisando a las aerolíneas que han actuado de esta manera. El representante de la Unión de Consumidores explica que el comportamiento de las empresas ante la avalancha de cancelaciones como consecuencia de la cuarentena ha sido "dar solo la opción del bono, normalmente vía web y en algunos casos a condición de renunciar previamente a cualquier otro derecho", lo que convierte estas cláusulas en nulas, según Alonso. La complejidad de reclamar se traduce, usualmente, en que el cliente renuncia a este tipo de acciones y se resigna a aceptar la opción que le presenta la compañía aérea.
Acción judicial
La decisión del Ministerio de intervenir mediante la interposición de una acción judicial de cesación se ha producido después de que el departamento recibiera quejas de particulares y de asociaciones de consumidores. Consumo anunció el lunes la medida en un comunicado, en el que detallaba que, en el caso de que el pasajero haya aceptado el bono sin que la compañía le haya ofrecido claramente la opción del reembolso como alternativa, ese consentimiento se considerará viciado, por no contar con toda la información relevante. Así, el consumidor seguirá manteniendo su derecho al reembolso. Según el Ministerio, la "omisión engañosa de información relevante" por parte de las aerolíneas al ofrecer bonos canjeables supone una práctica comercial desleal y una infracción "grave".
